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Judicial

JEP condena por 8 años a 12 exmilitares del batallón ‘La Popa’ por ‘falsos positivos’

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Contra cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados profesionales, todos en condición de retiro.

Este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la primera sentencia en el marco del Caso 03 por asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate por exmilitares del Ejército en la región Caribe.

12 exmilitares que comparecieron a la sala de Sección de Reconocimiento de Verdad fueron condenados a ocho años de sanciones transicionales y restaurativas. La sanción más alta prevista en el Acuerdo Final de Paz.

Se trata de la condena contra cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados profesionales, todos en condición de retiro, que pertenecieron al Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, ubicado en Valledupar, quienes fueron determinados como máximos responsables en el asesinato de 135 personas en estado de indefensión, y presentados como guerrilleros dados de baja en combate, entre los años 2002 y 2005, en los departamentos de Cesar y La Guajira.

Los implicados son los mayores Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez, y los subtenientes Carlos Andrés Lora, Eduart Álvarez Mejía y Elkin Burgos Suárez.

Completan la lista los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Padilla Espitia, José de Jesús Rueda; el cabo Elkin Rojas, y los soldados Yeris Andrés Gómez, Alex José Mercado y Juan Carlos Soto.

Patrones macrocriminales

La JEP estableció dos patrones macrocriminales en el subcaso Costa Caribe del Caso 03:

Uno: personas presentadas como bajas en combate en alianza y connivencia entre miembros de la fuerza pública y distintos frentes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Dos: personas en situación de vulnerabilidad que fueron capturadas arbitrariamente y/o engañadas por miembros del Batallón ‘La Popa’, con el objeto de ser presentadas como bajas en combate.

El magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP, enfatizó que esta sentencia «es fundamental para avanzar en la construcción de un país mejor».

Aseguró que, «ningún colombiano debió fallecer producto de un entramado criminal encargado de seleccionar, asesinar y desaparecer a personas inocentes».

Ramelli hizo un llamado al país a «no caer en el negacionismo histórico» (…) Ninguna sociedad tendría que pasar por algo así, ni tolerarlo, ni mucho menos negarlo, exculparlo o justificarlo. Estos crímenes internacionales sí existieron y quebrantaron los valores más sagrados de nuestra democracia. Rompieron lazos sociales, mancharon la confianza de las instituciones y acabaron con los sueños de cientos de mujeres y hombres trabajadores que solo luchaban por un sustento mejor».

Esta sentencia, de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP, abre el camino para las próximas sentencias que se emitirán en las otras cinco regiones priorizadas en el Caso 03 donde también se presentó este fenómeno criminal en el que se presentaron civiles como bajas en combate: Antioquia, Casanare, Huila, Norte de Santander y Meta.

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Muere mujer al recibir una fuerte descarga eléctrica en su casa, en Candelaria, Atlántico

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Una mujer, de 52 años de edad, murió al recibir una fuerte descarga eléctrica cuando se encontraba en su vivienda, en el barrio Nueva Candelaria II, en el municipio de Candelaria, en el sur del Atlántico. La víctima fue identificada por las autoridades como Never Regina Silvera Rodríguez.

“De acuerdo con la información preliminar, la mujer fue encontrada por su esposo en una de las habitaciones de la vivienda, con aparentes lesiones ocasionadas por una descarga eléctrica. Al lugar acudió personal médico del Hospital de Candelaria, cuyos profesionales confirmaron que la ciudadana no presentaba signos vitales”, aseguró la Policía de Atlántico.

Al parecer, la mujer habría recibido la descarga cuando intentaba encender un ventilador.

“La Policía Nacional expresa sus condolencias a los familiares y allegados de la fallecida e invita a la ciudadanía a revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de sus viviendas, evitar manipular conexiones en mal estado y adoptar medidas de prevención para evitar este tipo de situaciones”, puntualizó la Policía.

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Corte Suprema de Justicia deja en firme condena contra Santiago Uribe por caso de los 12 apóstoles

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*Con esta determinación, las autoridades judiciales explicaron que ya no existen más instancias legales ni recursos ordinarios a los que pueda recurrir la defensa del procesado para intentar revocar la decisión.

