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Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe, fue absuelto en proceso por el caso de Los Doce Apóstoles

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Un juez de Medellín absolvió este miércoles en primera instancia a Santiago Uribe en el juicio por su presunta participación en el grupo paramilitar los Doce Apóstoles.

Este es uno de los casos judiciales más sonados y largos del país; la etapa final del juicio comenzó en enero de 2021 y desde entonces se esperaba una sentencia. En concreto, al hermano del expresidente se le ha señalado por su presunta participación en la conformación de dicho grupo, que nació en Yarumal, en el Norte de Antioquia, pero en el proceso también se investiga el homicidio del campesino Camilo Barrientos, conductor de un bus escalera, ocurrido en ese municipio el 25 de febrero de 1994.

La Sala de Conocimiento del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias en enero de 2017 para que Uribe fuera investigado por estos hechos. El juicio continuó con un expediente que contiene 45 libros y centenares de horas de testimonios, que documentan o contradicen la hipótesis de que Santiago Uribe Vélez promovió la creación, en febrero de 1992, de dicho grupo paramilitar desde la administración de la Hacienda La Carolina, que permitió que los paramilitares entrenaran en su finca y tomó decisiones acerca de cuáles serían las personas a eliminar en medio de la “limpieza social” propuesta desde el grupo contrainsurgente.

Este caso tomó mayor relevancia en los últimos días, ya que la JEP publicó un organigrama donde señalaban a Santiago Uribe como líder de ‘Los 12 Apóstoles’.

Además, el Presidente Gustavo Petro y el exmandatario Uribe tuvieron cruces de mensajes en redes sociales, ya que el primero sostuvo que quería ver a Santiago Uribe tras las rejas y el segundo le recordó a Petro que su hermano, Juan Fernando, fue a cárceles a «pedir votos» para elegirlo presidente.

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Congreso aprueba en último debate proyecto que prohíbe el matrimonio infantil en Colombia

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En último debate, la plenaria del Senado avaló este miércoles un proyecto de ley que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas, tanto entre menores de edad, como entre menores de edad y adultos.

La iniciativa, que había naufragado en ocho oportunidades en el Parlamento, fue liderada por las representantes Jennifer Pedraza (Dignidad) y Alexandra Vásquez (Pacto Histórico). En ella se establece que ningún juez ni notario podrá legalizar un matrimonio que vincule a un menor de edad.

“Con este proyecto se elimina del Código Civil el matrimonio infantil que hasta el día de hoy estaba permitido de los 14 años en adelante con permiso de los padres, lo cual había generado –lamentablemente– un mercado de niños y niñas, quienes eran usados como moneda de cambio para ganado, recursos, lotes y otras transacciones”, destacó Pedraza.

Según la congresista, Colombia ocupa el puesto número 20 en la tasa de matrimonios a nivel mundial. De hecho, se estima que, hasta 2015, al menos una de cada cuatro mujeres (28 %) se había casado antes de cumplir 18 años. A nivel mundial se calcula que diariamente se presentan 33.000 casos de matrimonios infantiles.

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Corte Suprema le negó la libertad al exparamilitar Salvatore Mancuso

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Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar que el Gobierno convirtió en gestor de paz, sufrió un revés en la Corte Suprema de Justicia. Este miércoles la Sala de Casación Penal resolvió un recurso que terminó por ratificar la negativa de su libertad.

El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia está libre desde el 10 de julio, cuando el Inpec le entregó la boleta de salida de la cárcel La Picota.

Sin embargo, la previa a su excarcelación estuvo desbordada en recursos y maniobras jurídicas con las que sus abogados pretendían desenredar el nudo legal que lo mantenía preso.

Uno de esos recursos –y que este miércoles resolvió la Corte– se remonta a principios de este 2024. Sus abogados pedían la libertad y argumentaban que el exparamilitar había sido designado gestor de paz por el Gobierno. Pero, entonces, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla negó la libertad.

En la decisión, los magistrados le recordaron al exjefe paramilitar las deudas pendientes con las víctimas en el Colombia: tenía 60.000 hechos criminales por los que no había respondido. La decisión de sus abogados fue apelar ante la Corte e intentaron buscar la libertad por otros medios.

La decisión de este miércoles le dio la razón al Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla. “Debe salvaguardarse la justicia y los derechos de las víctimas de graves violaciones de DD. HH., lo que impide que actualmente se puedan otorgar beneficios excesivos a los máximos responsables de este tipo de conductas” afirmó la Sala.

La Sala criticó el hecho de que Mancuso no tenga “límite” de tiempo para desempeñar sus labores de gestor de paz y afirmó que con ello se envía un mensaje equivocado a las víctimas.

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Presidencia expide decreto de situación de desastre por 12 meses

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La Presidencia expidió este miércoles el decreto 1372 de noviembre de 2024, en el que declara la situación de desastre en todo el territorio nacional por 12 meses.

Esta medida puede ser prorrogable, con previo concepto favorable del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo.

«Mientras esté vigente la situación de desastre y previa evaluación de daños y análisis de necesidades que adelante el respectivo municipio y con observancia del Plan de Acción Específico, las obras de reconstrucción de viviendas, equipamiento y establecimientos de comercio, o infraestructura agropecuaria que haya sido afectada en virtud de los hechos que motivan la presente declaración de desastre, no requerirán la expedición de licencias urbanísticas», se puede leer en el decreto.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) elaborará un Plan de Acción Específico para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados.

El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres manejará los recursos para la respuesta y recuperación del desastre, los cuales deben ser garantizados por el Ministerio de Hacienda.

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