*Pobladores de la vereda El Recuerdo permanecen ocultos en viviendas y salones comunales tras el inicio de operaciones militares.

El enfrentamiento armado entre tropas del Ejército Nacional y disidencias de las Farc provocó el confinamiento masivo de la población rural en el municipio de El Tambo, Cauca, generando una nueva crisis de orden público en la región.

El epicentro de los combates se ubica en la vereda El Recuerdo, cerca al cerro de Santana, donde la presencia de estructuras armadas ilegales mantiene en vilo a la comunidad campesina desde las primeras horas del domingo 9 de agosto.

Confinamiento masivo y tensión en El Recuerdo

La operación incluiría apoyo de artillería y aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Según fuentes militares, la situación se mantiene en desarrollo y recomiendan a las comunidades cercanas permanecer en lugares seguros, evitar desplazamientos hacia la zona y atender las recomendaciones de las autoridades.

Las familias de la vereda El Recuerdo, en el municipio de El Tambo, permanecen encerradas en sus viviendas ante los intensos intercambios de disparos y explosiones. Según lo reportado por los propios pobladores en redes sociales, los habitantes se resguardan en casas y salones comunales, temiendo quedar atrapados en medio del fuego cruzado.

“Aquí nos estamos refugiando donde la vecina, y somos muchos, estamos con niños, con jóvenes, refugiándonos del combate”, se escucha decir a un residente en uno de los videos difundidos.

De acuerdo con las autoridades y versiones extraoficiales, el enfrentamiento involucra a tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional y al frente Jaime Martínez, una de las disidencias más activas  bajo el mando de alias Iván Mordisco. La confrontación se desarrolla en inmediaciones del cerro de Santana, donde se encuentra un radar de la Aerocivil que resulta estratégico para el control aéreo del suroccidente colombiano.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a prevenir una escalada de la violencia en el país, luego de los ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos registrados entre el 7 y el 8 de agosto en diferentes departamentos, en el marco de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. Los hechos se concentraron principalmente en Cauca y Nariño, aunque también se reportaron eventos en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.

Estos hechos estuvieron dirigidos principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos. Sin embargo, la entidad aclaró que la información disponible no permite afirmar que se trate de una ofensiva nacional coordinada. La Defensoría atribuyó el escenario a dinámicas territoriales y a la actuación de distintos actores, en medio de la fragmentación de las estructuras armadas.

La preocupación de la Defensoría está también relacionada con el impacto de estas acciones sobre la población civil. Algunos de los hechos se registraron en cabeceras municipales o cerca de viviendas, establecimientos comerciales y vías de uso cotidiano, lo que ha generado afectaciones a civiles y restricciones a la movilidad. El organismo advirtió, además, sobre el uso reiterado de drones y artefactos explosivos, modalidades que ya habían sido advertidas por su Sistema de Alertas Tempranas y que están modificando las condiciones de la confrontación armada en diferentes territorios.

Ante este panorama, la Defensoría recordó a los grupos armados ilegales que la población civil no puede ser puesta en riesgo y exigió el respeto de los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos por el derecho internacional humanitario. También pidió abstenerse de realizar acciones que puedan generar efectos indiscriminados y cesar cualquier conducta que afecte la vida, la integridad, la movilidad y los demás derechos de las comunidades.

El organismo hizo, además, un llamado al nuevo Gobierno a fortalecer, desde sus primeros días, una respuesta estatal integral que combine las acciones de seguridad con medidas de prevención y protección de las comunidades. La Defensoría indicó que las capacidades institucionales existentes, junto con las advertencias territoriales y las recomendaciones de su Sistema de Alertas Tempranas, pueden contribuir a anticipar escenarios de riesgo y orientar respuestas diferenciadas.

*El presidente de Asoproctax aseguró que varias de las medidas presentadas por el Gobierno como novedades ya existían y cuestionó los cobros relacionados con la Planilla de Viaje Ocasional.

El nuevo decreto que modifica las reglas para el servicio público de transporte individual en Colombia generó cuestionamientos entre representantes del sector de los taxistas. Hugo Ospina, presidente de Asoproctax, criticó varias de las disposiciones incluidas en el Decreto 1001 de 2026 y aseguró que algunas ya habían sido establecidas en normas anteriores.

Uno de sus principales reparos está relacionado con la Planilla de Viaje Ocasional. Ospina recordó que el Consejo de Estado declaró nulo el artículo 22 del Decreto 3366 de 2003 y sostuvo que, a partir de esa decisión, quedaron sin efecto varias exigencias relacionadas con la operación de los taxis.

El dirigente aseguró que durante las reuniones con el Ministerio de Transporte pidió que esas exigencias no fueran incorporadas nuevamente.

“Yo les solicité a la ministra que se abstuviera de volver a exigir la planilla de viajes, la tarjeta de control y los documentos que soportan la operación del vehículo”, señaló.

Ospina también cuestionó que el nuevo decreto presente como un avance la eliminación de la planilla para determinados desplazamientos entre municipios contiguos. Según el vocero, esta medida ya estaba contemplada desde años atrás.

Otro de sus cuestionamientos está relacionado con el costo de las planillas. “Si la empresa va a pedir la planilla de viajes, el Ministerio le dice, sí señor, vale 10.000 pesos la planilla, ¿la quiere? Pero si usted está diciendo que no tiene ningún costo, entonces, ¿por qué me la cobra?”, cuestionó. El dirigente gremial sí destacó como positivo la eliminación del paz y salvo para los trámites relacionados con los vehículos.

“Eso sí, gracias a la intervención nuestra se eliminó ese requisito. Es lo único que yo resalto de este decreto”, afirmó.

Finalmente, Ospina lanzó una dura crítica contra la gestión de la exministra de Transporte y calificó el Decreto 1001 de 2026 como “un adefesio”.

Además, sostuvo que la nueva reglamentación constituye, según su interpretación, un “fraude a resolución judicial”, al considerar que reproduce disposiciones que habían sido anuladas por el Consejo de Estado.

“El artículo 243 de la Constitución Política Nacional dice que los fallos de las cortes y de los tribunales son de obligatorio cumplimiento, y ninguna autoridad puede reproducir leyes que fueran declaradas nulas por los jueces de la República”, manifestó.