*Las evidencias dan cuenta de golpes y del uso reiterado de un dispositivo táser durante la aprehensión y posterior trasladado a una estación en Soacha (Cundinamarca).

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantía impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al mayor Roque Correa Yánez, el subintendente Henar Santiago Tapiero Tique y los patrulleros Jonathan Alexander Giraldo Torres y Santiago Vargas Romero, investigados por su presunta responsabilidad en la muerte de Donovan Balanta Paz, de 34 años.

La investigación dirigida por fiscales de la Seccional Cundinamarca y de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se siguió con un enfoque diferencial étnico-racial. Está relacionada con los hechos ocurridos el pasado 20 de septiembre, durante un procedimiento en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, y la posterior permanencia de la víctima en la estación de policía de Cazucá, en Soacha (Cundinamarca).

Inicialmente, los uniformados atendieron una discusión entre vecinos. En ese contexto, Balanta Paz habría lanzado un objeto contra los policías, por lo que fue inmovilizado y aprehendido. Durante la intervención, al parecer, recibió puños y patadas, así como varias descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser.

Luego, el hombre fue trasladado a la estación de policía de Cazucá. Allí presuntamente estuvo esposado de manos y semidesnudo, mientras continuaban las agresiones físicas y recibía otras tres descargas eléctricas.

Aunque manifestaba dificultades para respirar y solicitaba atención médica, al parecer, los funcionarios no gestionaron su traslado oportuno a un centro asistencial.

Una persona detenida en el mismo lugar advirtió sobre la necesidad de brindar ayuda a Balanta Paz. Sin embargo, transcurrieron aproximadamente 20 minutos antes de que fuera remitido a un hospital, a donde llegó sin respiración y con pulso débil. Horas después falleció. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense evidenció que la muerte estaría relacionada con una arritmia cardíaca provocada por descargas eléctricas.

Por su presunta participación en tres hurtos violentos, la Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco hombres en Cartagena. Uno de los procesados fue Jhon Felipe Fuentes Segovia, alias Spiderman, presuntamente responsable de un hurto a un establecimiento de comercio ubicado en el barrio La María, el pasado 14 de julio. Al parecer, el procesado en compañía de otra persona irrumpió violentamente en el lugar, redujo físicamente al propietario del inmueble y se llevó consigo un millón de pesos.

Labores de policía judicial y pruebas testimoniales permitieron identificar e individualizar a Spiderman como uno de los autores materiales del ilícito. El fiscal del caso solicitó ante un juez de control de garantía orden de captura en su contra, la cual fue materializada el pasado 14 de octubre en un centro de reclusión donde el procesado se encuentra privado de la libertad por otra investigación.

En hechos registrados el pasado 9 de octubre, en el barrio San Diego, fueron asegurados Rober Consuegra Iriarte, Alfonso Luis Luna Pérez y Lenardo Enrique Medina Torres, de 28, 21 y 25 años, respectivamente. Al parecer, intimidaron con arma blanca a una peruana que caminaba por el sector para quitarle el celular. Las capturadas se produjeron cuando los investigados huían en moto. En su poder les encontraron celulares posiblemente hurtados.

Ese mismo día, y por otro atraco fue judicializado Lewis Eduardo González Zapateiro, de 21 años. Esta persona habría ingresado con un arma cortopunzante a una tienda del barrio Paseo Bolívar donde amenazaría al dueño, de 63 años, y se apropió de sus pertenencias. Al momento de la captura fue recuperado el dinero y los elementos sustraídos.

Los procesados fueron imputados por el delito de hurto calificado agravado. Cargo que ninguno aceptó. Todos quedaron afectados con medidas intramurales.

Como parte de la estrategia de priorización definida para abordar los casos relacionados con crímenes perpetrados por estructuras paramilitares, la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica del coronel en retiro del Ejército Nacional Wilson Humberto Velandia Serrano, y le impuso medida de detención preventiva en establecimiento carcelario por su posible participación en el secuestro, abuso sexual, tortura, homicidio y desaparición forzada de dos hermanas en Granada (Antioquia), entre el 21 y el 22 de febrero de 2003.

De acuerdo con la investigación, que se sigue de acuerdo con los parámetros de la Ley 600 de 2000, integrantes del Frente Batallas del Santuario del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) retuvieron a las jóvenes, de 19 y 17 años, en la plaza principal del municipio y las movilizaron a una vivienda.

Al lugar presuntamente llegó Velandia Serrano, quien en su momento era teniente del Batallón de Artillería N°4, adscrito a la Cuarta Brigada, trasladó a la adolescente al baño y la agredió sexualmente, mientras su hermana era sometida a distintos vejámenes por otros hombres. Conductas a las que posteriormente también se habría unido el oficial.

Las víctimas fueron golpeadas y amenazadas, en medio de señalamientos de supuestos nexos con otro grupo ilegal. Las evidencias recopiladas indican que Velandia Serrano, al parecer, ordenó a la estructura paramilitar asesinarlas y sepultarlas en un cerro; y años después habría dispuesto la exhumación de los cuerpos para evitar que fueran ubicadas.

En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos ordenó la captura del coronel (r), la cual fue materializada por unidades de la Sijin de la Policía Nacional en Medellín (Antioquia). De igual manera, lo vinculó mediante diligencia de indagatoria como posible responsable de los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, tortura en persona protegida agravada, homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada.