Un juez de control de garantías envió preventivamente a la cárcel a Everney Hernández Pulido, señalado como uno de los articuladores del reclutamiento de menores para las disidencias del Estado Mayor Central al mando de alias ‘Calarcá’.

La investigación lo sindica de presuntamente coordinar toda la logística y transporte de varios menores que eran trasladados desde el Cauca hasta los llanos orientales, en donde se produciría su incorporación a ese grupo criminal.

“Los elementos materiales probatorios indican que Hernández Pulido habría ubicado y coordinado a las personas que transportaron a las víctimas, suministrado dinero para cubrir combustible, peajes, alimentación y demás gastos requeridos”;

Además, según las pesquisas habría puesto a disposición vehículos y motocicletas, así como también, habría “impartido instrucciones sobre la ruta y la forma en la que debía realizarse el traslado”.

“En desarrollo de esa operación, usted Everney quien reside en Villavicencio de manera coordinada con los demás partícipes desempeñó funciones esenciales de organización, financiación y dirección logística para el traslado”, señaló el fiscal del caso.

Su caída se produjo tras la interceptación de cuatro menores que eran trasladados entre Castilla y Neiva en el Huila. Allí la Policía detuvo el vehículo y puso en marcha la investigación que dio con su captura.

*Es responsable de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a la pena de 9 años y 4 meses de prisión a Ederlides Alfonso Gutiérrez Manga, exsecretario de planeación de Sitionuevo, Magdalena, responsable de varias irregularidades en la suscripción de 14 contratos de mínima cuantía en 2012.

Un fiscal de la Seccional Magdalena demostró que Gutiérrez Manga es responsable de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con la investigación, entre el 1 de enero y el 4 de abril de 2012, Gutiérrez Manga, en su condición de secretario de Planeación e interventor, participó en la tramitación y liquidación irregular de 14 contratos de obra.

El entonces secretario de planeación elaboró estudios previos y suscribió actas de inicio, terminación e informes de interventoría que daban apariencia de legalidad y cumplimiento a obras y actividades que no fueron ejecutadas.

Además, se comprobó la falta de publicación de la etapa precontractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), así como la ausencia de requisitos legales esenciales. Con estas actuaciones se facilitó la apropiación de recursos públicos en favor de terceros y se ocasionó una afectación patrimonial de $157.719.166 al municipio.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura. Actualmente, Gutiérrez Manga cumple su condena en la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta.

*El Juzgado Quinto Penal del Circuito de la capital del Cesar halló culpable del delito de concusión al expatrullero Juan Carlos López Daza.

A una pena de 96 meses de prisión (8 años) fue condenado en primera instancia el expatrullero de la Policía Nacional Juan Carlos López Daza, tras ser hallado responsable del delito de concusión.

La decisión fue proferida por el juez Andrés Alberto Palencia Fajardo, titular del Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar, luego de valorar de manera integral el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación en el juicio oral.

Los hechos se remontan al 20 de junio de 2016, cuando la víctima fue abordada por dos uniformados en la capital del Cesar y conducida hasta las instalaciones del CAI Garupal.

En el lugar, los funcionarios le advirtieron sobre una supuesta judicialización por irregularidades con la motocicleta en la que se movilizaba.

Según la tesis del ente investigador respaldada por el despacho, los agentes le exigieron al ciudadano la suma de $300.000 para evitar la inmovilización del vehículo y el trámite judicial.

La víctima entregó una parte de la cifra en efectivo y completó el saldo exigido realizando un retiro en un cajero automático esa misma jornada.