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Otra invasión en el Bajo Cauca antioqueño: 2.000 familias se tomaron dos predios en Zaragoza

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Un grupo de por lo menos 2.000 familias levantó dos nuevos barrios de invasión en plena zona urbana de Zaragoza. En una ola urbanizadora que ha reavivado nuevamente las tensiones en el Bajo Cauca antioqueño, mientras los propietarios de los predios afectados ya tienen en mano resoluciones de desalojo con las que buscan recuperar sus tierras, los ocupantes argumentan no tener a donde ir y piden, con la vista puesta en lo ocurrido en casos como el de Caucasia, ser escuchados por las autoridades para tener una solución.

A pesar de la existencia de esas dos resoluciones, el gobierno municipal señala que por ahora no hay ningún desalojo previsto, muchos de los moradores temen que en cualquier momento la Fuerza Pública se aparezca de sorpresa para sacarlos a las malas.

Según cuentan los habitantes locales, las primeras casas que dieron forma a la invasión comenzaron a levantarse entre septiembre y octubre del año pasado, cuando la atención del municipio estaba volcada en las elecciones territoriales.

Los dos terrenos en cuestión están ubicados en la zona central, uno cerca al antiguo basurero municipal, por la vía a Segovia, y el otro en una finca que pertenece al exalcalde Víctor Darío Perlaza Hinestroza.

Jennifer Nastacuas, una de las líderes de las familias que se han asentado en esas zonas, sostiene que la mayor parte de la gente comenzó a llegar a esos terrenos por cuenta de los embates que dejó la última ola invernal, recordada como una de las más severas de los últimos 40 años.

Cabe recordar que el pasado 24 de noviembre de 2023, las fuertes lluvias ocasionaron el desbordamiento de las quebradas Oca, Juan Vara y el mismo río Nechí, dejando un saldo inicial de por lo menos 100 familias con sus casas inundadas y unas 1.000 personas damnificadas.

A pesar de que en Caucasia el Gobierno Nacional ya ha dicho estar estudiando soluciones, el caso de Zaragoza puede ser problemático por varias razones.

Así lo advierte por ejemplo el nuevo alcalde de Zaragoza, Andrés Emilio Luján Monroy, señalando que, dado que los dos predios en cuestión son de privados, el primer avance para una eventual entrega debe necesariamente pasar por que ellos quieran vender.

El mandatario local explica que cuando se produjo el cambio de gobierno ya estaban cursando dos querellas civiles de policía, que en enero se concretaron en dos resoluciones de desalojo.

Pese a la vigencia de esos dos documentos, Luján enfatiza en que el municipio está siendo cuidadoso en respetar una reciente sentencia unificatoria proferida por la Corte Constitucional, que ordena hacer una caracterización antes de cualquier decisión.

Aunque Luján no rechaza la búsqueda de una solución para los ocupantes, enfatiza en que el municipio no tiene presupuesto para embarcarse en la compra de esos terrenos y que una tarea de ese tipo tendría que pasar por entidades del orden nacional.

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Condenado a 43 años y 6 meses de prisión el asesino de un periodista en Sucre

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*El crimen sucedió el 24 de enero de 2024 en la casa del comunicador.

Un juez condenó a 43 años y 6 meses de cárcel a un hombre por el asesinato del periodista Mardonio Mejía Mendoza, perpetrado el 24 de enero de 2024 en el departamento de Sucre, informó este lunes la Fiscalía.

Mejía, quien dirigía la emisora Sonora Estéreo y cubría la actualidad del municipio de San Pedro, en Sucre, fue atacado a tiros por la espalda en su vivienda, que también servía como sede de su trabajo. Tras el atentado, fue trasladado a un hospital de la zona, donde falleció poco después.

Por ese crimen, la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía determinó que Ledinwint Yesith Díaz Mercado, «en compañía de otra persona, ingresó armado al inmueble donde estaba la víctima (…) ubicó al comunicador y, aprovechando que estaba de espaldas, le propinó varios disparos».

Varios videos de cámaras de seguridad mostraron que Díaz Mercado y su cómplice vigilaron previamente al periodista hasta encontrar «el momento exacto» para ingresar a su domicilio y perpetrar el ataque.

El asesino fue sentenciado por los delitos de «homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones», agregó el ente acusador.

