• El procesado habría utilizado siete importadoras fachada para simular operaciones de comercio exterior y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.

• En simultáneo al proceso de judicialización, se materializaron las medidas cautelares sobre el patrimonio de la red delictiva y fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) bienes avaluados en más de 534.000 millones de pesos, así como 11 activos financieros por valor de 3.068 millones de pesos.

La Delegada para las Finanzas Criminales, a través de sus direcciones especializadas de Delitos Fiscales, Extinción del Derecho de Dominio e Investigaciones Financieras, logró la judicialización de Walter Francisco Martínez Martínez, señalado integrante de una red transnacional que estaría dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente comercializaba los productos en una cadena de almacenes de ropa femenina.

Según la investigación, Martínez Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de, al menos, siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros.

De esta manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, productos cosméticos y otros artículos, con apariencia de legalidad.

Las actividades investigativas evidenciaron que varias de las sociedades identificadas registraban direcciones inexistentes, correspondientes a lotes desocupados o inmuebles residenciales sin relación con el objeto social reportado.

Adicionalmente, se estableció que las maniobras fraudulentas habrían favorecido el incremento patrimonial de los presuntos articuladores del entramado ilegal.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.

*Mediante falsedades y otras maniobras ilícitas habría recibido más de 6.800 millones de pesos por concepto de remuneración tarifaria de la actividad de aprovechamiento, sin cumplir en realidad con labores de recolección, transporte y clasificación de residuos.

La Fiscalía General de la Nación identificó a los presuntos articuladores principales de una red delictiva señalada de realizar cobros por servicios de reciclaje en Tunja, Duitama y Sogamoso (Boyacá), que no se realizaron con la frecuencia reportada ni en las condiciones que acreditaron ante las autoridades competentes.

Se trata de Laura Maritza Castro Alezones y Ronald Yosefer Pulido Forero, representantes legales de dos empresas recolectoras de residuos; y la particular Ingrid Yineth Amaro Guavare. Estas personas se habrían articulados para entregar información falsa a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre la cantidad de material reciclable recolectado y clasificado.

Los elementos materiales probatorios indican que las dos sociedades no contaban con bodegas operativas para el almacenamiento y disposición del material, ni con el personal requerido para cumplir con la labor. Además, en sus informes incluyeron nombres de habitantes de calle y recicladores para justificar facturas por toneladas inexistentes de material reciclable. Estos documentos con información espuria fueron cargados al Sistema Único de Información (SUI) de la Superservicios y les permitieron recibir en dos años más de 6.829 millones de pesos, por concepto de la remuneración tarifaria de la actividad de aprovechamiento, un reconocimiento monetario que contempla la ley para los recicladores de oficio por recolectar, transportar y clasificar residuos.

En el curso de la investigación se conoció que parte de los recursos, al parecer, fueron destinados para la compra de vehículos de gama alta e inmuebles, entre otros bienes. Asimismo, quedaron al descubierto diversas actuaciones posteriores como ajustes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), simulaciones documentales y alteración de información con el propósito de evitar que fuera detectado el entramado ilícito y obstaculizar la acción de la justicia.

*En su calidad de gerente y administrador de los recursos de la campaña ‘Petro Presidente 2022’ habría permitido que los gastos electorales superaran los topes fijados por la autoridad electoral en 1.388 millones para la primera vuelta y 276 millones de pesos para la segunda vuelta.

La Fiscalía General de la Nación imputó al exgerente de la campaña ‘Petro Presidente 2022’ y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, como presunto responsable del delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. Cargo no aceptado.

El hoy procesado, en ejercicio de su labor de dirección y gestión de los recursos y
movimientos de dinero, habría permitido que los gastos de campaña excedieran el techo fijado por la autoridad electoral para garantizar equidad y transparencia en el proceso.

No obstante, reportó en el aplicativo ‘Cuentas Claras’ y ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un balance contable de ingresos y egresos que aparentemente cumplía los requisitos de ley.

Los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida dan cuenta de que en realidad se habrían superado en 1.388 millones de pesos los topes permitidos para la primera vuelta presidencial y en 276 millones de pesos el límite fijado para la segunda vuelta.

Los gastos que habrían excedido los topes estarían asociados a ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato.

De igual manera, en el curso de la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción se conoció que desembolsos y costos generados en primera vuelta, al parecer, fueron reportados en los informes de segunda vuelta; y muchas de las inversiones de segunda, en los registros de primera vuelta.