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Judicial

JEP dignificó el nombre de un menor víctima de ‘falso positivo’

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*Hace 18 años fue presentado por el Ejército como “guerrillero abatido en combate”, en Cesar.

Víctor Manuel Mendoza Ospino tenía 17 años cuando un hombre les ofreció a él y a su amigo Darwin David Aragón Granados realizar un supuesto trabajo de albañilería.

La oferta laboral, sin embargo, fue un engaño. El 30 de abril de 2008, Víctor Manuel fue asesinado en la vereda La Honda, sector El Cairo, en el municipio de Pueblo Bello, Cesar, junto con Darwin David. Sus muertes fueron presentadas como resultado de un falso enfrentamiento armado con tropas adscritas al Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, una versión que durante años manchó los nombres de ambos jóvenes y los de sus familias.

Desde mayo de 2008, los familiares de Víctor denunciaron su desaparición ante la Fiscalía General de la Nación. En agosto de ese año, una de sus hermanas reconoció su cuerpo a partir de fotografías y prendas de vestir, y la familia recibió el cuerpo de Víctor en medio de una investigación basada en la versión falsa de que su muerte estaba asociada a actividades con grupos armados. Su cuerpo fue alojado en una bóveda del Parque Cementerio Inversiones y Planes de la Paz Norte, en Barranquilla.

No obstante, en 2025, representantes judiciales de la familia enviaron una solicitud a la JEP para que ordenara a dicho cementerio que se abstuviera de exhumar el cuerpo de Víctor como consecuencia de una deuda de la familia en los pagos de la permanencia del cuerpo en la bóveda.

El despacho del magistrado José Miller Hormiga Sánchez, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, entró a mediar en esta solicitud en vista de que lleva los procesos de cinco comparecientes no seleccionados como máximos responsables que estuvieron involucrados en el asesinato de Víctor Mendoza. Como parte del cumplimiento del régimen de condicionalidad, los comparecientes acordaron pagar la deuda económica de la familia Mendoza con el cementerio. Con el pago de esa deuda, se abrió la posibilidad de que el cuerpo de Víctor pudiera ser ubicado en un osario a perpetuidad.

Para lograr esta gestión, la Sala de Definición convocó reuniones entre la familia Mendoza, la Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) con el fin de disponer las ayudas humanitarias y administrativas necesarias para que el cuerpo de Víctor fuera trasladado a un osario, en el marco de un acto que dignificara el buen nombre de la víctima y el de sus familiares. Esto, en atención a las condiciones en que esta familia recibió el cuerpo por parte de la justicia ordinaria “y la traumática situación que afronta al tener que exhumarlo para asegurar su destino final en condiciones dignas”, dicta la resolución que ordenó este acto de entrega.

Fue así como el pasado 22 de abril, en Barranquilla, en un acto simbólico lleno de sentidos recuerdos tras 18 años de este crimen, la familia Mendoza pudo garantizar un destino final para el cuerpo de Víctor Manuel Mendoza Ospino en un osario a perpetuidad, ubicado en el Parque Cementerio Inversiones y Planes de la Paz Norte.

Este acto de dignificación de Víctor Manuel fue posible luego de un proceso concertado con su familia que incluyó espacios previos de acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica, así como de coordinación y preparación interinstitucional, en el que se buscó garantizar condiciones acordes con los deseos de la familia y con su derecho a volver a despedir a Víctor de manera digna.

Víctor Manuel nunca fue una baja en combate

La Jurisdicción Especial para la Paz estableció que los asesinatos de Víctor Manuel Mendoza Ospino y Darwin David Aragón Granados, presentados ilegítimamente como bajas en combate, constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

El caso de Víctor Manuel no solo expone la gravedad de un asesinato cometido contra un adolescente, sino también el impacto de una narrativa oficial que lo señaló injustamente y que obligó a su familia a cargar con la pérdida y con la estigmatización. En el proceso relacionado con el Batallón ‘La Popa’, en el Caso 03, en marzo de 2025, la Sala de Reconocimiento llamó a reconocer responsabilidad a 28 comparecientes de la fuerza pública, al evidenciar que estos hechos hicieron parte de una práctica sistemática y no de un evento aislado, para presentar falsamente a civiles y a personas en estado de indefensión como resultados operacionales.

La JEP documentó que la entrega inicial del cuerpo de Víctor Manuel estuvo rodeada de sindicaciones y que, pese al avance de la justicia ordinaria, no se esclareció plenamente el hecho ni se reconoció la condición de civiles inocentes de quienes fueron asesinados.

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Muere mujer al recibir una fuerte descarga eléctrica en su casa, en Candelaria, Atlántico

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Una mujer, de 52 años de edad, murió al recibir una fuerte descarga eléctrica cuando se encontraba en su vivienda, en el barrio Nueva Candelaria II, en el municipio de Candelaria, en el sur del Atlántico. La víctima fue identificada por las autoridades como Never Regina Silvera Rodríguez.