La Corte Suprema de justicia deja en firme la condena de Santiago Uribe, hermano del expresidente de Álvaro Uribe Vélez, por el caso de los 12 apóstoles. Tendría que cumplir 28 años de prisión. La decisión proferida por la Sala Civil y Agraria resolvió no dar paso a la tutela interpuesta por la defensa, dejando plenamente en firme el fallo que lo responsabiliza por la conformación de estructuras paramilitares y por la comisión de homicidios en el departamento de Antioquia a finales de la década de 1990.

A través de la revisión de una tutela, la sala examinó la solicitud del equipo defensor de Santiago Uribe Vélez, el cual buscaba impugnar y tumbar la sentencia que había sido dictada previamente por la Sala Penal del tribunal. Sin embargo, la resolución ratificó el fallo en su totalidad. Con esta determinación, las autoridades judiciales explicaron que ya no existen más instancias legales ni recursos ordinarios a los que pueda recurrir la defensa del procesado para intentar revocar la decisión.

De esta forma, la condena de 28 años de cárcel adquiere carácter final y ejecutorio por orden de los magistrados de la Corte.

Los hechos por los cuales fue juzgado y hallado culpable el empresario se desarrollaron principalmente en el norte del departamento de Antioquia. Las investigaciones judiciales determinaron que Santiago Uribe Vélez participó activamente en el liderazgo y articulación de la estructura armada al margen de la ley conocida como ‘Los 12 Apóstoles’.

Dicha agrupación paramilitar ejecutó múltiples homicidios y acciones violentas bajo la modalidad de «limpieza social» en diversos municipios de la región. Por estas conductas, la justicia lo halló penalmente responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

 

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Juez mexicano acusado de supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa es detenido en Bogotá

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La Policía colombiana, en coordinación con el FBI, detuvo en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá al ciudadano mexicano Luis Benítez Alcántara, alias El Juez, quien es requerido en extradición por Estados Unidos por supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa.

Benítez Alcántara fue retenido mediante una notificación roja de Interpol cuando se disponía a abordar un vuelo de regreso a Ciudad de México, informó la Policía en un comunicado.

El mexicano, quien se desempeñaba como juez en Ciudad de México y tenía a su cargo procesos de extradición, es acusado de nueve cargos, entre ellos “conspiración para distribuir, poseer y exportar cocaína y metanfetaminas, participación en una empresa criminal, asesinato y tentativa de asesinato”.

“Las labores investigativas permitieron establecer que, entre octubre de 2024 y febrero de 2025, Benítez Alcántara se valió de su investidura como juez federal a cargo de procesos de extradición para otorgar beneficios jurídicos ilícitos a integrantes del Cártel de Sinaloa”, apuntó la Policía.

Uno de los hechos que se le atribuyen es recibir un soborno de dos millones de dólares en efectivo a cambio de conceder una fianza fraudulenta y ordenar la liberación de Ryan James Wedding, un narcotraficante canadiense que estaba detenido en Guadalajara con fines de extradición.

De acuerdo con el expediente judicial estadounidense, Benítez Alcántara negoció la operación a través de intermediarios y ordenó la excarcelación de Wedding el 24 de febrero de 2025, el mismo día en que supuestamente recibió la totalidad del dinero.

Wedding es señalado por las autoridades de ser el segundo al mando de una organización criminal transnacional y uno de los principales proveedores de cocaína hacia Canadá, con operaciones e influencia en Colombia, México y Estados Unidos.

“El seguimiento de investigación criminal determinó que Luis Benítez Alcántara arribó a la capital colombiana presuntamente con el propósito de sostener reuniones clandestinas y realizar coordinaciones con organizaciones criminales locales para el envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y los Estados Unidos”, denunció el director de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria.

Tras su detención, Benítez Alcántara quedó a disposición de la Fiscalía General, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites para su extradición a Estados Unidos.

En territorio estadounidense, enfrenta una pena máxima de hasta 15 años de prisión por cada uno de los cargos que le fueron imputados.

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