*Los hechos que se les atribuye ocurrieron entre 2003 y 2004, en Villanueva, Monterrey, Aguazul y Yopal (Casanare).

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, recopiló pruebas que dan cuenta de una directriz impuesta por los máximo cabecillas de las extintas Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) a las diferentes estructuras armadas a su cargo: identificar y actuar violentamente en contra de toda persona que, en su concepto, se opusiera o denunciara las actividades delictivas que realizaban en la región, por presuntamente colaborar con grupos armados y por control social del territorio.

En cumplimiento de esa instrucción criminal, 15 personas fueron asesinadas y dos más desaparecidas, entre ellas una joven de 16 años de quien a la fecha se desconoce su paradero, en hechos ocurridos entre 2003 y 2004 en Villanueva, Monterrey, Aguazul y Yopal (Casanare). Héctor Germán y Nelson Orlando Buitrago Parada, conocidos como ‘Martín Llanos’ y ‘Caballo’, respectivamente; Josué Darío Orjuela Martínez, alias Solín; y Héctor Gregorio Hernández León, alias Pocholo, jefes principales de la ACC aceptaron por línea jerárquica en el grupo armado ilegal estos eventos delictivos y se acogieron a sentencia anticipada.

En ese sentido, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal (Casanare) condenó a los hermanos Buitrago Parada y a Orjuela Martínez a 26 años y 8 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada; y a Hernández León a 17 años y 11 meses de prisión por homicidio agravado.

Adicionalmente, el fallo impuso el pago de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a favor de los familiares de cada víctima.

*Son señaladas de prestar sus cuentas bancarias para recibir diversas sumas de dinero transferidas de manera ilegal.

Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que Luz América Asprilla Abadía y Yuliana María Restrepo Gutiérrez estarían implicadas en la desviación y apropiación irregular de recursos en la Alcaldía de Bahía Solano (Chocó), entre 2024 y 2025.

Inicialmente, un empleado de una empresa de servicios públicos facilitó, sin autorización de la gerencia, el uso de una cuenta bancaria para canalizar recursos provenientes de la administración municipal. Parte de estos dineros, exactamente 119 millones de pesos, fueron retirados mediante cheque por un tercero.

De la suma extraída, cerca de 31 millones de pesos habrían sido transferidos a Asprilla Abadía para no dejar trazabilidad de los movimientos.

Por su parte, Yuliana María Restrepo Gutiérrez es señalada de recibir consignaciones por más de 132 millones de pesos de las cuentas oficiales de la Alcaldía de Bahía Solano sin que mediara una justificación.

En el curso de la investigación se conoció que las dos mujeres no tenían vínculo laboral ni contractual con la alcaldía que sustentara el envío de dinero.
En consecuencia, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Seccional Chocó les imputó, de acuerdo con su posible partición en los hechos conocidos, los delitos de peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito.

Por este caso también han sido judicializados el jefe de presupuesto de la alcaldía municipal, Bernardo Alfonso Asprilla Abadía; el secretario de Hacienda de Bahía Solano, Rodrigo Viñuela Jaramillo; y la particular Sonia Rodríguez Palacios

*Siete personas, entre exfuncionarios y particulares, fueron judicializadas. Estarían involucradas en los sobrecostos detectados en las raciones que ocasionaron un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos.

Actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia un entramado de corrupción que direccionó y se apropió de la contratación destinada a la atención de la primera infancia y las mujeres gestantes de los grupos étnicos y las comunidades rurales en Riohacha y Manaure (La Guajira).

Los señalados involucrados son los exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas; y los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera.

Los hechos irregulares que se les atribuyen están relacionados con tres contratos suscritos por la seccional La Guajira del ICBF con una asociación privada entre febrero y diciembre de 2019, que tenían por objeto la atención de población vulnerable, incluyendo el componente de alimentación, con un enfoque diferencial.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Benítez Orcasita, Martínez Valdeblanques y Peñaranda Murgas, en su calidad de supervisores de los contratos, habrían aprobado actas de revisión y 12 pagos con sobrecostos a favor de la empresa contratista, representada por Barliza Rivera.

Estas actuaciones estaban sustentadas en facturas y cuentas de cobro a nombre de Pérez Romero, Mengua Rivera y Romero Pinilla, quienes fungían como proveedores de productos perecederos, carnes y verduras. Los documentos registraban incrementos inusuales en el valor de los artículos y las raciones, y presuntamente fueron utilizados por Barlisa Rivera para inflar los informes financieros ante el ICBF y solicitar el desembolso de más dinero.

De esta manera, a través del aumento en el costo del servicio de suministro de alimentación, se generó un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional La Guajira les imputó, de acuerdo con su posible participación individual, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.