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Hallazgos fiscales en la SAE ascienden a 28 mil millones de pesos

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La Contraloría General de la República reportó este martes 25 de junio hallazgos fiscales por valor de $28.056.865.126 tras realizar una auditoría a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y al Fondo Para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).

Además, el ente de control determinó cuatro hallazgos con presunta incidencia penal, 30 que conllevan presunto alcance disciplinario, dos con solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio y uno con otra incidencia.

A través de un comunicado, el ente explicó que dentro de la auditoría adelantada por la Contraloría delegada para el Sector Justicia se evidenció “el manejo irregular de bienes que estaban bajo custodia de la SAE. Algunos de esos bienes simplemente desaparecieron, exponiendo a la nación a millonarias demandas”.

En ese sentido, detalló que con corte a 31 de diciembre de 2023, el total de los bienes inmuebles del FRISCO y que son administrados por SAE SAS asciende a 33.109. De estos, 5.985 (18.07 %) poseen contrato de arrendamiento, 9.528 (28.77 %) están desocupados y con ocupación irregular 15.060 (45.4 %).

Por los bienes con ocupación irregular, la Contraloría General determinó nueve hallazgos fiscales por valor de $16.151.443.650, en las ciudades de Medellín, Cali y Barranquilla.

Otros dos hallazgos fiscales tienen que ver con los bienes de la Sociedad Nuevo Amanecer, bajo administración de la SAE. Primero, la CGR evidenció la venta de 15 caballos de paso fino por debajo sustancialmente del valor comercial. El monto perdido es de $99.428.569, según el ente.

El segundo hallazgo fiscal en este caso tiene que ver con la desaparición de 69 relojes avaluados en $1.302.873.969. En la actualidad existe orden judicial de devolución de los bienes al afectado.

Asimismo, en la administración de bienes muebles a cargo de la SAE en Montería y Bogotá, el ente identificó “la pérdida de vehículos (31 taxis) y partes de algunos otros que habían sido incautados. Por este caso se confirmaron dos hallazgos fiscales por valor de $ 1.945.753.900”, se lee.

La Contraloría también informó sobre “graves irregularidades” detectadas en la administración de bienes inmuebles por parte de la SAE en aspectos como: la actualización anual de cánones de arrendamiento y avalúos, pagos de servicios públicos domiciliarios sin identificar los folios de matrícula inmobiliaria para los que se dirigían estos, no pago de cuotas de administración por parte de los arrendatarios, entre otros.

Por ejemplo, en la Regional de Occidente de la SAE el ente de control detectó “omisión en la gestión de cobro de cánones de arrendamiento, en una cuantía estimada a los $1.881.086.771, de inmuebles que aparecen registrados por la entidad como en alquiler”.

Por otro lado, en la Regional Suroccidente se evidenció presuntas actividades ilegales en bienes inmuebles, administrados por la SAE, como la fabricación de alcohol adulterado. En este caso se elevó un hallazgo fiscal por valor de $1.339.079.545.

Adicionalmente, existen fallos en contra de la SAE por valor de $2.304.859.306 por el no pago de las cuotas de administración de bienes inmuebles a su cargo en diversas propiedades horizontales en el país.

La auditoría también permitió establecer que hay inmuebles ocupados irregularmente por los propios afectados en los procesos de extinción, sin que a la fecha se hayan adelantado las gestiones necesarias para su recuperación.

“En lo que tiene que ver con la sede principal de la SAE, se observó la suscripción y el pago del contrato de arrendamiento en el que se incrementó el valor y la cantidad de metros cuadrados sin la suficiente justificación, por lo que se determinó un presunto detrimento patrimonial por valor de $2.465.346.670”, sostuvo el ente.

Por último, reportó que “a pesar de las múltiples fallas evidenciadas en la gestión de los bienes a cargo de la SAE, se han aprobado comisiones a sus funcionarios desde la vigencia 2021, producto del cumplimiento de metas de comercialización y arrendamientos, por valor de $6.591.805.436”.

