El material de prueba presentado por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) da cuenta de que Cristian Fabián Ortiz, alias Piña, habría participado en el crimen del líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Antonio de Mocoa (Putumayo), Francisco Libardo Rosero Tapia, ocurrido el 15 de enero del año en curso.

Por estos hechos, fue imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Por disposición de un juez de control de garantías deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Alias Piña, presunto integrante de los autodenominados ‘Comandos Bolivarianos de Frontera’ de las disidencias Farc, es señalado de contactar por teléfono a la víctima y citarla a un punto específico de la vereda San Antonio para supuestamente concretar la compra de un caballo. El líder social acudió con la intención de cerrar el negocio, pero fue interceptado por hombres armados que le dispararon y posteriormente escaparon del lugar.

En el curso de las investigaciones se acreditó que Cristian Fabián Ortiz sería uno de los sicarios del componente armado de la organización ilegal, a la que se le atribuyen varios asesinatos selectivos en Putumayo y zona de frontera con Ecuador.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la presunta responsabilidad de Juan José Benavides Velásquez, en un esquema ilegal de estafa masiva, mediante el ofrecimiento de rendimientos por inversiones en criptomonedas, denominado Daily Cop.

Por estos hechos, fue imputado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados.

La investigación permitió conocer que Benavides Velásquez, en articulación con otras personas, habría promocionado por redes sociales las monedas virtuales, a cambio de ganancias en pesos colombianos del 0,5% diarios y 12% mensuales.

Los clientes que creyeron en el negocio y confiaron sus ahorros, pudieron ver las supuestas rentabilidades en las aplicaciones de billeteras virtuales creadas para este propósito. Sin embargo, de manera intempestiva perdieron el acceso a las plataformas, dejaron de recibir reportes y simplemente les indicaron que las criptomonedas habían perdido valor.

La Fiscalía recibió 60 denuncias, las cuales relacionan a 103 víctimas que perdieron algo más de 8.234 millones de pesos, entre 2019 y 2022.

Durante la investigación se acreditó que parte de los recursos captados presuntamente fueron consignados a las cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas al holding, actuación que permitió ocultar 126.702 millones de pesos. De igual manera, se conoció que Benavides Velásquez obtuvo un posible incremento patrimonial injustificado que asciende a 4.663 millones de pesos, y habría adquirido un inmueble en Medellín (Antioquia) y un vehículo. Asimismo, su empresa reporta ingresos por 582 millones de pesos, de los cuales no hay claridad sobre su origen y destinación.

Con el fin de entregar una base a fiscales e investigadores para diferenciar entre la protesta social legítima y los delitos que pueden generarse en la misma, la Fiscalía emitió una directiva.

“Tras varios meses de estudio y análisis interinstitucional respecto a la solicitud formal del Ministerio de Justicia y del Derecho, efectuada a fines de abril del presente año, la Fiscalía General de la Nación expidió la Directiva 0001 de 2024, mediante la cual emite criterios orientadores dirigidos a Fiscales e investigadores aplicables al análisis de eventos ligados a la protesta social”, precisó el ente acusador.

Así mismo indicó que “el documento recoge la normatividad vigente y la jurisprudencia de las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional de Colombia, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las guías de Naciones Unidas sobre la materia”.

Se trata de una herramienta para las y los funcionarios de la entidad en la que se precisa el alcance de los derechos y deberes de quienes convocan y participan en la protesta social pacífica, los escenarios y acciones permitidas, las competencias de los funcionarios y la manera de abordar los hechos delictivos cometidos durante las movilizaciones.

“Se reitera el marco legal y procesal aplicable a las investigaciones por actos que desbordan el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Se insta al personal de la Fiscalía a adoptar decisiones libres de prejuicios y de discriminación, brindando especial protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que cubren los ejercicios de protesta social”, detalló la Fiscalía.

Así mismo precisa cuáles son conductas delictivas dentro de la protesta. “De igual manera, se ahonda en las conductas delictivas de relevancia en escenarios de protesta tales como la obstrucción de vías, perturbación en servicio de transporte público, colectivos u oficial; violencia contra servidores públicos, daño en bien ajeno y asonada. Así mismo, se precisan las formas de participación en este tipo de conductas punibles y las diferencias entre coautoría y concierto para delinquir”, puntualizó la Fiscalía.