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Irregularidades en contratos en la UNGRD ascienden a 5 billones de pesos

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Luego del análisis de la contratación de los últimos 4 años de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de DesastresUNGRD, la Contraloría General de la República ha detectado irregularidades en contratos ejecutados en obras para desastres, calamidades y otras circunstancias, por cerca de $5 billones.

El ente de control analiza la contratación en los años 2021, 2022, 2023 y 2024, de los suministros de carrotanques, los contratos del programa «Hambre Cero», la contratación de obras en el departamento de Santander y la contratación de suministro de maquinaria amarilla.

Este es el desglose de las irregularidades encontradas hasta el momento durante esta investigación.

Contratación carrotanques en La Guajira, Córdoba, Bolívar y Boyacá  

Luego de un análisis a la contratación de suministros de carrotanques en los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, la Contraloría General de la República advierte de un incremento del 700% para la contratación del 2024 por más de $37.5 mil millones. Esta contratación se ha concentrado en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá.

Por tal motivo, el Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, ha decidido declarar de impacto nacional los hechos que generaron este inusual incremento de la contratación en dicha Unidad.

“Estamos atendiendo las advertencias sobre una presunta afectación de dineros públicos por la compra de carrotanques, realizadas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría” aseguró el contralor en funciones y explicó que todas las actuaciones del caso estarán lidereadas por la unidad de investigaciones especiales contra la corrupción, “atendiendo el grave menoscabo a la administración pública y el presunto direccionamiento y mal manejo de la contratación de este objeto”.

Para el ente de control llama la atención que la contratación de la UNGRD este focalizada únicamente en tres empresas a las que se les adjudicaron los millonarios contratos. De tal suerte, se investiga también un presunto favorecimiento en la contratación, dirigida a menoscabar el erario público.

Igualmente se observa la presencia y continuidad de algunas empresas en la adjudicación de los contratos, empresas que vienen presentando incumplimientos en la formalización de los mismos, presuntos sobrecostos y violación a las normas contractuales.

Por esto, la Contraloría General de la República abrirá investigaciones por la presunta pérdida de más de 80 mil millones de pesos en la sola contratación de carrotanques, atendiendo sobrecostos, ejecución y funcionabilidad de los proyectos de suministro y abastecimiento de agua potable, en todo el país.

Así mismo, compulsará las correspondientes copias a la Fiscalía General de la Nación, puesto que de este estudio se vislumbra la posible ejecución de delitos contra la administración pública; y a la Procuraduría General de la Nación por presuntas faltas disciplinarias.

Irregularidades en 31 contratos del programa «Hambre Cero» (Ollas comunitarias)  

La Contraloría General reveló, luego de un análisis minucioso adelantado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, (DIARI), significativas irregularidades en 31 contratos durante el año 2023, destinados a la provisión de alimentos para damnificados por el Fenómeno de La Niña. Los contratos fueron otorgados por los funcionarios Sneyder Pinilla, subdirector de manejo de Desastres y Olmedo López, Director de la Unión de Gestión del Riesgo.

Estos 31 contratos, valorados en $131.812 millones, también fueron declarados de impacto nacional para que sean investigados por la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, toda vez que fueron otorgados a empresas que no contaban con personería jurídica o cuyo objeto de constitución no guarda relación con las actividades para las que fueron contratadas, carecen de experiencia o son presuntas empresas de papel. Se observa, además, un presunto interés indebido en la contratación e incumplimiento en el régimen contractual, por lo que se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación.

Estos hallazgos serán objeto de investigaciones adicionales y posibles acciones legales para asegurar que los fondos destinados a los programas de ayuda lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.

Contratación suministro de maquinaria amarilla

El ente de control advierte sobre un incremento del 160% en la erogación destinada a la contratación de suministro de maquinaria amarilla en 2023, pasando de aproximadamente $88 mil millones durante el 2022 a cerca de $227 mil millones en la vigencia del año pasado.

Dado el monto investigado, también en este caso, la Contraloría General decidió declarar estos hechos como de impacto nacional, a fin de atender un presunto detrimento patrimonial que pudo causarse por posibles irregularidades tales como: dobles pagos o maquinaria no utilizada.

A esto se suma la desconcertante concentración de recursos adjudicados a una sola empresa, que acumuló 13 contratos por un monto superior a los $21 mil millones entre el 2021 y el 2024, año en el que la empresa presuntamente habría obtenido un contrato por casi un tercio del total mencionado. De los hechos irregulares encontrados durante la investigación se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que se observa un posible delito contra la administración pública.

