Contra cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados profesionales, todos en condición de retiro.
Este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la primera sentencia en el marco del Caso 03 por asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate por exmilitares del Ejército en la región Caribe.
12 exmilitares que comparecieron a la sala de Sección de Reconocimiento de Verdad fueron condenados a ocho años de sanciones transicionales y restaurativas. La sanción más alta prevista en el Acuerdo Final de Paz.
Se trata de la condena contra cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados profesionales, todos en condición de retiro, que pertenecieron al Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, ubicado en Valledupar, quienes fueron determinados como máximos responsables en el asesinato de 135 personas en estado de indefensión, y presentados como guerrilleros dados de baja en combate, entre los años 2002 y 2005, en los departamentos de Cesar y La Guajira.
Los implicados son los mayores Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez, y los subtenientes Carlos Andrés Lora, Eduart Álvarez Mejía y Elkin Burgos Suárez.
Completan la lista los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Padilla Espitia, José de Jesús Rueda; el cabo Elkin Rojas, y los soldados Yeris Andrés Gómez, Alex José Mercado y Juan Carlos Soto.
Patrones macrocriminales
La JEP estableció dos patrones macrocriminales en el subcaso Costa Caribe del Caso 03:
Uno: personas presentadas como bajas en combate en alianza y connivencia entre miembros de la fuerza pública y distintos frentes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Dos: personas en situación de vulnerabilidad que fueron capturadas arbitrariamente y/o engañadas por miembros del Batallón ‘La Popa’, con el objeto de ser presentadas como bajas en combate.
El magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP, enfatizó que esta sentencia «es fundamental para avanzar en la construcción de un país mejor».
Aseguró que, «ningún colombiano debió fallecer producto de un entramado criminal encargado de seleccionar, asesinar y desaparecer a personas inocentes».
Ramelli hizo un llamado al país a «no caer en el negacionismo histórico» (…) Ninguna sociedad tendría que pasar por algo así, ni tolerarlo, ni mucho menos negarlo, exculparlo o justificarlo. Estos crímenes internacionales sí existieron y quebrantaron los valores más sagrados de nuestra democracia. Rompieron lazos sociales, mancharon la confianza de las instituciones y acabaron con los sueños de cientos de mujeres y hombres trabajadores que solo luchaban por un sustento mejor».
Esta sentencia, de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP, abre el camino para las próximas sentencias que se emitirán en las otras cinco regiones priorizadas en el Caso 03 donde también se presentó este fenómeno criminal en el que se presentaron civiles como bajas en combate: Antioquia, Casanare, Huila, Norte de Santander y Meta.
