*El jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach, recordó que la jurisprudencia así lo definió.

El Procurador Gregorio Eljach aclaró que lo escrito en redes sociales por los servidores públicos en materia de política no constituye una falta disciplinaria, ya que hace parte de la vida privada.

«La vida privada no trasciende al mundo de lo público», dijo el jefe del Ministerio Público.

«Lo de las redes está establecido por jurisprudencia que si son redes personales eso es privado y no es objeto de disciplina. Cuando se hace con los medios que el Estado le da para cumplir su función, ahí sí estamos en la posibilidad de averiguar», precisó.

Según el Procurador Eljach hay límites claros para determinar la neutralidad electoral.

«Lo que prohíbe la ley expresamente son determinadas acciones, conductas y comportamientos que rompen la neutralidad y la imparcialidad de los funcionarios públicos frente a las conductas electorales», reiteró.

Eljach reconoció que los procedimientos del Procurador son «tortuosos, lentos», por lo que muchas veces los servidores públicos son disciplinados por participación indebida en política después de que salgan de sus cargos.

La Procuraduría General de la Nación adelanta varias investigaciones contra servidores públicos por romper su neutralidad frente a corrientes electorales, entre ellos el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

*El procedimiento fue descrito por las autoridades como un duro golpe contra el delito de lavado de activos.

En medio de operativos de control, realizados en la vía Castilla – Girardot, a la altura del municipio de Flandes (Tolima), uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte descubrieron, en el kilómetro 49, un vehículo con dos personas, que transportaban 380 millones de pesos en efectivo.

El hallazgo, según el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía del Tolima, generó una alerta por el presunto delito de lavado de activos, dado que los capturados no supieron responder de dónde venía el dinero.

“El procedimiento fue realizado por uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte, sobre el sector de Santa Ana, lugar donde fueron capturados en flagrancia dos hombres, de 28 y 29 años de edad, que se movilizaban en un vehículo de mediano cilindraje, cubriendo la ruta entre Flandes y El Espinal”, indicó el coronel Vargas.

El dinero iba escondido en un morral, en la parte trasera del vehículo.

Fue gracias a las labores de control en carretera y requisa de las autoridades, que los uniformados de la Seccional de Tránsito descubrieron el dinero, que iba camuflado al interior de una maleta. En palabras del comandante de Policía del departamento:

“Durante el registro al automotor, nuestros uniformados hallaron, en un morral ubicado en la parte trasera del vehículo, la suma de 380 millones de pesos en efectivo y dos equipos celulares, sin que los ciudadanos presentaran documentación que acreditara la legalidad y la procedencia del dinero”.

Los capturados se enfrentan a audiencia virtual para definir su situación jurídica:
Tan pronto como se encontró el dinero en el vehículo y se efectuó la captura, los dos hombres de menos de 30 años, el dinero, el vehículo y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 12 especializada de Bogotá, por el delito de lavado de activos”.

Ambos capturados se enfrentan a audiencias virtuales para definir su situación jurídica, en un momento en el que el hallazgo genera aún mayor inquietud, debido a la cercanía de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

*La sentencia describe la red de corrupción junto al exgobernador Alejandro Lyons, para desviar recursos públicos. Además de la prisión deberá pagar tres multas, de acuerdo a los delitos aceptados.

El exsenador Musa Abraham Besaile Fayad fue condenado a 11 años, seis meses y 8 días de cárcel, por su vinculación en el entramado de corrupción que terminó con el desfalco a las regalías en el departamento de Córdoba, durante la gobernación de Alejandro Lyons.

Además de la pena de cárcel se le impuso una multa de 2 mil 046 millones 093 mil 500 pesos, por los delitos de peculado; y otra adicional de 283.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) sólo por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

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También tendrá que pagar 19 mil 261 millones 461 mil 318 pesos a favor del departamento de Córdoba por los daños materiales causados (daño emergente y lucro cesante indexados).

La sentencia anticipada de la Sala de Primera Instancia detalla cómo el procesado aceptó su responsabilidad en delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Según el texto de la condena, Besaile conformó una alianza criminal con el exgobernador Alejandro Lyons para desviar recursos públicos de los departamentos de Córdoba, provenientes de regalías y del Sistema General de Participaciones

El entramado de corrupción incluyó el direccionamiento de convenios de ciencia y tecnología y el fraude mediante cobros falsos por tratamientos de hemofilia.

La sentencia detalla que surgió un vínculo de amistad con ocasión de la actuación de Lyons como apoderado, suplente en las investigaciones que en ese entonces adelantaba la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de Besaile, quien era senador.

“Dicho lazo, aunado a las aspiraciones políticas de Lyons Muskus, le llevaron a retirarse del litigio profesional hacia finales del 2010 o principios del 2011 para aspirar a la gobernación del departamento de Córdoba, contando con el apoyo del aludido congresista, así como de otros sectores políticos y senadores, entre ellos, Bernardo Miguel Elias Vidal, Martín Emilio Morales Diz, Daniel Cabrales, Julio Alberto Manzur Abdala y Margarita Andrade”, resalta la sentencia, cuya ponencia es de la magistrada Blanca Nélida Barreto.

La Sala “establece la certeza de su participación como coautor interviniente en la defraudación del patrimonio estatal para financiar campañas políticas y mantener su poder regional”.

En contraprestación al apoyo de los Congresistas que lo respaldaron, “Lyons Muskus asumió el compromiso burocrático, en caso de resultar electo gobernador, como en efecto aconteció para el periodo 2012-2015, de designar en la planta de personal de la entidad territorial, en especial, en las secretarías de despacho».

El compromiso con Musa Besaile se cumplió al realizar varios nombramientos, entre ellos, el de su hermano mayor, John Moisés Besaile Fayad, en la Secretaría del Interior y Participación Ciudadana; Carlos Angulo, vinculado inicialmente en la Secretaría de Infraestructura, luego en la de Juventud; Héctor Julio Álvarez, titular de esa última dependencia y el de Gloria Cabrales, quien fungió como directora del Plan Departamental de Aguas.

La investigación también determinó que decidieron concertar la conformación de una sociedad que se mantendría durante la administración de Lyons, en la cual se dividirían en partes iguales las sumas que solicitarían a quienes pretendieran ser adjudicatarios de los contratos celebrados por el departamento de Córdoba, compromiso que se extendió a la financiación de la campaña de quien relevaría a Lyons Muskus como gobernador.

En la decisión de la Corte también explican claramente que las fuentes específicas de financiación el entramado criminal “contó con recursos públicos que correspondían al departamento de Córdoba del Sistema General de Regalías y los provenientes del Sistema General de Participaciones”.