*Las autoridades ofrecen una recompensa de $100 millones para quien entregue información sobre los responsables del asesinato del comunicador. Contaba con medidas de protección de la UNP.

El periodista Cristian Herrera, corresponsal en Norte de Santander e integrante del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), fue asesinado en la tarde de este sábado en la ciudad de Cúcuta.

Un hombre armado disparó en varias oportunidades contra la integridad de Herrera mientras este ingresaba a su vivienda ubicada en el barrio Quinta Oriental.

Las autoridades rechazaron el hecho, al tiempo que informaron sobre una recompensa de $100 millones para quien entregue información sobre los responsables del asesinato del comunicador.

Asimismo, la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta y la Policía Nacional informaron que serán desplegadas todas las capacidades para capturar a los delincuentes que asesinaron al periodista.

La FLIP también se pronunció sobre este hecho y expresó total rechazo a la violencia que ha venido hostigando al gremio de periodistas.

“Hoy el periodismo colombiano nuevamente está de luto. Nos duele profundamente el asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta. Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable para sus seres queridos, para el periodismo y para la democracia”, dijo la Fundación.

Precisó que Herrera había denunciado recientemente hechos de corrupción y problemáticas de orden público en la ciudad.

“Desde la FLIP estamos documentando el caso y haciendo seguimiento a la situación”, mencionó la Fundación para la Libertad de Prensa.

A su turno, la Defensoría del Pueblo lamentó lo sucedido con el periodista y expresó solidaridad para con la familia del comunicador y sus seres queridos.

El Ministerio Público mencionó que Cristian dedicó su trabajo a informar sobre temas relacionados con impunidad, crimen organizado, corrupción y la situación del Catatumbo.

Indicó que su labor permitió visibilizar realidades, denunciar a los responsables de entramados de violencia y corrupción y garantizar el derecho ciudadano a estar informado.

“La vida de Cristian se puso en riesgo y le terminó costando la vida debido a su oficio. Esto, a pesar de que contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que no lograron evitar su asesinato. No vamos a permitir que este hecho quede en la impunidad”, apuntó la Defensoría.

Tras ratificar en última instancia la condena de 28 años de prisión contra Santiago Uribe Vélez por homicidio y concierto para delinquir en el caso de ‘Los 12 Apóstoles’, el magistrado ponente Gerson Chaverra -de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia- rechazó por improcedente el recurso extraordinario de casación interpuesto por su defensa.

La solicitud había dado lugar a un intenso debate jurídico, pues la decisión de la Corte se produjo al resolver un recurso de impugnación especial contra una sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Antioquia.

Sin embargo, como Uribe Vélez fue absuelto en primera instancia y condenado en segunda, acudió a la figura de la doble conformidad para que la Corte revisara esa condena.

Precisamente por tratarse de una decisión adoptada en el marco de esa garantía, la Sala concluyó que no procedía un nuevo recurso extraordinario de casación.

Para el magistrado ponente, admitir un recurso adicional después de agotada esa revisión implicaría desconocer el diseño procesal previsto por la ley y la jurisprudencia.

La Corte recordó que la impugnación especial no constituye una tercera instancia ni abre la puerta automática a nuevos mecanismos de revisión, sino que busca exclusivamente asegurar que una condena sea examinada por una autoridad judicial distinta cuando el procesado no tuvo esa posibilidad previamente.

La defensa de Uribe Vélez, encabezada por el abogado Jaime Granados, había sostenido que la jurisprudencia de la propia Corte permitía estudiar la coexistencia entre la impugnación especial y el recurso extraordinario de casación en determinados escenarios.

Sin embargo, la Corte concluyó que ese argumento carece de sustento jurídico, pues «se trata de una decisión que, como quedó expresamente señalado en la propia providencia, no admite recurso alguno».

Según explicó el alto tribunal, la sentencia que la defensa pretende controvertir fue proferida en ejercicio de las funciones que la Sala de Casación Penal tiene como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria y, precisamente, para garantizar el derecho a la doble conformidad de Santiago Uribe Vélez.

«La sentencia cuyo cuestionamiento ahora se pretende fue proferida en el marco de las funciones que, como tribunal de cierre, tiene asignadas la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia», señaló la corporación.

Y agregó que, con esa decisión, se aseguró la garantía fundamental de la doble conformidad del procesado, por lo que quedó agotada cualquier discusión procesal que pudiera plantearse dentro de esa actuación judicial.

De esa manera, la Sala concluyó que no existe espacio para habilitar un nuevo recurso extraordinario contra una decisión que ya había puesto fin al debate judicial sobre la condena.

*El procesado confesó que quiso acabar con la vida del menor porque “no quería morir solo”. El caso ocurrió hace 14 años.

Catorce años después de ocurrido uno de los casos más impactantes registrados en el municipio de La Belleza, Santander, la justicia condenó a 11 años y 6 meses de prisión a Luis Arturo Prieto Ariza por intentar asesinar a un menor de edad mediante una gaseosa contaminada con una sustancia química.

La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que demostraron la responsabilidad del procesado en los hechos ocurridos el 26 de abril de 2012.

Según la investigación, Prieto Ariza ofreció a un adolescente de 14 años una gaseosa que previamente había mezclado con una sustancia tóxica con el propósito de causarle la muerte. Después de entregarle la bebida al menor, el hombre también consumió el líquido restante.

La rápida reacción de la víctima fue clave para evitar una tragedia. Tras ingerir la bebida, el menor logró salir del lugar y pedir ayuda, lo que permitió que tanto él como el agresor recibieran atención médica oportuna.

Durante el proceso judicial, el hoy condenado reconoció ante las autoridades que tomó la decisión de atentar contra la vida del adolescente porque tenía intenciones de suicidarse y “no quería quitarse la vida solo”, una confesión que se convirtió en una de las pruebas determinantes dentro del expediente.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa, cargo por el cual finalmente fue condenado.

El caso conmocionó a la comunidad de La Belleza por la gravedad de los hechos y porque la víctima era un menor de edad. Aunque ocurrió en 2012, el proceso judicial se extendió durante varios años hasta que la justicia emitió una sentencia condenatoria definitiva.

La decisión judicial representa el cierre de un caso que generó preocupación en Santander y reafirma la importancia de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía para esclarecer delitos que atentan contra la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes.