La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Andrés Camilo Sotelo Torres, como presunto responsable de atacar con un arma de fuego y ocasionarle la muerte a Juan Felipe Rincón Morales, hijo del Inspector General de la Policía, el pasado 24 de noviembre en el barrio Quiroga, en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

En ese sentido, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio doloso agravado; y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. Los cargos no fueron aceptados.

Los elementos de prueba obtenidos por un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que la víctima habría llegado al sector y fue interceptada por varias personas, entre ellas Sotelo Torres, quien en medio de una discusión y en un acto de intolerancia, al parecer, le disparó con un revólver.

El señalado agresor resultó herido en una de las piernas, producto de la reacción del escolta del joven. En las próximas horas será sometido a una cirugía, por lo que el juez de control de garantías suspendió la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento mientras se cumple el procedimiento y se garantiza su recuperación.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo una condena de 40 años de prisión contra Kalet Antonio Portacio Roa, por su responsabilidad en el asesinato de un niño de 12 años en Soledad (Atlántico).

Los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron la noche del 29 de noviembre de 2023, entre los barrios Villa Karla y Villa Zambrano. La víctima de 12 años, jugaba fútbol con otros niños en la calle cuando Portacio, quien era perseguido por varias personas, lo atacó con un arma blanca para abrirse paso y continuar su huida. El menor fue trasladado a un hospital, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

Información proporcionada por la comunidad, permitió que fuera capturado minutos después en una zona enmontada cerca del lugar de los hechos.

Las pruebas presentadas por una fiscal de la Seccional Atlántico permitieron establecer la responsabilidad penal de Portacio en el crimen, lo que llevó a que fuera encontrado responsable del delito de homicidio agravado.

La modernización de las aulas de clase de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), uno de los objetivos previstos en un contrato suscrito en junio de 2021, no se cumplió como estaba previsto. La Fiscalía General de la Nación identificó varias irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del proyecto, por lo que fueron capturados y judicializados cuatro de los presuntos involucrados.

Un fiscal de la Seccional Chocó presentó ante un juez de control de garantías al exrector del centro educativo, David Emilio Mosquera Valencia; al jefe de Sistemas y Soporte Técnico, Yunner Eduard Moreno Córdoba, al jefe de Contratación, Leiser Córdoba Mena; y al representante legal de la empresa que asumió el contrato, Francis Yoximar Palacios Sánchez.

El rector y los funcionarios fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Mientras que el contratista fue vinculado por los delitos de peculado por apropiación a favor propio y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Ninguno de los procesados aceptó cargos.

La investigación

El 21 de junio de 2021, fue celebrado un contrato para el fortalecimiento de herramientas tecnológicas en las aulas de clase de la sede principal de la UTCH, por un valor de 1.250 millones de pesos, en medio de múltiples anomalías y omisiones a la ley de contratación.

Moreno Córdoba elaboró los estudios técnicos previos, que abarcaban las condiciones técnicas, plazo de ejecución y valores estimados. Además, se encargó de la supervisión e interventoría. Por su parte, Córdoba Mena asumió lo relacionado con la convocatoria de oferentes. Sin embargo, dicha licitación no se realizó y fue declarada desierta.

Los elementos de prueba indican que no se aplicó el mecanismo adecuado de invitación pública, y se desconocieron los principios de planeación y selección objetiva, transparente, legal e imparcial. En ese sentido, el contrato habría sido direccionado para que quedara en manos de una empresa específica.

Palacios Sánchez, al parecer, permitió que se adjudicara el contrato, consciente de los antecedes que viciaban el proceso. Por su parte, Mosquera Valencia, como rector y representante legal de la universidad, firmó y avaló toda la documentación que respaldaba la contratación.

La investigación permitió conocer que el 31 de agosto de 2021, Moreno Córdoba certificó al contratista el 15,8% de avance de obra, sin que existiera un soporte verídico. Sin embargo, se autorizó un desembolso de algo más de 600 millones de pesos.

Posteriormente, a través de la Resolución 4114 de septiembre de 2021, se realizó una adición presupuestal al proyecto por 300 millones de pesos, la cual no estuvo debidamente justificada ni planeada con anticipación. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los investigados. Se espera el pronunciamiento del juez de control de garantías.