Miles de colombianos ven vulnerados sus derechos en salud y, en muchos casos, no saben qué hacer ni a quién acudir.

¿Su EPS no le entrega los medicamentos pendientes? ¿Le niegan los viáticos para trasladarse a otra ciudad donde fue remitido a una consulta, examen o procedimiento? ¿No autorizan un cuidador domiciliario para un familiar que requiere atención permanente? ¿Le cambiaron de EPS sin su consentimiento? ¿Le niegan tratamientos, procedimientos o servicios ordenados por el médico?

Lo invitamos a seguir la página «La Voz del Paciente», un espacio creado para Asesorar a los desprotegidos usuarios del sistema de salud colombiano en la defensa de sus derechos.

Ahí le dirán cómo actuar frente a las irregularidades y así adelantar de inmediato, las acciones legales que correspondan.

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En el consejo de ministros que se llevó a cabo en la noche del martes, 16 de junio, Wilmar Mejía, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dijo que, tras hacer una investigación, su equipo encontró una serie de hallazgos que, según él, muestran que ha habido “un entramado criminal al interior de sistema de salud, que tiene que ver con una de las EPS más importantes del país, que agrupa a 3,5 millones de colombianos”.

Aunque no dio el nombre de la EPS a la que se refería, pues el miércoles presentará la denuncia formal con sus hallazgos ante la Fiscalía General, aseguró que es una red en la que participan 168 actores en un “mecanismo que ocultó pasivos de EPS” y en el que hubo una “triangulación financiera”.

Mejía afirmó tener un informe de inteligencia de cerca de 130 páginas que detalla con nombre propio a las personas que, supuestamente, han participado de ese “entramado” en el que, además, hay 17 IPS (como clínicas y hospitales).

El funcionario dijo que también tienen identificados a sus representantes legales principales y suplentes, así como a sus juntas directivas.

De igual manera, el director de la UIAF señaló que hay 43 personas jurídicas que están dentro de esa supuesta red y tres entidades financieras, a las cuales prefirió no nombrar hasta que su denuncia esté en manos de Fiscalía.

“Encontramos una unión temporal que facilita estas operaciones. Tenemos un grafo que da cuenta de cómo tres personas lograron crear de manera indebida una integración vertical que no es ilegal, pero sí indebida, que facilita el desfalco. Hablamos de personas naturales que crearon un conglomerado de empresas que eran controladas de manera estratégica para mover recursos de EPS a IPS, y de estas a cuentas en Colombia y en el extranjero. Hay hallazgos con los que la DIAN puede actuar y con los que la Fiscalía puede actuar con contundencia”, detalló Mejía en el Consejo de ministros.

De acuerdo con su presentación, tiene pruebas de que pudo haber, entre otros delitos, presunto peculado por apropiación, presunto lavado de activos, presunto enriquecimiento ilícito de personas naturales y jurídicas, presunta falsedad procesal y presunto concierto para delinquir para “desfalcar al sistema de salud”.

*La Secretaría de Salud de la Alcaldía señaló que en estos lugares hacían procedimientos invasivos sin contar con los permisos ni las condiciones sanitarias.

Un duro golpe a la ilegalidad dio el Distrito contra establecimientos que en la capital del Atlántico prestaban servicios estéticos invasivos sin estar debidamente autorizados.

Según informó la Secretaría de Salud, gracias a denuncias de la comunidad se desarrollaron varios operativos en los que se logró el cierre de 8 lugares en la capital del Atlántico en los que se venían realizando estos procedimientos para los que no estaban registrados, no contaban con el personal calificado, los permisos, las medidas de bioseguridad y las condiciones sanitarias.

La secretaria de Salud, Stephanie Araujo, contó que estos centros de estética, spas y consultorios ofrecían tratamientos corporales invasivos, aplicaban sustancias y realizaban procedimientos estéticos.

La funcionaria advirtió que “antes de que una persona se practique cualquier procedimiento estético invasivo, debe consultar en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud si el lugar es una institución prestadora calificada y si el profesional está certificado”.

Adicionalmente, “se debe consultar en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud del Ministerio”, que los profesionales que están al frente de los procedimientos invasivos o quirúrgicos están autorizados para ejercer en el sector.

Araújo recalcó que los “centros de estética, peluquerías o establecimientos de belleza no están autorizados para realizar procedimientos invasivos como liposucciones, lipólisis láser, aplicación de sueros u otras intervenciones quirúrgicas. Tampoco se pueden llevar a cabo estos procedimientos en consultorios ni mucho menos en casas o apartamentos”.

Entre 2024 y lo que va de 2026, se han realizado 33 intervenciones a establecimientos que realizaban procedimientos estéticos de tipo invasivo que no contaban con los permisos adecuados.