Alto Riesgo en contratación de obras en Santander  

La CGR, tras un exhaustivo análisis de datos realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, (DIARI), emitió una contundente advertencia sobre los riesgos elevados en la contratación de obras por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en el departamento de Santander.

En los últimos cinco años, la ejecución de obras para la mitigación de riesgos ha estado sorprendentemente concentrada en ese departamento, alcanzando un 29.78% del total nacional. Este hallazgo surge de un análisis detallado de la información reportada por la UNGRD en su plataforma FIDUSAP.

Destaca el contrato actualmente en ejecución por la Unión Temporal Conexión Carrizal, con un valor de $185.439 millones, en una zona previamente intervenida por la UNGRD por los mismos riesgos.

Hasta la fecha, ya se han pagado $37.087 millones de este contrato, el cual tiene como objetivo realizar obras de emergencia para controlar inundaciones y socavaciones en Girón, Santander. Sin embargo, en este mismo sector ya se habían ejecutado los contratos 9677-PPAL001-797-2021, 9677-PPAL001-199- 2018, 9677-PPAL001-828-2017, y 9677-PPAL001-207-2018, con una inversión previa cercana a los $36.341 millones.

Estos repetidos contratos plantean serias dudas sobre la eficacia y transparencia en la gestión de estos proyectos. Desde el 2020, los contratos de obra para la mitigación de riesgos suman la cifra de $4.9 billones, en Santander, una concentración de obras que resulta alarmante a juicio de la CGR.

Desde 2016 en Santander se han ejecutado 43 contratos e interventorías por un total de $635.407.406.898, enfocados en mitigar riesgos de inundación y socavación en varios sectores, especialmente en Girón. A este departamento le siguen Magdalena con (10.36%) y Putumayo con (8.71%).

La Contraloría ha identificado la necesidad urgente de auditar y evaluar 25 contratos adicionales en Santander, que ascienden a $317.325 millones. Esta acción es crucial para garantizar la transparencia y el adecuado uso de los fondos públicos, ante los hallazgos que sugieren una posible repetición innecesaria de proyectos y un manejo cuestionable de los recursos destinados a la mitigación de riesgos.

La profunda y detallada analítica de datos realizada por la DIARI subraya la imperiosa necesidad de una vigilancia rigurosa sobre las contrataciones de la UNGRD, especialmente en el departamento de Santander, para prevenir el mal uso de dineros públicos y asegurar la eficacia de las obras de mitigación de riesgos.

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Inravisión vuelve: el sistema de medios públicos de Colombia recupera su nombre histórico

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El Sistema de Medios Públicos del Estado colombiano recuperó este miércoles el nombre de Inravisión, la marca bajo la cual operó la radio y la televisión pública del país durante más de cuatro décadas, entre 1963 y 2004. La decisión fue aprobada en Asamblea de Accionistas y quedó formalizada con el registro ante la Cámara de Comercio. Desde ese momento, la entidad pasó a denominarse oficialmente INRAVISION (Sistema de Medios Públicos del Estado Colombiano S.A.S.).

El cambio no altera la naturaleza jurídica de la organización, que se mantiene como sociedad entre entidades públicas, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Lo que cambia, según sus directivos, es el símbolo: el retorno a un nombre que, aseguran, sigue vigente en la memoria de los colombianos.

Inravisión fue durante cuatro décadas el eje de la comunicación pública en Colombia y un referente cultural y educativo en América Latina. Bajo ese nombre se consolidó Radio Nacional de Colombia y se desarrollaron contenidos con enfoque social y pedagógico que marcaron generaciones. En 2004, la entidad fue liquidada en el marco de una reestructuración que dejó consecuencias laborales profundas y reabrió el debate nacional sobre el modelo de medios públicos. En su lugar surgió RTVC, sigla que acompañó al sistema durante los 21 años siguientes.

Para sus actuales directivos, recuperar el nombre original es también un acto de reconocimiento. «Representa un acto de justicia con cientos de trabajadores que hicieron parte de esta entidad y con la memoria de un modelo de medios públicos centrado en el interés general», señaló la entidad en un comunicado.

Una marca renovada, una misión vigente
La decisión llega después de dos años en los que RTVC renovó su programación y amplió su oferta de contenidos de interés general, buscando un mayor acercamiento con las audiencias. En ese contexto, la dirección de la entidad consideró que retomar el nombre histórico era coherente con el rumbo que ya traía el sistema.

