*Se ordenó la captura y reclusión de Carlos Caicedo en una cárcel, además de una multa de $4.453.229.734 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la prisión.

Una juez condenó al excandidato presidencial Carlos Caicedo a una pena de nueve años y nueve meses de cárcel por corrupción en la fallida modernización de la red sanitaria de Santa Marta que ocurrió cuando fue alcalde de esta ciudad.

En el fallo, se ordenó su captura y su reclusión en una cárcel que tendrá que determinar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), además una multa de $4.453.229.734 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la prisión.

Según la investigación, el exalcalde habría direccionado el contrato de construcción de dichas obras, generando un posible detrimento en el patrimonio de la capital del departamento del Magdalena.

“En ejercicio de sus funciones, tramitó y celebró el contrato 191 de 2015, por un valor de 6.954 millones de pesos y un plazo de ejecución de seis meses”, detalló la Fiscalía.

Entre los elementos materiales probatorios que se han recaudado sobre el caso se encuentra que, en la fase precontractual, Caicedo supuestamente pidió que fuera contratado, mediante prestación de servicios, específicamente un arquitecto para que “elaborara los diseños del proyecto”. No obstante, el producto presentado por el profesional fue incompleto: no tenía paneles ni placas prefabricadas de alta densidad para aislar el calor y el ruido, entre otros aspectos.

“En lo que respecta a la etapa de ejecución, se presentaron múltiples imprevistos, pues no se tuvieron en cuenta las redes y acometidas para gas natural. Tampoco se gestionó la autorización para construir en un predio privado, que además no contaba con estudios de suelos y sismorresistencia”, detalló la Fiscalía.

Agregó que “para superar estas y las diversas inconsistencias presentadas se realizaron 11 otrosíes y adiciones por 4.534 millones. Diez años después, el contrato no ha sido liquidado y las obras fueron pagadas en 94 %, sin ser entregadas en su totalidad”.

La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, denunció al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en compañía de su abogado, el exmagistrado Wilson Ruiz.

Los presuntos delitos por los que denunció al mandatario son: peculado por aplicación oficial diferente, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia y tráfico de influencias como servidor público.

Rodríguez y su defensa también anunciaron que radicarán una denuncia penal en la Fiscalía porque, presuntamente, miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) han proferido amenazas contra la exfuncionaria.

La decisión se produce después de que diferentes funcionarios del Gobierno, incluido el mandatario, advirtieran sobre la posibilidad de presentar denuncias por los presuntos delitos de injuria y calumnia en respuesta a las afirmaciones hechas por Rodríguez.

A través de sus redes sociales, Wilson Ruiz confirmó que asumió la representación jurídica de la exfuncionaria y anunció la presentación de una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

“Junto a mi equipo jurídico estamos acompañando a Angie Rodríguez, exgerente del Fondo Adaptación. Por ello, presentaremos una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen las presuntas conductas del Presidente en su contra. Cometió una serie de agravios por los que tendrá que responder”, escribió Ruiz.

Rodríguez, quien también se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), aseguró que cuenta con información sobre la presunta participación de funcionarios del Gobierno en hechos de corrupción, así como en la supuesta entrega irregular de contratos y cargos a personas recomendadas.

La exfuncionaria manifestó que está dispuesta a entregar toda la información y las pruebas que dice tener ante la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que las autoridades investiguen los hechos denunciados.

*Durante la Audiencia de Reconocimiento de Verdad en la JEP.

De manera contundente y sin vacilaciones salpicó el teniente coronel en retiro Luis Fernando Borja Aristizábal a entonces altos mandos del Ejército con prácticas de ‘falsos positivos’ entre 2007 y 2008 en el departamento de Córdoba.

Los señalamientos los dijo en la Audiencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de la Paz, realizado el día anterior en la ciudad de Valledupar.

“Mi general Freddy Padilla de León, entonces comandante general de las fuerzas militares, conocía lo que estaba pasando, conocía que estábamos asesinando gente inocente”, afirmó.

También salpicó al General Mario Montoya Uribe, quien en su momento fue comandante del Ejército; al General Óscar Enrique González Peña, excomandante del Comando Conjunto del Caribe I; y al General Luis Roberto Pico Hernández, entonces comandante de la Séptima División del Ejército. “Esto no era una manzana podrida, no era una rueda suelta. Todos sabíamos lo que estaba pasando, absolutamente todos”, dijo sin duda alguna.

Además, señaló al excomandante de la Brigada 11 del Ejército, con sede en Montería, quien les exigió cuotas de muertos.

“Mi Coronel Jorge Arturo Salgado Restrepo, comandante de la Brigada 11 desde noviembre de 2007 hasta que salí trasladado 2008, sabía que estábamos asesinando personas y cuando llegó a la unidad colocó cuota de muertos. La Fuerza Conjunta de Tarea Sucre tenía 3 muertos mensuales”, dijo el teniente coronel retirado.

También salpicó al coronel William Peña Forero, comandante de la Brigada 11 del Ejército en el año 2007, de quien dijo que sabía que “estábamos asesinando personas inocentes” y en varias oportunidades le pidió resultados relacionado con asesinatos para quedar en el primer lugar de escalafón dentro de las brigadas del Ejército.

“Todos ellos los nombro porque lo que siempre he manifestado a ustedes las víctimas, a la magistratura y a la justicia ordinaria desde el 2010 es que esto no era una manzana podrida, no era una rueda suelta. Todos sabíamos lo que estaba pasando, absolutamente todos”, reiteró.

Su intervención concluyó con una frase contundente: “Una vez le dije a unas víctimas que no pregunten quién dio la orden, pregunten quiénes sabían lo que estaba pasando”.