El Gobierno nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia informaron que las conversaciones se reactivarán en el marco del espacio que adelantan como parte de la política de paz total.

De acuerdo con una comunicación conjunta del Grupo de Trabajo del Espacio de Conversación Sociojurídica, la reunión se desarrolló en un “ambiente constructivo” y permitió avanzar en los compromisos orientados a la desmovilización del grupo armado ilegal y a la construcción de paz en los territorios.

“El proceso de paz para la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz con el pueblo en los territorios continúa avanzando en el marco de los compromisos suscritos, dando por superada la situación de suspensión de la conversación que se había anunciado por el Estado Mayor Conjunto del (a) EGC en días previos”.

Las partes señalaron que con el encuentro del pasado 9 de febrero se da por superada la suspensión de la conversación que había sido anunciada días antes por el Estado Mayor Conjunto del EGC.

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia expulsó este lunes al general retirado de la Policía Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de la Presidencia de Álvaro Uribe, por no aportar «verdad plena» sobre el conflicto armado en sus comparecencias ante ese tribunal.

En una resolución, el alto tribunal declaró que Santoyo «incumplió gravemente y de forma injustificada su régimen de condicionalidad, específicamente la condición esencial de acceso y permanencia en el Sistema Integral para la Paz, consistente en aportar verdad plena».

Al ser expulsado, el oficial retirado pierde los «tratamientos especiales y beneficios otorgados por las autoridades judiciales y administrativas» previstas para los comparencientes ante la JEP, el tribunal transicional creado por el acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

Sin embargo, el exjefe de seguridad de Uribe puede presentar un recurso de reposición, buscando que la JEP revise, aclare, modifique o revoque su decisión, o apelar.

El caso Santoyo

El general retirado comparece ante la JEP en casos que investigan la victimización de miembros del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP) y los crímenes cometidos por la fuerza pública, o agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, en el conflicto armado.

El alto oficial tiene dos procesos penales en su contra que están suspendidos parcialmente mientras permanezca sometido a la JEP.

Uno es por concierto para delinquir agravado y desaparición forzada, y otro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Por estos últimos delitos, Santoyo fue condenado ante la Justicia de Estados Unidos y cumplió una pena de 85 meses de prisión en extradición.

Igualmente fue aceptado en la JEP en septiembre de 2021 por los dos procesos antes mencionados. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a su vez, le concedió el beneficio transitorio de privación de la libertad en una unidad policial.

En una audiencia en marzo de 2024, Santoyo negó a los magistrados su responsabilidad por los hechos por los que es procesado y no aportó nada nuevo o relevante a la verdad.

Por esa razón, dos meses después la JEP denegó la libertad al general retirado de la Policía.

En caso de que Santoyo sea expulsado definitivamente de la JEP, las investigaciones en su contra serán remitidas a la justicia ordinaria y seguirá privado de la libertad.

*Cerca de 12 mil escoltas tercerizados anuncian demanda ante el Consejo de Estado y no descartan un cese de actividades que impactaría a los protegidos.

Un eventual paro nacional de escoltas podría dejar en vilo la protección de miles de líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos en el país, en medio del pulso que se intensifica entre los trabajadores tercerizados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Gobierno Nacional por el nuevo decreto de formalización laboral.

En entrevista exclusiva con LA FM, el presidente de la Dirección Nacional Sindical de Escoltas Profesional (DINSPRO), Eduard Mendoza, aseguró que las organizaciones sindicales están dispuestas a acudir a las vías de hecho si se firma el decreto que formaliza la planta de la entidad bajo concurso abierto de la función pública.

“(…) Si nosotros vemos que, agotando la instancia jurídica, el mismo Gobierno sigue en ese proceso de llevar a cabo este decreto, entonces estaríamos ya listos para irnos a las calles a vías de hecho”, afirmó.