*Mediante falsedades y otras maniobras ilícitas habría recibido más de 6.800 millones de pesos por concepto de remuneración tarifaria de la actividad de aprovechamiento, sin cumplir en realidad con labores de recolección, transporte y clasificación de residuos.

La Fiscalía General de la Nación identificó a los presuntos articuladores principales de una red delictiva señalada de realizar cobros por servicios de reciclaje en Tunja, Duitama y Sogamoso (Boyacá), que no se realizaron con la frecuencia reportada ni en las condiciones que acreditaron ante las autoridades competentes.

Se trata de Laura Maritza Castro Alezones y Ronald Yosefer Pulido Forero, representantes legales de dos empresas recolectoras de residuos; y la particular Ingrid Yineth Amaro Guavare. Estas personas se habrían articulados para entregar información falsa a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre la cantidad de material reciclable recolectado y clasificado.

Los elementos materiales probatorios indican que las dos sociedades no contaban con bodegas operativas para el almacenamiento y disposición del material, ni con el personal requerido para cumplir con la labor. Además, en sus informes incluyeron nombres de habitantes de calle y recicladores para justificar facturas por toneladas inexistentes de material reciclable. Estos documentos con información espuria fueron cargados al Sistema Único de Información (SUI) de la Superservicios y les permitieron recibir en dos años más de 6.829 millones de pesos, por concepto de la remuneración tarifaria de la actividad de aprovechamiento, un reconocimiento monetario que contempla la ley para los recicladores de oficio por recolectar, transportar y clasificar residuos.

En el curso de la investigación se conoció que parte de los recursos, al parecer, fueron destinados para la compra de vehículos de gama alta e inmuebles, entre otros bienes. Asimismo, quedaron al descubierto diversas actuaciones posteriores como ajustes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), simulaciones documentales y alteración de información con el propósito de evitar que fuera detectado el entramado ilícito y obstaculizar la acción de la justicia.

*Durante nueve años la víctima soportó las agresiones de la mamá y el padrastro, fue encerrada y encadenada en diferentes momentos en una vivienda de Ibagué (Tolima) porque conseguía amigos, y obligada a abortar en dos oportunidades.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a una pareja señalada de abusarsexualmente y someter a tratos crueles e inhumanos a una menor de edad en un inmueble de Ibagué (Tolima).

Los hechos investigados comenzaron en 2016, cuando la víctima tenía ocho años, y se prolongaron hasta 2025. Durante este tiempo la mujer habría permitido que su compañero sentimental ejerciera un ciclo de violencia sistemática y prolongada contra su hija, afectando su integridad, libertad y formación sexual.

En ese sentido, se conoció que el hombre, al parecer, agredía sexualmente a la niña y grababa en video los vejámenes a los que la sometía para generarle vergüenza y chantajearla. Adicionalmente, hay evidencias de que presuntamente la encerraba y encadenaba en la vivienda cada vez que se enteraba que tenía amigos.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que producto del recurrente abuso sexual la menor de edad quedó embarazada y fue obligada a abortar en dos oportunidades sin recibir asistencia médica, situación que puso en grave riesgo su vida y salud emocional.

Por lo anterior, la pareja fue capturada en una diligencia de registro y allanamiento realizada de manera articulada con la Policía Nacional en el sector Praderas de Santa Rita, en Ibagué.

En el procedimiento fueron incautados dos celulares.

Entre tanto, una fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó al hombre y a la mujer los delitos de acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía con personas menores de 18 años, tortura agravada, violencia intrafamiliar agravada, aborto sin consentimiento e inducción al suicidio.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario

*Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, mientras de desempeñó como juez laboral en Barranquilla (Atlántico), habría desconocido la decisión de un superior jerárquico y ordenado el desembolso de 1.697 millones de pesos en favor de un pensionado.

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra la magistrada del Tribunal Superior de Cartagena (Bolívar), Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

La funcionaria, quien para la fecha de los hechos investigados se desempeñaba como juez laboral del circuito de Barranquilla (Atlántico), libró un mandamiento de pago por más de 1.697 millones de pesos en favor de un pensionado. Esta decisión, del 10 de julio de 2013, habría desconocido la normatividad vigente y las pruebas que daban cuenta de que las mesadas que sustentaban la determinación fueron desembolsadas de manera completa y oportuna.

Adicionalmente, la actuación judicial incrementó de manera injustificada el valor inicial de 571 millones de pesos que ella misma liquidó en un auto anterior del 24 de mayo de 2010, al incluir pagos realizados por el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y adicionar intereses moratorios e indexación.

Esto, pese a que el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó expresamente que el crédito debía establecerse en “cero” porque las obligaciones pensionales estaban cubiertas en su totalidad.

De acuerdo con la investigación orientada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la decisión favoreció al accionante al permitir que se apropiara de dineros por concepto de mesadas que el ISS pagó a tiempo. Una situación que generó un detrimento patrimonial para el Estado.