*Es señalado someterlas a cambio de dinero, alimento y elementos de primera necesidad.

Como Fredy Humberto Gómez Aguilera fue identificado un hombre señalado de
aprovecharse de las condiciones de vulnerabilidad de niñas indígenas de la comunidad Jiw en Meta, que eran abusadas sexualmente a cambio de alimentación, alojamiento y
sustancias que les generaban adicciones.

En este contexto, la Fiscalía General de la Nación documentó el caso de una menor de edad de 13 años del resguardo Luna Roja, en Puerto Concordia (Meta), quien fue agredida entre mayo y junio de 2023.

En una oportunidad el hoy procesado presuntamente trasladó a la víctima a una finca en Mapiripán y la sometió sexualmente a cambio de agua para su comunidad y otros artículos de primera necesidad.

Asimismo, se conoció que habría llevado a la niña a un hospital, presentado como su familiar para que fuera atendida y abusado de ella aprovechando un descuido del personal médico.

Las actividades investigativas dan cuenta de que, al parecer, también se comunicaba vía telefónica con otras menores de edad indígenas y les solicitaba ir a un inmueble en Puerto Concordia para sostener encuentros íntimos, en medio de ofrecimientos de dinero.

Por estos hechos, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a Gómez Aguilera en el kilómetro 26 de la vía nacional de Puerto Concordia. Una fiscal de la Seccional Guaviare lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, las dos conductas agravadas.

El procesado no aceptó cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Esta es la cuarta judicialización que se realiza como parte de una investigación priorizada, que busca identificar y ejercer la acción penal contra los responsables de afectaciones a niñas, niños, adolescente y mujeres integrantes de comunidades indígenas en el oriente del país.

*La Fiscalía documentó ocho casos y detectó incrementos patrimoniales injustificados por más de 240 millones de pesos entre los implicados.

Préstamos informales ofrecidos a comerciantes, conductores de servicio público y otras personas con necesidades económicas pusieron al descubierto el presunto actuar delictivo de ‘Los Cobra’, una red delincuencial involucrada en los denominados préstamos ‘gota a gota’ o ‘paga diario’ en Tunja, Samacá y Duitama (Boyacá).

La Fiscalía General de la Nación asoció las denuncias de ocho víctimas que, desde 2022, recibieron desembolsos de uno a tres millones de pesos, con intereses superiores a los límites legales. Cuando se retrasaban en los pagos de las cuotas fijadas eran amenazadas, recibían malos tratos o sufrían daños en sus bienes.

La investigación, liderada por un fiscal de la Seccional Boyacá, permitió identificar a los presuntos integrantes del grupo ilegal. Se trata de John Maicol Beltrán Bernal, Luis Miguel Garcés Guerra, Yefer Hernán Bernal Reyes, Juan Diego Ospina Bernal, Rómulo Antonio Garcés Parra y Víctor Hugo Pedraza Báez.

Estas personas cumplirían distintos roles. Al parecer, se distribuían horarios y zonas para ofrecer créditos, realizar cobros y acordar refinanciaciones.

Estas actividades les habrían generado incrementos patrimoniales injustificados por más de 240 millones de pesos, reflejados en movimientos bancarios y en la adquisición de bienes muebles e inmuebles.

Los seis hombres fueron capturados durante diligencias realizadas de manera articulada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional.

En los procedimientos les fueron incautados tarjetas de cobro, cuadernos con registros contables y rutas de recaudo, tarjetas SIM, dinero en efectivo, celulares, motocicletas y vehículos.

La Fiscalía les imputó, según su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y usura. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.

*Alexander Herrera Ramírez, alias Capi Ortiz, fue declarado responsable de 28 asesinatos y otros ataques armados en varios municipios de Meta.

Un juzgado penal del circuito especializado de Villavicencio (Meta) avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Alexander Herrera Ramírez, alias Capi Ortiz, y lo declaró responsable de una ola de homicidios selectivos y otros ataques armados perpetrados entre junio de 2014 y febrero de 2016, en Puerto Gaitán, Puerto López y Villavicencio (Meta).

Herrera Ramírez, en su condición de cabecilla del grupo armado ilegal autodenominado ‘Libertadores del Vichada’, asumió la coordinación y ejecución de sicariatos en medio de una confrontación violenta con otras estructuras criminales para asumir el control del tráfico de estupefacientes, y como método de intimidación a las comunidades que se oponían al actuar delictivo en la región.

Entre los hechos acreditados está la agresión a dos integrantes de la Policía Nacional, el 10 de febrero de 2016, durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en Mosquera
(Cundinamarca), que tenía como propósito capturar a Herrera Ramírez.

Durante la huida fueron disparadas armas de fuego desde un vehículo. Uno de los uniformados resultó herido y el otro fue arrollado por el automotor.

En el curso de la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales fueron identificados 28 eventos delictivos en los que participó esta persona.

En ese sentido, fue condenada a 27 años y 8 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso homogéneo.

Además de la pena de prisión, el juzgado le impuso 20 años de inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas.