El Gaula Militar y el CTI rescataron a un joven que al parecer fue secuestrado por la banda criminal de “la Terraza” en Itagüí, sur del Valle de Aburrá, para después utilizarlo como “mula” en el envío de estupefacientes hacia el exterior.

“Esta acción fue posible gracias a la denuncia de un familiar de la víctima, quien informó que el grupo exigía la suma de 50 millones de pesos para liberar al joven”, indicó el Ejército en un comunicado.

Los criminales también exigían –indica el informe oficial– que el joven transportara estupefacientes encapsulados en su estómago y, a cambio, prometían no atentar contra su vida.

El rescate se produjo gracias a una operación articulada entre el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y soldados del Gaula Militar de Antioquia. Durante el operativo capturaron a un presunto miembro de “La Terraza” en flagrancia.

“Se acordó un punto de encuentro con el victimario en el barrio Santa María, del mencionado municipio. Una vez en el lugar, el secuestrador recibió lo demandado por el grupo ilegal, y en ese momento las autoridades lograron su rápida captura”, añadió el Ejército.

El sujeto capturado quedó a disposición de la autoridad competente. Deberá responder por los delitos de secuestro extorsivo y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Le incautaron 42 cápsulas de cocaína.

“Según información de inteligencia, el grupo delincuencial “La Terraza” tendría bajo su control a un grupo de mujeres con varias cápsulas de cocaína en sus estómagos, quienes iban a ser utilizadas como mulas con destino a España”, añadió la fuente oficial.

Un abogado que laboraba para el Distrito de Medellín como defensor de Derechos Humanos fue capturado este jueves en el suroccidente de la ciudad mientras le pasaba drogas, varios teléfonos móviles y otros elementos tecnológicos a una persona detenida.

“El ejemplo empieza por casa y la lucha contra los delincuentes no tiene consideración alguna. Que le caiga todo el peso de la ley a este y a cualquier otro funcionario que crea que puede incurrir en actos de corrupción y delictivos”, escribió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X, donde publicó la información, con todo y foto del profesional del derecho.

El jurista, al que pescaron en flagrancia, fue identificado por el mandatario local como Francisco José Vélez y, según detalló, era un contratista adscrito a la unidad de Defensoría de Derechos Humanos de la Alcaldía .El sitio donde lo sorprendieron cometiendo el acto ilícito fue la estación de Policía de Belén, mientras le entregaba a un sindicado que estaba recluido allí un paquete que contenía 300 gramos de base de coca, 200 gramos de marihuana, 5 teléfonos celulares, 6 cargadores y 3 sim cards. “Gracias a la policía por los controles que viene realizando dentro de las estaciones del policía para prevenir el tráfico de elementos prohibidos al interior de los centros de detención y con ellos reducir los delitos que se cometen desde allí. Y especialmente gracias por la reacción oportuna en este caso que permitió que esta persona fuera capturada inmediatamente y presentada ante la justicia para que responda por el tráfico de sustancias estupefacientes y el ingreso ilegal de elementos prohibidos a sala transitoria”, concluyó el alcalde Gutiérrez.

En los últimos días se han presentado en Colombia varias capturas de funcionarios estatales por participar en presuntos actos de corrupción en operaciones encabezadas por las mismas instituciones donde ellos laboraban .El sábado pasado, por ejemplo, la jefatura de Estado Mayor de Operaciones del Ejército Nacional en articulación con la Fiscalía informaron que en desarrollo de operaciones de contrainteligencia capturaron a cinco militares activos, entre ellos tres suboficiales y dos soldados profesionales, lo mismo que a cuatro militares retirados. Presuntamente serían responsables del tráfico de materiales militares en distintas unidades castrenses.

Las aprehensiones ocurrieron en los departamentos de Caquetá, La Guajira y en la ciudad de Bogotá.

En el coliseo Fredilberto Ramos de Tarazá, campesinos de varios municipios del Bajo Cauca, el Magdalena Medio y Urabá se congregaron este miércoles 6 de noviembre para recibir los títulos de propiedad de sus tierras adjudicadas por el Gobierno Nacional.

A pesar de la ausencia de presidente Gustavo Petro, el evento se llevó a cabo con la participación de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; Otty Patiño, comisionado de paz; Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y alcaldes del Bajo Cauca, quienes hicieron énfasis en la importancia de la entrega de tierras en la región para la construcción de paz.

Felipe Ortiz explicó que los retrasos en el evento fueron causados por el mal clima en Bogotá y pidió disculpas a los asistentes. Durante su intervención, afirmó que el Gobierno ha entregado 14.000 hectáreas en el Bajo Cauca hasta la fecha y que con estas acciones se busca contribuir a la paz y al desarrollo rural. Además, enfatizó que “la mejor forma de derrotar la violencia es asegurar que los campesinos puedan trabajar en sus propias tierras”.

Otty Patiño, por su parte, reiteró el compromiso del Gobierno con la reforma agraria y con el cumplimiento de los acuerdos de paz. Recordó que este proceso requiere además de la entrega de tierras, la mejora de infraestructuras, como las vías, y la creación de condiciones para el desarrollo de las comunidades.

La ministra Carvajalino, al tomar la palabra, recordó que la región de Tarazá ha sido históricamente afectada por la violencia, rememorando los tiempos en que el río Cauca fue testigo de la violencia y del despojo de tierras en los años 90. “Este río, que ha visto la guerra, hoy puede ser testigo del presidente Gustavo Petro”, expresó. En su discurso, prometió avanzar en la recuperación de la vida campesina y en el impulso a la producción agrícola en el Bajo Cauca.

Uno de los momentos simbólicos del evento fue la entrega de azadones a las 12 asociaciones campesinas presentes, una herramienta que representa el compromiso de los agricultores por trabajar en la tierra que hoy les pertenece. Además, se firmó el decreto para la constitución de la Zona de Reserva Campesina de Tarazá, bajo el acuerdo 398 de 2024, con la intención de preservar más de 42.000 hectáreas para la producción agrícola y la conservación ambiental.

El evento forma parte de la Reforma Agraria y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, un proyecto del Gobierno para reparar a las familias desplazadas por el conflicto armado. Durante la ceremonia, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó 3.671 hectáreas, terrenos que en el pasado pertenecieron a jefes paramilitares como Ramiro Vanoy, alias “Cuco Vanoy”, y Carlos Mario Jiménez, conocido como “Macaco”. Ahora, estos predios pasarán a manos de 282 familias rurales.

Con la entrega de estas tierras, el Gobierno busca impulsar proyectos agrícolas en la región. En el Bajo Cauca, se entregaron 3.280 hectáreas, de las cuales 584 están en Tarazá. Esta zona ha sido declarada Reserva Campesina, con más de 42.000 hectáreas destinadas a la producción agrícola y a la preservación ambiental.