*Hace 18 años fue presentado por el Ejército como “guerrillero abatido en combate”, en Cesar.

Víctor Manuel Mendoza Ospino tenía 17 años cuando un hombre les ofreció a él y a su amigo Darwin David Aragón Granados realizar un supuesto trabajo de albañilería.

La oferta laboral, sin embargo, fue un engaño. El 30 de abril de 2008, Víctor Manuel fue asesinado en la vereda La Honda, sector El Cairo, en el municipio de Pueblo Bello, Cesar, junto con Darwin David. Sus muertes fueron presentadas como resultado de un falso enfrentamiento armado con tropas adscritas al Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, una versión que durante años manchó los nombres de ambos jóvenes y los de sus familias.

Desde mayo de 2008, los familiares de Víctor denunciaron su desaparición ante la Fiscalía General de la Nación. En agosto de ese año, una de sus hermanas reconoció su cuerpo a partir de fotografías y prendas de vestir, y la familia recibió el cuerpo de Víctor en medio de una investigación basada en la versión falsa de que su muerte estaba asociada a actividades con grupos armados. Su cuerpo fue alojado en una bóveda del Parque Cementerio Inversiones y Planes de la Paz Norte, en Barranquilla.

No obstante, en 2025, representantes judiciales de la familia enviaron una solicitud a la JEP para que ordenara a dicho cementerio que se abstuviera de exhumar el cuerpo de Víctor como consecuencia de una deuda de la familia en los pagos de la permanencia del cuerpo en la bóveda.

El despacho del magistrado José Miller Hormiga Sánchez, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, entró a mediar en esta solicitud en vista de que lleva los procesos de cinco comparecientes no seleccionados como máximos responsables que estuvieron involucrados en el asesinato de Víctor Mendoza. Como parte del cumplimiento del régimen de condicionalidad, los comparecientes acordaron pagar la deuda económica de la familia Mendoza con el cementerio. Con el pago de esa deuda, se abrió la posibilidad de que el cuerpo de Víctor pudiera ser ubicado en un osario a perpetuidad.

Para lograr esta gestión, la Sala de Definición convocó reuniones entre la familia Mendoza, la Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) con el fin de disponer las ayudas humanitarias y administrativas necesarias para que el cuerpo de Víctor fuera trasladado a un osario, en el marco de un acto que dignificara el buen nombre de la víctima y el de sus familiares. Esto, en atención a las condiciones en que esta familia recibió el cuerpo por parte de la justicia ordinaria “y la traumática situación que afronta al tener que exhumarlo para asegurar su destino final en condiciones dignas”, dicta la resolución que ordenó este acto de entrega.

Fue así como el pasado 22 de abril, en Barranquilla, en un acto simbólico lleno de sentidos recuerdos tras 18 años de este crimen, la familia Mendoza pudo garantizar un destino final para el cuerpo de Víctor Manuel Mendoza Ospino en un osario a perpetuidad, ubicado en el Parque Cementerio Inversiones y Planes de la Paz Norte.

Este acto de dignificación de Víctor Manuel fue posible luego de un proceso concertado con su familia que incluyó espacios previos de acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica, así como de coordinación y preparación interinstitucional, en el que se buscó garantizar condiciones acordes con los deseos de la familia y con su derecho a volver a despedir a Víctor de manera digna.

Víctor Manuel nunca fue una baja en combate

La Jurisdicción Especial para la Paz estableció que los asesinatos de Víctor Manuel Mendoza Ospino y Darwin David Aragón Granados, presentados ilegítimamente como bajas en combate, constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

El caso de Víctor Manuel no solo expone la gravedad de un asesinato cometido contra un adolescente, sino también el impacto de una narrativa oficial que lo señaló injustamente y que obligó a su familia a cargar con la pérdida y con la estigmatización. En el proceso relacionado con el Batallón ‘La Popa’, en el Caso 03, en marzo de 2025, la Sala de Reconocimiento llamó a reconocer responsabilidad a 28 comparecientes de la fuerza pública, al evidenciar que estos hechos hicieron parte de una práctica sistemática y no de un evento aislado, para presentar falsamente a civiles y a personas en estado de indefensión como resultados operacionales.

La JEP documentó que la entrega inicial del cuerpo de Víctor Manuel estuvo rodeada de sindicaciones y que, pese al avance de la justicia ordinaria, no se esclareció plenamente el hecho ni se reconoció la condición de civiles inocentes de quienes fueron asesinados.