«Con esta decisión, el Estado colombiano marca un hito en la reivindicación de la televisión y la radio pública del país y reafirma su compromiso con una comunicación pública fuerte, independiente y al servicio de la ciudadanía», afirmó Hollman Morris, gerente de Inravisión, quien agregó que «la televisión pública no se privatiza: se defiende, se expande y se honra».

Entre los objetivos que la entidad asocia al cambio de nombre figuran el fortalecimiento de la producción de contenidos, la ampliación de la participación ciudadana y la garantía de acceso a información de calidad para todos los colombianos.

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Volcamiento de un bus en la vía Bogotá – La Vega dejó 42 heridos

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Un accidente de tránsito ocurrió en el corredor vial que comunica a la ciudad de Bogotá con el municipio de La Vega, en el departamento de Cundinamarca.

El incidente se localizó específicamente en el sector denominado Curva de Shilim, donde un vehículo de transporte público tipo bus se salió de la carretera y se volcó.

De acuerdo con el reporte del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el saldo inicial de este hecho es de 42 personas que fueron trasladadas al hospital de La Vega para recibir valoración por parte del personal médico. La administración departamental confirmó la activación inmediata de los protocolos del sistema de emergencias para atender a los involucrados en el punto del siniestro.

En cuanto a las causas del suceso, la Dirección de Policía de Tránsito y Transporte (DITRA) entregó un primer informe técnico en donde la hipótesis preliminar apunta a una falla en el sistema de frenos del automotor. Este diagnóstico inicial es parte de la investigación que se adelanta para determinar las circunstancias exactas en las que el conductor perdió el control del bus.

La respuesta operativa en la zona contó con la intervención de diversas instituciones. El comandante de Bomberos de Cundinamarca, capitán Álvaro Farfán, informó sobre el desplazamiento de unidades de los cuerpos de bomberos voluntarios de La Vega y San Francisco, quienes realizaron labores de rescate y aseguramiento del área afectada. Asimismo, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) coordinó el despliegue de ambulancias y personal de salud para el traslado de los pacientes.

En el lugar también se hicieron presentes efectivos de la Policía Nacional y personal técnico de la concesión vial encargada del mantenimiento de la carretera. Estas unidades trabajaron de manera conjunta para regular el flujo vehicular en el sector de la Curva de Shilim y permitir las maniobras de remoción del vehículo volcado.

Frente a la situación, las autoridades departamentales reiteraron la importancia de cumplir con la revisión técnico-mecánica obligatoria antes de iniciar cualquier trayecto por las vías del país.

Hasta el momento, las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y se espera la entrega de un informe consolidado que detalle el estado de salud de los 42 ciudadanos en observación y los resultados finales del peritaje mecánico al vehículo de servicio público.

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Procuraduría pidió suspender nuevo esquema de pasaportes en Colombia 

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*Mientras el gobierno celebró el inicio de la nueva era de los pasaportes, la Procuraduría le había enviado una petición al Tribunal de Cundinamarca advirtiendo irregularidades.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca analiza la petición de la Procuraduría de suspender el convenio con la Casa de la Moneda de Portugal para el nuevo esquema de pasaportes, por considerar que está lleno de irregularidades.

La Procuraduría pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretar con carácter de urgencia y, como medida cautelar, la suspensión de los efectos de los contratos entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, y entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda.

En la petición enviada hace exactamente una semana, el Ministerio Público asegura que el convenio con la Casa de la Moneda se dio sin ningún estudio de mercado que justificara la necesidad de una contratación directa, y que la Casa de la Moneda de Portugal no puede considerarse como una entidad pública extranjera porque, en realidad, es una empresa en su país de origen. A eso se suman irregularidades a la hora de fijar vigencias futuras de la Imprenta Nacional de Colombia, aprobar la firma del convenio y hasta a la hora de realizar pagos en moneda extranjera.

Según la Procuraduría, en su visita preventiva del 6 de agosto de 2025 pudo constatar que la Imprenta Nacional de Colombia “no ejecutará ninguna de las actividades sustanciales” del convenio, sino que es una simple intermediaria entre la Cancillería y la Casa de la Moneda de Portugal. Es más, el propio contrato dice que la única tarea de la Imprenta Nacional de Colombia es personalizar las libretas de pasaportes.

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