“De acuerdo con la información preliminar, la mujer fue encontrada por su esposo en una de las habitaciones de la vivienda, con aparentes lesiones ocasionadas por una descarga eléctrica. Al lugar acudió personal médico del Hospital de Candelaria, cuyos profesionales confirmaron que la ciudadana no presentaba signos vitales”, aseguró la Policía de Atlántico.

Al parecer, la mujer habría recibido la descarga cuando intentaba encender un ventilador.

“La Policía Nacional expresa sus condolencias a los familiares y allegados de la fallecida e invita a la ciudadanía a revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de sus viviendas, evitar manipular conexiones en mal estado y adoptar medidas de prevención para evitar este tipo de situaciones”, puntualizó la Policía.

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Corte Suprema de Justicia deja en firme condena contra Santiago Uribe por caso de los 12 apóstoles

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*Con esta determinación, las autoridades judiciales explicaron que ya no existen más instancias legales ni recursos ordinarios a los que pueda recurrir la defensa del procesado para intentar revocar la decisión.

La Corte Suprema de justicia deja en firme la condena de Santiago Uribe, hermano del expresidente de Álvaro Uribe Vélez, por el caso de los 12 apóstoles. Tendría que cumplir 28 años de prisión. La decisión proferida por la Sala Civil y Agraria resolvió no dar paso a la tutela interpuesta por la defensa, dejando plenamente en firme el fallo que lo responsabiliza por la conformación de estructuras paramilitares y por la comisión de homicidios en el departamento de Antioquia a finales de la década de 1990.

A través de la revisión de una tutela, la sala examinó la solicitud del equipo defensor de Santiago Uribe Vélez, el cual buscaba impugnar y tumbar la sentencia que había sido dictada previamente por la Sala Penal del tribunal. Sin embargo, la resolución ratificó el fallo en su totalidad. Con esta determinación, las autoridades judiciales explicaron que ya no existen más instancias legales ni recursos ordinarios a los que pueda recurrir la defensa del procesado para intentar revocar la decisión.

De esta forma, la condena de 28 años de cárcel adquiere carácter final y ejecutorio por orden de los magistrados de la Corte.

Los hechos por los cuales fue juzgado y hallado culpable el empresario se desarrollaron principalmente en el norte del departamento de Antioquia. Las investigaciones judiciales determinaron que Santiago Uribe Vélez participó activamente en el liderazgo y articulación de la estructura armada al margen de la ley conocida como ‘Los 12 Apóstoles’.

Dicha agrupación paramilitar ejecutó múltiples homicidios y acciones violentas bajo la modalidad de «limpieza social» en diversos municipios de la región. Por estas conductas, la justicia lo halló penalmente responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

 

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Juez mexicano acusado de supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa es detenido en Bogotá

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La Policía colombiana, en coordinación con el FBI, detuvo en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá al ciudadano mexicano Luis Benítez Alcántara, alias El Juez, quien es requerido en extradición por Estados Unidos por supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa.

Benítez Alcántara fue retenido mediante una notificación roja de Interpol cuando se disponía a abordar un vuelo de regreso a Ciudad de México, informó la Policía en un comunicado.

El mexicano, quien se desempeñaba como juez en Ciudad de México y tenía a su cargo procesos de extradición, es acusado de nueve cargos, entre ellos “conspiración para distribuir, poseer y exportar cocaína y metanfetaminas, participación en una empresa criminal, asesinato y tentativa de asesinato”.

“Las labores investigativas permitieron establecer que, entre octubre de 2024 y febrero de 2025, Benítez Alcántara se valió de su investidura como juez federal a cargo de procesos de extradición para otorgar beneficios jurídicos ilícitos a integrantes del Cártel de Sinaloa”, apuntó la Policía.

Uno de los hechos que se le atribuyen es recibir un soborno de dos millones de dólares en efectivo a cambio de conceder una fianza fraudulenta y ordenar la liberación de Ryan James Wedding, un narcotraficante canadiense que estaba detenido en Guadalajara con fines de extradición.

De acuerdo con el expediente judicial estadounidense, Benítez Alcántara negoció la operación a través de intermediarios y ordenó la excarcelación de Wedding el 24 de febrero de 2025, el mismo día en que supuestamente recibió la totalidad del dinero.

Wedding es señalado por las autoridades de ser el segundo al mando de una organización criminal transnacional y uno de los principales proveedores de cocaína hacia Canadá, con operaciones e influencia en Colombia, México y Estados Unidos.

“El seguimiento de investigación criminal determinó que Luis Benítez Alcántara arribó a la capital colombiana presuntamente con el propósito de sostener reuniones clandestinas y realizar coordinaciones con organizaciones criminales locales para el envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y los Estados Unidos”, denunció el director de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria.

Tras su detención, Benítez Alcántara quedó a disposición de la Fiscalía General, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites para su extradición a Estados Unidos.

En territorio estadounidense, enfrenta una pena máxima de hasta 15 años de prisión por cada uno de los cargos que le fueron imputados.

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