Mardonio Mejía era un reconocido periodista de Sucre, con 25 años de experiencia, que conducía el programa ‘Amanecer campesino’ en el que informaba sobre temas de seguridad, política y ganadería, ya que también era miembro de la Federación de Ganaderos de San Pedro.

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Dos muertos y siete heridos dejó violenta riña entre comunidad y Policía en Valledupar

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La Policía informó que fue abierta una indagación preliminar para “establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron estos hechos”.

Mientras en gran parte de Valledupar habitantes y turistas disfrutaban de uno de los últimos días del Festival Vallenato, en un sector conocido como Torres de Nando Marín se reportó en la madrugada de este sábado un violento enfrentamiento entre la comunidad y la Policía que le quitó la vida a dos personas y dejó heridas a otras siete, entre los que destacan tres uniformados.

Según reportes iniciales, a las autoridades llegó el aviso de un hombre armado que estaba a las afueras de un negocio. Por lo que, rodeando la zona, la persona, al parecer, no solo se negó a un registro personal sino que se abalanzó contra los uniformados junto con otros allegados para herirlos con disparos y piedras. La escena causó desesperación en los varios presentes que no tenían nada que ver con lo ocurrido y tuvieron que correr para resguardarse del peligro.

“De acuerdo con la información preliminar, siendo aproximadamente las 02:55 de la madrugada, patrullas de vigilancia atendieron un requerimiento ciudadano, en el cual se alertaba sobre la presencia de un individuo, presuntamente, armado en las inmediaciones de un establecimiento abierto al público”, se puede leer en un comunicado de la Policía.

“Al llegar al lugar, los uniformados intentaron realizar un procedimiento de registro a persona a un ciudadano que coincidía con las características reportadas; sin embargo, esta se negó al procedimiento y, con el apoyo de varios acompañantes, incitó una reacción violenta contra los policías mediante el uso de armas de fuego y el lanzamiento de objetos contundentes, generando un escenario de alta tensión que obligó al uso legítimo y proporcional de la fuerza para restablecer el orden y salvaguardar la vida e integridad de las personas”, agregó.

De los dos subintendentes de la Policía y el patrullero que resultaron heridos; uno de ellos registra un disparo y los otros dos cuentan con laceraciones y contusiones. El resto de lesionados también está bajo observación médica en el municipio.

Los actos urgentes fueron asumidos por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), entidad que realizó la inspección técnica al lugar de los hechos y la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física.

Asimismo, la Policía informó que fue abierta una indagación preliminar “con el fin de garantizar la transparencia institucional y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron estos hechos”.

“La institución reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el mantenimiento del orden público, al tiempo que hace un llamado a la ciudadanía para dirimir los conflictos por vías pacíficas y legales”, concluye la comunicación.

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Insólito: carro que impone fotomultas no está al día con el pago del impuesto de placas

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En el municipio de Fundación, Magdalena, una nueva controversia rodea el sistema de fotodetección de infracciones, luego de que un ciudadano demostrara haber consultado en plataformas el estado del vehículo de fotodetección asociado a la empresa SOPREMAVI, utilizado como carro de fotomultas.

Según dicha verificación ciudadana, el automotor a la fecha, está en mora en el pago del impuesto de porte de placas durante los años 2024, 2025 e incluso 2026, lo que ha generado indignación y fuertes cuestionamientos en la comunidad.

La crítica ciudadana se centra en lo que consideran una contradicción evidente, ya que mientras el organismo de tránsito continúa aplicando embargos y medidas de cobro coercitivo a más de 5 mil conductores por comparendos e impuestos asociados al tránsito, surgen datos claros sobre el cumplimiento de obligaciones básicas por parte de su aliado y socio Sopremavi, del vehículo que opera el sistema.

Habitantes señalan que resulta incoherente la rigurosidad en el cobro a los ciudadanos, mientras existen irregularidades en el estado tributario del vehículo encargado de la fotodetección.

De acuerdo con la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), todo vehículo que circule en el territorio nacional debe cumplir con las obligaciones legales vigentes para su movilización, incluyendo el pago de impuestos, tasas y derechos establecidos por las autoridades competentes.

Obviamemente, no existirá pronunciamiento oficial que confirme o desvirtúe esta versión ni de Intrafun y mucho menos de Sopremavi, pero lo que si está claro, es que esos valores y eso años de mora, no serán pagados y muy seguramente serán borrados del sistema.

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