*Jhorman David Mora Silva y Cristian Camilo González Ardila admitieron su participación en actos previos y posteriores a la ejecución del ataque armado.

En atención a las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, Jhorman David Mora Silva, alias Caleño, y Cristian Camilo González Ardila reconocieron mediante preacuerdo su participación en las labores de planeación y logística del magnicidio del precandidato presidencial y exsenador Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Una juez penal especializada avaló la negociación judicial, tras constatar que las sanciones acordadas se ajustan a la normatividad vigente, y condenó a Mora Silva a 15 años y 8 meses de prisión, y a González Ardila a 11 años y 7 meses de prisión como responsables, de acuerdo con su participación individual, de los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; concierto para delinquir agravado, y uso de menores en la comisión de delitos.

Según la investigación adelantada por un grupo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Mora Silva contactó al joven que disparó contra la víctima. Además, el día del ataque sostuvo una videollamada con otros involucrados, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, durante la cual el adolescente recibió instrucciones precisas sobre el proceder criminal.

Por su parte, González Ardila se sumó al plan delictivo comprometiéndose a recoger en motocicleta al menor de edad que ejecutó el atentado, con el propósito de facilitar su huida.

Como parte de esta labor, recibió una transferencia de dinero destinada a cubrir el combustible del vehículo y desplazarse hasta el punto acordado. No obstante, el joven fue interceptado durante su fuga por el esquema de protección del senador antes de llegar al sitio de encuentro.

Con las sentencias conocidas hoy, son siete las condenas en firme por el magnicidio del senador Uribe Turbay.

*Los hechos fueron descubiertos a partir de los análisis forenses practicados al bebé tras su muerte por causas ajenas a las conductas investigadas.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a un hombre como presunto responsable de someter en repetidas ocasiones a actos de violencia sexual a su hijo de 11 meses, en La Calera (Cundinamarca).

El caso se conoció luego de la muerte del niño, ocurrida el 29 de septiembre de 2025 como consecuencia de una enfermedad que, según la investigación, no estaría relacionada con las conductas sexuales objeto de la acusación.

Durante los procedimientos médico-forenses realizados al cuerpo, los especialistas encontraron signos de violencia sexual.

Los análisis indicaron, además, que el bebé habría sido sometido a este tipo de actos en ocasiones anteriores.

Entre los elementos probatorios obtenidos se encuentra una prueba de ADN que estableció un vínculo genético entre las evidencias recuperadas y el padre de la víctima. La investigación señala que el hombre habría aprovechado su condición de padre y el estado de indefensión del bebé para cometer las conductas investigadas.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad contra Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá lo acusó por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

*El procesado habría registrado actas fraudulentas con las que consiguió modificar los estatutos de las empresas y ser designado como representante legal.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jorge Camilo Gnecco Espinosa por su presunta
responsabilidad en la utilización de documentos falsos para asumir el control de dos sociedades familiares en Santa Marta (Magdalena).

De acuerdo con la investigación, tras el fallecimiento de su padre, Gnecco Espinosa habría elaborado y utilizado actas fraudulentas de supuestas juntas extraordinarias realizadas en enero de 2011, sin la participación ni convocatoria de su madre, quien para entonces era socia gestora de las dos empresas.

Los elementos recopilados indican que las actas habrían sido registradas ante la Cámara de Comercio de Santa Marta y utilizadas para transformar las sociedades en comandita en sociedades por acciones simplificadas, modificar sus estatutos y designar al procesado como gerente y representante legal.

Con estas actuaciones habría excluido a su madre de la administración y afectado sus intereses económicos, así como los de sus hermanas, quienes para la época de los hechos eran menores de edad.

La investigación también estableció que, para las fechas en las que supuestamente se realizaron las reuniones, la madre se encontraba en Bogotá y el hoy imputado estaría fuer del país, circunstancias que fueron tenidas en cuenta durante las labores investigativas.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Seccional Bogotá lo imputó en contumacia por los delitos de obtención de documento público falso agravada por el uso, en concurso homogéneo y sucesivo; fraude procesal, en concurso homogéneo y sucesivo; y estafa agravada por la cuantía.