Un grupo de por lo menos 2.000 familias levantó dos nuevos barrios de invasión en plena zona urbana de Zaragoza. En una ola urbanizadora que ha reavivado nuevamente las tensiones en el Bajo Cauca antioqueño, mientras los propietarios de los predios afectados ya tienen en mano resoluciones de desalojo con las que buscan recuperar sus tierras, los ocupantes argumentan no tener a donde ir y piden, con la vista puesta en lo ocurrido en casos como el de Caucasia, ser escuchados por las autoridades para tener una solución.
A pesar de la existencia de esas dos resoluciones, el gobierno municipal señala que por ahora no hay ningún desalojo previsto, muchos de los moradores temen que en cualquier momento la Fuerza Pública se aparezca de sorpresa para sacarlos a las malas.
Según cuentan los habitantes locales, las primeras casas que dieron forma a la invasión comenzaron a levantarse entre septiembre y octubre del año pasado, cuando la atención del municipio estaba volcada en las elecciones territoriales.
Los dos terrenos en cuestión están ubicados en la zona central, uno cerca al antiguo basurero municipal, por la vía a Segovia, y el otro en una finca que pertenece al exalcalde Víctor Darío Perlaza Hinestroza.
Jennifer Nastacuas, una de las líderes de las familias que se han asentado en esas zonas, sostiene que la mayor parte de la gente comenzó a llegar a esos terrenos por cuenta de los embates que dejó la última ola invernal, recordada como una de las más severas de los últimos 40 años.
Cabe recordar que el pasado 24 de noviembre de 2023, las fuertes lluvias ocasionaron el desbordamiento de las quebradas Oca, Juan Vara y el mismo río Nechí, dejando un saldo inicial de por lo menos 100 familias con sus casas inundadas y unas 1.000 personas damnificadas.
A pesar de que en Caucasia el Gobierno Nacional ya ha dicho estar estudiando soluciones, el caso de Zaragoza puede ser problemático por varias razones.
Así lo advierte por ejemplo el nuevo alcalde de Zaragoza, Andrés Emilio Luján Monroy, señalando que, dado que los dos predios en cuestión son de privados, el primer avance para una eventual entrega debe necesariamente pasar por que ellos quieran vender.
El mandatario local explica que cuando se produjo el cambio de gobierno ya estaban cursando dos querellas civiles de policía, que en enero se concretaron en dos resoluciones de desalojo.
Pese a la vigencia de esos dos documentos, Luján enfatiza en que el municipio está siendo cuidadoso en respetar una reciente sentencia unificatoria proferida por la Corte Constitucional, que ordena hacer una caracterización antes de cualquier decisión.
Aunque Luján no rechaza la búsqueda de una solución para los ocupantes, enfatiza en que el municipio no tiene presupuesto para embarcarse en la compra de esos terrenos y que una tarea de ese tipo tendría que pasar por entidades del orden nacional.
