*Con 48 celulares, 322 tarjetas SIM y guiones previamente estructurados, una banda delincuencial engañaba a ciudadanos de todo el país; simulaba ser un centro de atención bancario y extorsionaban.

Una bodega ubicada en la localidad de Fontibón, en Bogotá, escondía una sofisticada operación criminal que, bajo la apariencia de un centro de llamadas, se dedicaba presuntamente a engañar y extorsionar a ciudadanos de diferentes regiones del país.

Gracias a la información suministrada por la comunidad y a un operativo liderado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), las autoridades lograron desmantelar esta estructura delincuencial y capturar a cinco de sus presuntos integrantes.

La investigación reveló que los implicados se hacían pasar por funcionarios de reconocidas entidades financieras para contactar a sus víctimas y obtener información sensible, que posteriormente utilizaban para cometer extorsiones y hurtos mediante mecanismos informáticos.

Lo que parecía ser un inmueble común terminó convirtiéndose en el epicentro de una operación ilegal que, según las autoridades, generaba ganancias cercanas a los 200 millones de pesos semanales mediante fraudes telefónicos y delitos informáticos.

Las autoridades indicaron que la organización contaba con un esquema bien definido para ejecutar sus actividades ilícitas, pues los implicados utilizaban guiones previamente elaborados para convencer a las personas de que estaban siendo contactadas por representantes legítimos del sector financiero, logrando así acceder a datos personales y bancarios sensibles.

La magnitud de la operación quedó evidenciada durante el allanamiento. Los uniformados encontraron una amplia infraestructura tecnológica que habría sido utilizada para sostener las actividades fraudulentas.

Entre los elementos incautados figuran 48 teléfonos celulares, 322 tarjetas SIM de distintos operadores, cuatro módems con alta capacidad de conectividad y tres billeteras digitales que, según las autoridades, eran empleadas para recibir y dispersar el dinero producto de las extorsiones y hurtos.

Además, los investigadores hallaron motocicletas eléctricas, bases de datos físicas con información personal de ciudadanos de diferentes regiones del país y documentos con los libretos que presuntamente utilizaban para ejecutar las llamadas fraudulentas.

“Se dejan a disposición de la Fiscalía General de la Nación cinco personas por el delito de concierto para delinquir, extorsión, violación de datos personales, suplantación de sitios web para capturar datos y hurto por medios informáticos.

Asimismo, se incautaron cuarenta y ocho celulares, cuatro módem, trescientas veintidós sim card, dos motocicletas eléctricas, tres llaves o billeteras digitales donde recibían el dinero producto de las exigencias económicas. Asimismo, se encontraron listados de información de personas y ciudadanos a nivel nacional”, afirmó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según las autoridades, la investigación continúa para establecer el alcance total de la estructura delincuencial e identificar a otros posibles integrantes que habrían participado en esta red de fraude y extorsión.

Los elementos tecnológicos decomisados serán sometidos a análisis forense con el fin de determinar el número de víctimas afectadas y rastrear el destino de los recursos obtenidos ilícitamente.

El caso también volvió a poner sobre la mesa la importancia de las denuncias ciudadanas en la lucha contra el crimen organizado.

De acuerdo con la Policía, la información suministrada por la comunidad fue determinante para detectar las actividades irregulares que se desarrollaban en el interior del inmueble y actuar antes de que más personas fueran afectadas.

*La víctima fue identificada como Francisco Javier Jaimes Angarita.Foto: Policía

Un integrante de la Policía Nacional perdió la vida en medio de una operación adelantada contra integrantes de la subestructura Ferney Antonio López del Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Ocaña, en Norte de Santander.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se registró hacia las 6:40 de la mañana durante el desarrollo de la operación denominada “Gevurah”, que se ejecuta en el marco de la Operación Esparta, en la vereda Pueblo Nuevo.

La víctima fue identificada como Francisco Javier Jaimes Angarita, integrante del Grupo de Operaciones Especiales Rurales (GOER), quien falleció mientras participaba en las maniobras operacionales dirigidas contra miembros de la estructura armada ilegal.

En medio de este operativo, tres integrantes del grupo armado fueron dados de baja y las acciones continúan en ese territorio por parte de las autoridades.

Jaimes Angarita era oriundo del corregimiento de Las Palmeras, Norte de Santander; llevaba cuatro años de servicio en la Institución y deja esposa y dos hijos. Las autoridades expresaron sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados del uniformado, mientras continúan las operaciones en la zona para contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales que delinquen en la región.

*Las autoridades ofrecen una recompensa de $100 millones para quien entregue información sobre los responsables del asesinato del comunicador. Contaba con medidas de protección de la UNP.

El periodista Cristian Herrera, corresponsal en Norte de Santander e integrante del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), fue asesinado en la tarde de este sábado en la ciudad de Cúcuta.

Un hombre armado disparó en varias oportunidades contra la integridad de Herrera mientras este ingresaba a su vivienda ubicada en el barrio Quinta Oriental.

Las autoridades rechazaron el hecho, al tiempo que informaron sobre una recompensa de $100 millones para quien entregue información sobre los responsables del asesinato del comunicador.

Asimismo, la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta y la Policía Nacional informaron que serán desplegadas todas las capacidades para capturar a los delincuentes que asesinaron al periodista.

La FLIP también se pronunció sobre este hecho y expresó total rechazo a la violencia que ha venido hostigando al gremio de periodistas.

“Hoy el periodismo colombiano nuevamente está de luto. Nos duele profundamente el asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta. Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable para sus seres queridos, para el periodismo y para la democracia”, dijo la Fundación.

Precisó que Herrera había denunciado recientemente hechos de corrupción y problemáticas de orden público en la ciudad.

“Desde la FLIP estamos documentando el caso y haciendo seguimiento a la situación”, mencionó la Fundación para la Libertad de Prensa.

A su turno, la Defensoría del Pueblo lamentó lo sucedido con el periodista y expresó solidaridad para con la familia del comunicador y sus seres queridos.

El Ministerio Público mencionó que Cristian dedicó su trabajo a informar sobre temas relacionados con impunidad, crimen organizado, corrupción y la situación del Catatumbo.

Indicó que su labor permitió visibilizar realidades, denunciar a los responsables de entramados de violencia y corrupción y garantizar el derecho ciudadano a estar informado.

“La vida de Cristian se puso en riesgo y le terminó costando la vida debido a su oficio. Esto, a pesar de que contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que no lograron evitar su asesinato. No vamos a permitir que este hecho quede en la impunidad”, apuntó la Defensoría.