En diligencias realizadas en Cúcuta (Norte de Santander), Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin de la Policía Metropolitana de Cúcuta materializaron las órdenes de captura contra dos hombres y una mujer que estarían involucrados en el crimen del periodista Cristian Hernando Herrera, perpetrado el pasado 6 de junio, en el barrio Quinta Oriental.

Entre las personas detenidas está el señalado sicario. Las otras dos estarían implicadas en actividades relacionadas con logística y transporte.

En las próximas horas, una fiscal de la Seccional Norte de Santander las presentará ante un juez penal de control de garantías y les imputará los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes, accesorios y municiones.

*El grupo ilegal utilizaba información de los beneficiarios para acceder de manera fraudulenta a sistemas de información, suplantar su identidad y retirar los dineros.

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el actuar de un grupo delincuencial que se habría apropiado de manera irregular de subsidios destinados a víctimas del conflicto armado, población desplazada y personas adscritas a programas sociales en Medellín y Montería.

Las evidencias indican que la organización utilizaba información y credenciales de los beneficiarios para acceder indebidamente a sistemas informáticos, suplantar su identidad y apropiarse de los recursos. Para ello, Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte, señalado cabecilla, presuntamente suministraba las cédulas de ciudadanía de los ciudadanos, definía los valores a cobrar y coordinaba para reclamar los dineros.

Durante la investigación fueron identificados más de 240 eventos fraudulentos en los que María Teresa Bolaño Martínez, María Jeannette Marín Cañas y María Patricia Parra Goez presuntamente ingresaron a las bases de datos y, mediante el uso de registros biométricos ajenos o irregulares, gestionaron el desembolso de más de 116 millones de pesos.

Asimismo, se conoció que parte de los recursos apropiados habrían sido transferidos a Israel Segundo Gutiérrez Severiche. Los otros seis posibles involucrados en el entramado ilegal serían los encargados cumplir roles relacionados con la suplantación, cobro de subsidios, coordinaciones de puntos físicos y los procesos de verificación de identidad.

Durante los procedimientos de captura de estas 11 personas, unidades de la Policía Nacional encontraron en una vivienda ocho computadores portátiles, un lector biométrico de huellas,
varias tarjetas bancarias y otros elementos de interés para la investigación.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Medellín les imputó, de acuerdo con su posible participación y responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y abuso de confianza.

*La procesada no contaba con la formación profesional ni la idoneidad para realizar ese tipo de prácticas médicas.

Mediante un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Katherine Zuleta Castilla aceptó su responsabilidad en el procedimiento estético que le causó la muerte a una mujer, el 17 de mayo de 2023, en un inmueble de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

De acuerdo con la investigación dirigida por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, la intervención se realizó sin seguir los protocolos técnicos y sanitarios, y de manera improvisada en un apartamento.

Además, la hoy procesada no contaba con la formación médica ni la idoneidad para ejercer este tipo de prácticas, y aun así siguió adelante en una actividad que representaba riesgo para la vida de la paciente.

Durante la cirugía la víctima perdió el conocimiento y fue trasladada a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales.

Posteriormente, se estableció que murió producto de perforaciones en el pulmón derecho y el corazón, y un neumotórax traumático derivado de lesiones causadas con un elemento cortopunzante.

Un juez penal de conocimiento avaló el preacuerdo celebrado. En ese sentido, Zuleta Castilla cumplirá una pena de ocho años y ocho meses de prisión por el delito de homicidio simple en la modalidad de dolo eventual.