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Fiscalía

Judicializados presuntos integrantes de las disidencias involucrados en 14 homicidios

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Los elementos materiales de prueba recopilados por la Fiscalía General de la Nación permitieron documentar y dar con los posibles responsables de 14 homicidios selectivos ocurridos entre agosto de 2023, y septiembre del año en curso, en Hobo, Campoalegre y Algeciras (Huila).

Se trata de Cristol Andrea Sánchez Uribe, alias La Negra o Wendy; Britny Juliet Cuellar Martínez, alias Derly; y Elmer Ronaldo Collazos Camayo, alias Churos. Una fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial imputó a estos tres presuntos integrantes de la estructura Iván Díaz de las disidencias de las Farc los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Alias La Negra también fue judicializada por terrorismo.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir una nueva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, en el entendido de que recientemente fueron capturados, judicializados y privados de la libertad por otros hechos delictivos.

Los crímenes que ahora se les atribuyen, en gran parte, estarían asociados a disputas que sostiene el grupo armado ilegal con distintas organizaciones criminales por el control de las rentas ilícitas. Asimismo, tendrían relación con un ejercicio de presión e intimidación sobre la población civil.

‘La Negra’, también habría participado en actos de terrorismo, como el lanzamiento de un artefacto explosivo contra una estación de servicio en Hobo, el 24 de agosto de 2023; y la incineración de un vehículo de transporte público intermunicipal, cuyo propietario recibía panfletos amenazantes a nombre de la estructura Iván Díaz.

Fiscalía

Golpe a red delictiva señalada de comercializar medicamentos adulterados contra graves enfermedades

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*Productos vencidos y en mal estado eran obtenidos en instituciones de salud, modificados en su apariencia, vendidos como originales por redes sociales y grupos de mensajería instantánea, y enviados a diferentes destinos del país, Venezuela y Ecuador.

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto a una red criminal señalada de comercializar a gran escala medicamentos adulterados para enfermedades de alta complejidad, poniendo en riesgo la vida y la salud de pacientes en Colombia y otros países de la región.

Los elementos materiales probatorios indican que productos farmacéuticos vencidos, descontinuados o en mal estado eran obtenidos en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), modificados en su apariencia para hacerlos pasar como originales y posteriormente ofrecidos y promocionados como tratamientos para el cáncer, el VIH, la diabetes, el lupus, la obesidad, los problemas hormonales y de crecimiento.

De igual manera, se conoció que el grupo delincuencial presuntamente contrató a una empresa de impresiones para falsificar los empaques y sellos, eliminar los registros caducados, poner fechas nuevas de expiración y lotes de fabricación.

Posteriormente, desde Cúcuta (Norte de Santander) comercializaba los medicamentos por redes sociales y grupos cerrados creados en sistemas de mensajería, y coordinaba su envío como encomiendas a diferentes ciudades del país, Venezuela y Ecuador. En la capital de Norte de Santander y su área metropolitana concentraban la distribución en droguerías de barrios y de manera informal a pacientes que buscaban medicamentos a menor costo.

En atención a los elementos materiales probatorios recopilados, 13 de los posibles integrantes de esta organización ilegal fueron capturados por servidores de Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en Bogotá, Cúcuta y Pelaya (Cesar). Un fiscal de la Unidad de Patrimonio Económico de la Seccional Norte de Santander los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, enajenación ilegal de medicamentos, usurpación de derechos de propiedad industrial, usurpación de derechos de propiedad intelectual y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Los cargos no fueron aceptados. Los procesados son el señalado cabecilla del entramado ilegal, Domingo Antonio Gutiérrez; y los presuntos encargados de la coordinación, comercialización y transporte, entre otros roles, identificados como María del Carmen González, Leonardo André Pineda Galvis, Miller Sáenz Valderrama, Johan Alexis Pérez Acevedo, Diana Carolina Ordoñez García, Jairo Andrés Sarabia Pérez, Miguel Ángel López Ordoñez, Jeimmy Carolina Sandoval Hoyos, Patricia Parra Díaz, Gerson Yovanni Leal García, Robinson David Corredor Díaz y Andrea Mariana Varenzuela Sevilla.

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Fiscalía

Fiscalía imputará a Indira Luz Barrios, exgobernadora de Arauca, por escándalo de regalías

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*Por estos hechos, la Fiscalía ya imputó cargos a nueve personas señaladas de integrar la estructura investigada.

La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia de imputación contra la Indira Luz Barrios, exgobernadora de Arauca, por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Las investigaciones se relacionan con obras de protección, alcantarillado pluvial y adecuación del relleno sanitario Brisas del Cravo, desarrolladas en los municipios de Arauca y Tame. Según la Fiscalía, las iniciativas superaron los 91.542 millones de pesos.

De acuerdo con el ente acusador, durante su administración habría sido designada como ejecutora la Asociación Regional de Municipios del Caribe, AREMCA, pese a que presuntamente no cumplía con los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos exigidos para administrar recursos provenientes de regalías.

El caso hace parte de una investigación más amplia sobre un presunto entramado de corrupción que, según la Fiscalía, habría utilizado figuras asociativas de municipios para direccionar contratos financiados con dineros públicos del Sistema General de Regalías.

Por estos hechos, la Fiscalía ya imputó cargos a nueve personas señaladas de integrar la estructura investigada. El ente acusador sostiene que, a través de este esquema, habrían sido direccionados aproximadamente 101 proyectos por una cuantía superior a los 496.000 millones de pesos.

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Fiscalía

Entregan a víctimas un bien avaluado en $17 mil millones vinculado a empresarios paramilitares

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*El inmueble fue adquirido mediante la intimidación armada y el desplazamiento masivo de comunidades afrodescendientes e indígenas por parte de los grupos paramilitares, y utilizado para impulsar cultivos de palma de aceite en la región del Bajo Atrato.

La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Persecución de Bienes, entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas un predio ubicado en zona rural de Santa Marta (Magdalena), que haría parte del patrimonio de Carlos Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero, condenados por nexos con algunos de los cabecillas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Vicente Castaño Gil.

El inmueble, avaluado preliminarmente en 17.000 millones de pesos, estaba a nombre de una sociedad constituida inicialmente por los hermanos Zúñiga Caballero, y su origen tendría relación con las actividades ilícitas que se les atribuyeron.

De acuerdo con las evidencias obtenidas, las estructuras paramilitares con injerencia en Chocó intimidaron y desplazaron de manera forzada a las comunidades indígenas y afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, y de otras zonas de la región del Bajo Atrato, las despojaron de sus tierras y permitieron que empresarios, como los hermanos Zúñiga Caballero, desarrollaran proyectos agroindustriales de palma.

Por petición de la Fiscalía y en atención a los argumentos presentados, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín (Antioquia) impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el bien identificado.

En ese sentido, pasa a contribuir a los procesos de reparación integral de las personas afectadas por el conflicto armado.

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