*Alias ‘El Gatico’ también aseguró que varias personas tienen documentos, audios y videos que contendrían información.

Jorge Luis Alfonso López, alias ‘El Gatico’, hijo de la fallecida empresaria del chance Enilce López, conocida como ‘La Gata’, publicó un video en el que denunció que teme por su vida y responsabilizó directamente a tres empresarios de cualquier hecho que pueda ocurrirle a él o a sus familiares.

En la grabación, fechada el 30 de octubre de 2026, Alfonso López aseguró que las amenazas estarían relacionadas con una negociación que habría realizado su madre con empresarios. Según dijo, detrás de esa situación estarían Raúl Montes Flores, José Isaac Ureña Torres y Jorge Avizambra González.

“Si algo me pasa a mí o algún miembro de mi familia, sean mis hermanos, mis hijos, mi esposa, hago responsables a Raúl Montes Flores, José Isaac Ureña Torres y Jorge Avizambra González”, manifestó.

Alias ‘El Gatico’ también aseguró que varias personas tienen documentos, audios y videos que contendrían información sobre esa negociación y que podrían ser entregados a las autoridades. Advirtió que ese material permitiría conocer lo que, según él, estaría ocurriendo y pidió protección para sus familiares.

“Hay personas que tienen pruebas, documentos, audios y videos que en su momento se los harán llegar a las autoridades competentes”, señaló.

La denuncia se conoce en medio de las investigaciones y disputas que han rodeado los negocios de la familia López. En publicaciones periodísticas se han mencionado diferencias relacionadas con empresas y negocios de apuestas, así como señalamientos cruzados entre algunos de los involucrados. Estas acusaciones no constituyen por sí mismas una comprobación de las amenazas denunciadas por Alfonso López.

Además, el pasado 29 de octubre, Jorge Luis Alfonso López fue capturado nuevamente en Barranquilla por una investigación sobre el homicidio del dirigente campesino Guillermo León Montero Carpio, ocurrido en 1997. La Fiscalía indaga su presunta participación en la planeación y ejecución del crimen.

*Uno de los dos presuntos asaltantes también resultó herido al igual que un adolescente de 13 años fue alcanzado por otra ‘bala perdida’.

Un delincuente fue abatido por la Policía y un adulto mayor murió al ser alcanzado por una ‘bala perdida’ en un enfrentamiento a bala este viernes entre patrulleros y antisociales que, según las autoridades, iban a asaltar un vehículo transportador de alimentos en el barrio Villa San Pedro III, en el sur occidente de Barranquilla.

En los mismos hechos, otro de los antisociales resultó herido al igual que un peatón menor de edad.

La Policía detalló que el abatido en el procedimiento policial es un joven identificado como Libardo Andrés Berrio Brieva de 19 años de edad. El herido y capturado responde al nombre de Eder De Jesús Rodríguez Escobar de 25 años.

Se identificó a la persona muerta por bala perdida como Gabriel Isaías Lobo De La Hoz, de 75 años.

El otro herido por bala perdida es un adolescente de 13 años.

Según el reporte policial, el abatido y el capturado, previo al hecho, venían realizando seguimiento a un vehículo repartidor de alimentos, al parecer con el fin de cometerle un hurto.

Libardo Andrés Berrio Brieva tenía cinco anotaciones judiciales por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y hurto.

El capturado, Eder De Jesús Rodríguez Escobar, registra una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Durante el procedimiento se logró la incautación de un arma traumática tipo pistola.

*Entre los señalados están los generales retirados Mario Montoya y José Leonardo Gallego.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a ocho antiguos integrantes del Ejército y cuatro de la Policía por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la Comuna 13 de Medellín entre 2001 y 2004.

Entre los imputados se encuentran los generales retirados Mario Montoya, quien fue comandante del Ejército durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), y José Leonardo Gallego, quien además está señalado de haber participado en otros crímenes como el secuestro de la periodista Jineth Bedoya.

«Las familias han esperado demasiado para saber qué ocurrió, quiénes fueron los responsables y dónde están las personas que continúan desaparecidas», expresó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, durante una rueda de prensa celebrada en la Escombrera, el mayor vertedero de escombros de Medellín y lugar donde se han buscado restos de víctimas de desaparición forzada.

Según la investigación, los hechos comprenden 591 crímenes que dejaron 891 víctimas, entre ellas 87 personas desaparecidas. La JEP documentó homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, violencia sexual, persecuciones y detenciones arbitrarias.

La Operación Orión, considerada la mayor intervención militar urbana realizada hasta entonces en Colombia, comenzó el 16 de octubre de 2002 con el objetivo de expulsar a los milicianos de las guerrillas de las FARC y del ELN que operaban en el sector.

«La operación fue la mayor intervención militar y policial desarrollada hasta entonces en entorno urbano en Colombia», explicó el magistrado Óscar Parra, quien agregó que durante el operativo, pese a su objetivo declarado, «se produjeron capturas masivas, allanamientos, desapariciones forzadas, homicidios, torturas y desplazamientos».

Más de dos décadas después, las heridas de la Operación Orión siguen presentes en la Comuna 13, cuyos habitantes han reconstruido parte de su historia a través de expresiones culturales.

Los muros del barrio se han llenado de grafitis y murales que recuerdan a las víctimas y mantienen viva la memoria de la violencia, pero también reflejan los esfuerzos de la comunidad por mirar hacia el futuro.

Ahora, los exfuncionarios imputados tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad o rechazarla. Si aceptan los hechos y aportan verdad plena, el caso pasará al Tribunal de Paz para la imposición de sanciones propias, que incluyen restricciones efectivas de libertad.

Si no lo hacen, el proceso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación y podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.