*Exhibió documentos en el que se incluyó a Nicolás Petro en la lista Clinton, pero sí se le ha visto y ha exhibido fotografías en redes sociales, en playas del Caribe (Santa Marta y Cartagena).

La Fiscal tercera delegada contra el lavado de activos Lucy Marcela Laborde pidió hoy cinco días de arresto contra el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro, y su abogado, Alejandro Carranza, por su no comparecencia presencial a audiencias preparatorias de juicio que se cumplen desde Barranquilla.

La solicitud fue hecha en medio de la audiencia pero el juez Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó dijo que se trata de un incidente de medidas correccionales que debe analizarse en otras audiencias.

Justificó la fiscal la medida pues el hijo del Presidente ha manifestado que no comparece presencialmente por la imposibilidad de comprar tiquetes al estar en la lista Clinton, pero sí se le ha visto y ha exhibido fotografías en redes sociales, en playas del Caribe (Santa Marta y Cartagena).

Mostró la delegada del ente investigador imágenes de redes sociales en las que Nicolás Petro, su esposa Laura Ojeda y su pequeño hijo están en playas del Caribe.

Así por ejemplo, entre otras, se mostró una imagen de la familia Petro – Ojeda, del 30 de enero de 2026, según publicación de la misma Laura Ojeda. «Correspondería una imagen de Nicolás Petro Burgos en el Caribe», dijo la fiscal.

Recordó que Nicolás Petro está cobijado con una medida no privativa de la libertad de parte del juzgado 74 penal municipal con funciones de control de garantías de Bogotá, pero con la obligación de acudir a citaciones judiciales.

En desarrollo de la vista pública, la Fiscal tercera delegada para el lavado de activos exhibió hoy en audiencia preliminar de juicio al ex diputado del Atlántico, Nicolás Petro, el documento en el que el Departamento del Tesoro, incluyó al hijo del Presidente en la llamada ‘Lista Clinton’.

El documento se titula: “El Tesoro sanciona al Presidente Gustavo Petro y a su red de apoyo”, el 24 de octubre de 2025.

En esa fecha, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del Tesoro de Estados Unidos incluyó a partidarios de Gustavo Petro, su esposa, su hijo y un colaborador cercano.

Señala el informe que Nicolás Petro “es considerado su heredero político”.

Agrega que el hijo del Jefe de Estado “se desempeñó como jefe de campaña de Gustavo Petro en Barranquilla”.

Reseña que el exdiputado, “en 2023 fue arrestado en Colombia por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, bajo acusaciones de haber canalizado fondos provenientes de narcotraficantes hacia la campaña electoral y el programa de “paz total” de Gustavo Petro”.

*La víctima fue señalada equivocadamente de colaborar con un grupo armado ilegal que tenía
injerencia en el departamento.

En atención a un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Neiva revocó un fallo absolutorio de primera instancia y condenó a 50 años y ocho meses de prisión a cuatro exintegrantes de la fuerza pública y a un particular por la desaparición y posterior crimen de un campesino el 29 de enero de 2009, en zona rural de Pitalito (Huila).

Los sentenciado son: el suboficial en retiro del Batallón de Infantería N°27 Magdalena del Ejército Nacional, Carlos Hernán Rodríguez Vera; el subteniente (r) Andrés Felipe Vera Escobar, el subintendente (r) Juan Pablo Ocampo Cardona, el patrullero (r) Nelson Humberto Murillo Morales, estos tres adscritos en su momento a la estación de policía de Pitalito, y Gilberto Sevilla Marín, conocido como ‘Morocho’.

Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dan cuenta de que unidades de la Policía Nacional detuvieron una camioneta en la que se movilizaban dos hombres y dos menores de edad. Posteriormente, llegaron al lugar dos hombres que se identificaron como integrantes del Ejército Nacional, y asumieron el control del procedimiento.

Los uniformados retuvieron a uno de los ocupantes con el supuesto de que sería colaborador de un grupo ilegal que tenía injerencia en el departamento, lo obligaron a subir a otro vehículo y lo llevaron a un punto desconocido. Dos días después, el 11 de febrero de 2009, el cuerpo fue hallado en el río Magdalena, en jurisdicción de Oporapa (Huila).

Contra la condena conocida por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada y homicidio, proceden los recursos de ley

*La víctima fue sacada de una estación de Policía y conducida a una zona rural para presionarla a entregar una información.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que el intendente Rodolfo Herrera Hernández, los subintendentes Yonerse Alejandro Álvarez Marín y Sor Ángela Sánchez Duque, y la patrullera María Gabriela Yáñez Rodríguez presuntamente sometieron a un privado de la libertad a actos de tortura con el fin de ubicar una supuesta caleta con armas y dinero.

El 9 de julio de 2025, la víctima habría sido esposada, trasladada mediante engaños desde la estación de policía de San Vicente Ferrer a una zona rural de La Ceja (Antioquia), donde le exhibieron una pica y una pala, y la amenazaron con ser sepultada en la zona sino suministraba la información que necesitaban los uniformados.

El hombre logró escapar y llegar a una finca en La Unión (Antioquia), donde recibió auxilio y fue puesto en contacto con unidades de la Dijin de la Policía Nacional, para su entrega voluntaria.

Dos días después, el 11 de julio de 2025, el intendente Herrera Hernández, en su condición de subcomandante de la estación de policía de San Vicente Ferrer, reportó a sus superiores que el privado de la libertad se había fugado durante un traslado médico.

Por estos hechos, un fiscal especializado de la Seccional Antioquia imputó a los policías el delito de tortura.

Adicionalmente, a Herrera Hernández le formuló cargos por falsedad ideológica en documento público. Entre tanto, un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.