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Fiscalía

Descubren entramado de corrupción en contratos para la atención y alimentación de niños y mujeres gestantes

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*Siete personas, entre exfuncionarios y particulares, fueron judicializadas. Estarían involucradas en los sobrecostos detectados en las raciones que ocasionaron un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos.

Actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia un entramado de corrupción que direccionó y se apropió de la contratación destinada a la atención de la primera infancia y las mujeres gestantes de los grupos étnicos y las comunidades rurales en Riohacha y Manaure (La Guajira).

Los señalados involucrados son los exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas; y los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera.

Los hechos irregulares que se les atribuyen están relacionados con tres contratos suscritos por la seccional La Guajira del ICBF con una asociación privada entre febrero y diciembre de 2019, que tenían por objeto la atención de población vulnerable, incluyendo el componente de alimentación, con un enfoque diferencial.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Benítez Orcasita, Martínez Valdeblanques y Peñaranda Murgas, en su calidad de supervisores de los contratos, habrían aprobado actas de revisión y 12 pagos con sobrecostos a favor de la empresa contratista, representada por Barliza Rivera.

Estas actuaciones estaban sustentadas en facturas y cuentas de cobro a nombre de Pérez Romero, Mengua Rivera y Romero Pinilla, quienes fungían como proveedores de productos perecederos, carnes y verduras. Los documentos registraban incrementos inusuales en el valor de los artículos y las raciones, y presuntamente fueron utilizados por Barlisa Rivera para inflar los informes financieros ante el ICBF y solicitar el desembolso de más dinero.

De esta manera, a través del aumento en el costo del servicio de suministro de alimentación, se generó un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional La Guajira les imputó, de acuerdo con su posible participación individual, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

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Fiscalía judicializa a cinco presuntos integrantes de la banda delictiva Los Polacos

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*Este grupo delincuencial habría sustraído dinero y objetos de valor por cerca de 2.000 millones de pesos.

Las denuncias de cuatro ciudadanos y las actividades de policía judicial adelantadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Polacos’, quienes estarían involucrados en hurtos a residencias ocurridos desde noviembre de 2025 en Duitama y Sogamoso (Boyacá).

Maicol Giraldo Bejarano, Leonel Alexander Aguilar Espinel, Yesica Tatiana Molina Murillo, Luis Estiven Hernández Vargas y Juan Camilo Duque Rivero, presuntos integrantes de esta estructura delictiva, fueron capturadas por la Policía Nacional durante diligencias de registro y allanamiento realizadas en Sogamoso.

Estas personas son señaladas de seleccionar las viviendas y verificar que estuvieran desocupadas. Algunas permanecían en los alrededores para advertir la presencia de las autoridades, mientras otros esperaban en vehículos para facilitar la huida. Una vez confirmaban que los residentes no se encontraban, ingresaban a los inmuebles por paredes, techos, puertas, ventanas o forzado las cerraduras.

De esta manera, al parecer, ‘Los Polacos’ se apropiaron de dinero y objetos de valor por cerca de 2.000 millones de pesos. El ingreso violento también ocasionó daños considerables en los bienes. Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Boyacá les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Los procesados no aceptaron los cargos. Por disposición del juez de control de garantías, Giraldo Bejarano, Aguilar Espinel, Molina Murillo y Hernández Vargas deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Entre tanto, Duque Rivero permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia.

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Fiscalía

Encarcelan a dos presuntos implicados en atentado contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez, de Cali

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*Los procesados habrían participado en la planeación y logística del ataque del 21 de agosto de 2025, que dejó seis personas muertas y más de 58 lesionadas.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó ante un juez de control de garantías a Sebastián Torres Caicedo y Sebastián Rojas Becerra, señalados de participar en el atentado con explosivos contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali (Valle del Cauca).

De acuerdo con la investigación, dos camiones con explosivos fueron abandonados frente a las instalaciones militares el 21 de agosto de 2025.

Uno de los vehículos detonó y ocasionó la muerte de seis personas y lesiones a más de 58. Torres Caicedo y Rojas Becerra habrían intervenido en la planeación del ataque y realizado labores logísticas para facilitar la huida de quienes dejaron los automotores y evitar su captura.

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y terrorismo; terrorismo; homicidio en persona protegida; homicidio en persona protegida en grado de tentativa; y fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento intramural.

Estas dos personas fueron capturadas en dos inmuebles de Cali, durante diligencias adelantadas de manera articulada con la Sijin de la Policía Nacional.

En uno de los procedimientos fue detenida en situación de flagrancia Erly Tatiana Montoya Quintero, compañera sentimental de Torres Caicedo, con varias dosis de estupefacientes.

En ese sentido, fue imputada por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La mujer fue afectada con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

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Fiscalía procesó a 275 presuntos agresores sexuales de menores entre agosto y septiembre

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La Fiscalía informó que procesó a 275 presuntos agresores sexuales implicados en delitos contra niños, niñas y adolescentes entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de este año.

«Las actuaciones se desarrollaron en el marco de los ‘Meses de la Justicia para la Niñez’, una iniciativa institucional orientada a fortalecer el abordaje de hechos relacionados con actos que afectan la libertad, integridad y formación sexuales de los menores de edad», explicó la Fiscalía este lunes en un comunicado.

De las 275 personas presentadas ante jueces, al menos 258 fueron enviadas a prisión preventiva, de acuerdo con el balance divulgado por la entidad. Los casos se registraron principalmente en Antioquia y Tolima; Valle del Cauca; Bolívar y Córdoba; Santander y en Bogotá.

Entre los casos destacados por la Fiscalía está el de un profesor que fue procesado en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, por el presunto abuso sexual de un adolescente de 15 años ocurrido el pasado 10 de agosto, el mismo día en el que un terremoto de magnitud 7,4 sacudió al país dejando al menos 335 muertos.

Según la investigación, el hombre aprovechó su condición de docente y la confianza del joven para llevarlo hasta un apartamento y abusar de él.

En otro de los casos, ocurrido en Medellín en agosto de 2025, un hombre fue procesado por el presunto abuso sexual, violencia física y psicológica contra su hijastra de siete años.

La Fiscalía también reportó investigaciones por agresiones sexuales contra cuatro niñas y adolescentes de comunidades indígenas en el departamento de Vichada entre 2010 y 2025, así como otra contra un docente del departamento de Vaupés por presuntos abusos sexuales a cuatro de sus estudiantes menores de edad durante 2025.

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