La Fiscalía General de la Nación a través de la Seccional Atlántico consolidó la relación de cooperación y articulación institucional con la Embajada de Canadá en Colombia, durante un encuentro orientado al intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de las capacidades investigativas y la búsqueda de estrategias conjuntas frente a los desafíos de seguridad y criminalidad en el territorio.

La reunión, que se desarrolló en la sede de la Fiscalía en Barranquilla en la Torre Manzur, contó con la participación del director de la Seccional Atlántico, Romel Arévalo; la embajadora de Canadá en Colombia, Elizabeth Williams y el consejero de Asuntos Políticos, Económicos y Públicos de esa misión diplomática, Patrice Laquerre.

Durante el encuentro se abordaron diferentes asuntos de interés como la identificación de dinámicas de criminalidad organizada, las finanzas criminales y los delitos que más afectan a la ciudadana.

Asimismo, se planteó la posibilidad de fortalecer los conocimientos y capacidades especializadas de los equipos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional, particularmente en materia de delitos informáticos y técnicas de investigación.

“Uno de los principales temas de la agenda fue el fortalecimiento de los programas de justicia restaurativa, campo en el que Canadá cuenta con una amplia experiencia.

En ese sentido, la delegación diplomática manifestó su disposición para compartir
conocimientos, experiencias y procesos de capacitación que contribuyan a fortalecer la aplicación de estos mecanismos en Colombia, tanto en contextos urbanos como en comunidades rurales”, indicó el director de la Seccional Atlántico.

De igual manera, se dialogó sobre la protección de los derechos

*La actividad ilícita generaría más de 1.200 millones de pesos mensuales y habría contaminado la quebrada La Baja y el río Suratá, fuentes de abastecimiento del acueducto de Bucaramanga.

Socavones y plantas de procesamiento de oro en inmediaciones del páramo de Santurbán (Santander) fueron intervenidos en ocho diligencias de allanamiento y registro, ordenadas por la Fiscalía General de la Nación como parte de una investigación contra una organización delincuencial señalada de extraer ilegalmente oro en el área protegida.

Los procedimientos fueron realizados por unidades de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en la vereda Angosturas de California y en plantas ubicadas en ese municipio, Suratá y Matanza.

En los lugares inspeccionados fueron incautados 92 millones de pesos en efectivo, 211 gramos de oro en amalgama y 114 gramos de oro en joyas. También se encontraron 200 kilogramos de cianuro y 1.902 gramos de mercurio, sustancias utilizadas en la obtención del mineral.

Asimismo, fueron hallados 120 kilogramos de explosivo tipo ANFO, 700 metros de cordón detonante, 147 barras de Indugel y 62 detonadores destinados a la explotación minera ilegal.

Las evidencias indican que el oro extraído en el área intervenida sería distribuido en establecimientos de comercio de Bucaramanga y Bogotá. Esta actividad generaría ganancias superiores a 1.200 millones de pesos mensuales y habría contaminado la quebrada La Baja y el río Suratá.

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente obtuvo legalidad sobre los elementos incautados y avanzará en las indagaciones para identificar a los responsables.

*Seis presuntos integrantes de ‘Venus’ estarían involucrado en, al menos, 10 casos ocurridos en Bogotá y otras ciudades.

Ferias, conciertos y lugares de alta afluencia de público eran los escenarios que la estructura delincuencial ‘Venus’ presuntamente aprovechaba para hurtar celulares y otros equipos tecnológicos en Bogotá y distintas ciudades del país.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación indica que sus integrantes viajaban a las zonas donde se realizarían las actividades. Allí utilizaban identidades falsas y se presentaban como funcionarios de alcaldías, secretarías o personal de logística para acercarse a los asistentes de los encuentros masivos.

Posteriormente, se distribuían en medio de la multitud. Mientras unos identificaban los puntos de mayor afluencia y los dispositivos de gama alta, otros distraían al personal de vigilancia y de logística para que un grupo específico se apoderara de los objetos.

El primer hecho ilícito documentado está relacionado con el hurto de un equipo de sonido durante una feria en San Gil (Santander), en 2024. Desde ese momento se pusieron en marcha varias actividades de policía judicial que permitieron individualizar y vincular a seis personas que harían parte de la organización y estarían implicadas en nueve episodios más.

Entre los casos detectados aparece la sustracción de un desfibrilador externo automático, avaluado en 8 millones de pesos, de un establecimiento de comercio en Bogotá; una tableta que portaba un ciudadano que acudió a un parque de diversiones; y una consola de sonido en un local comercial, cuyo costo supera los 12 millones de pesos.

Los seis señalados integrantes de ‘Venus’ fueron identificados como Carlos Alberto Hidalgo Quiroga, Marisol Prada Marín, Enrique Ortiz Salazar, alias Conejo; Juan Carlos Mogollón Guaqueta, Cristian Federico Estévez Macías y William Andrés Moncada Gámez, alias Taxista. Un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.