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Falleció el sargento Fabio Zúñiga, tercera víctima del atentado en Arauca

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El sargento viceprimero Fabio Andrés Zúñiga Burbano falleció la tarde de este jueves, luego que fuera víctima del atentado terrorista del Ejército de Libración Nacional (ELN), en la base militar de San Jordán.

Zúñiga Burbano se encontraba hospitalizado en Arauca, pues debido a la gravedad de sus heridas no había podido ser trasladado al Hospital Militar en Bogotá.

Con la muerte del sargento, se convierte así en la tercera víctima del atentado terrorista en las instalaciones militares de Arauca. Este hecho conllevó a que el Gobierno suspendiera los diálogos de paz con esta guerrilla.

Las primeras víctimas que murieron fueron los soldados profesionales Bayron Andrés Correa Vargas y Julián Patiño Arango. Quedando 16 en el Hospital Militar, de los cuales 8 están en la Unidad d Cuidados Intensivos (UCI).

Estos militares están en pronóstico sujeto a la evolución de sus lesiones, y el Hospital Militar señaló que en 48 horas daría un parte médico de su evolución.

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Capturan a alias ‘Mauricio’, señalado de atentar contra el padre de Francia Márquez

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Las autoridades capturaron en zona rural del departamento del Valle del Cauca, al presunto responsable de dos atentados contra el padre de la vicepresidenta, Francia Márquez, y la caravana de la alta funcionaria.

«Ha sido capturado Pablo León Solís del EMC (Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC) del Cauca, responsable de atentar contra el padre de la vicepresidenta y contra la vicepresidenta de Colombia», informó este jueves el presidente Gustavo Petro.

El detenido, a quien se le buscaba por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio, fue capturado en una zona rural de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, en una operación conjunta de la Policía, el Ejército y la Fiscalía.

Se trata de alias ‘Mauricio’, quien es supuestamente el cabecilla de las redes de apoyo de la estructura ‘Jaime Martínez’, del EMC que no está en las negociaciones de paz, afirmó el director de la Policía, el general William René Salamanca.

En la operación también fue aprehendido un menor de edad y se incautaron dos armas de fuego, según el director de la Policía.

‘Mauricio’ estaba señalado de ser el autor del ataque con disparos a uno de los vehículos de la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad el pasado mes de julio cuando la caravana vicepresidencial, en la que no viajaba Márquez, salía desde Suárez.

El ataque sucedió en este municipio del convulso departamento del Cauca (suroeste), del que Márquez es oriunda, que los últimos meses ha sido el escenario de numerosas acciones terroristas del EMC contra instalaciones militares y de Policía, que han dejado muertos y heridos.

El pasado 16 de junio, Sigifredo Márquez, padre de la vicepresidenta, fue objeto de otro atentado cuando viajaba junto a un sobrino de seis años de la alta funcionaria entre las localidades de Timba, en el Cauca, y el caserío Robles, una zona rural de Jamundí.

Las autoridades también acusan al detenido de este otro atentado contra el padre de Márquez.

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Consejo de Estado no abre incidente de desacato contra el presidente Petro

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El Consejo de Estado se abstuvo este jueves de abrir incidente de desacato por el supuesto incumplimiento a la orden que se le impartió al presidente Gustavo Petro para que se retractara de unas afirmaciones que hizo contra el ciudadano Enrique Vargas Lleras, por irregularidades en el manejo de recursos de la salud que se habrían producido por parte de una EPS.

Para el Consejo de Estado, el escrito que presentó el mandatario para dar cumplimiento a ese fallo contiene su retractación expresa de las imputaciones que dieron origen a la demanda.

El Presidente, consideró el Consejo de Estado, admitió haberse referido al accionante, Enrique Vargas Lleras, por su participación en la junta directiva de la EPS y señaló que los hechos afirmados en la realidad solo son objeto de investigación.

Frente a la objeción de conciencia solicitado por el Presidente, el Consejo de Estado precisó que la tutela solo estaba encaminada a garantizar el derecho fundamental a la honra y buen nombre de un ciudadano; no a coartar la libertad de expresión del jefe del Estado, ni a impedir el cumplimiento de la obligación que tiene todo servidor púbico de denunciar ante las autoridades competentes irregularidades o ilícitos de los que tenga conocimiento.

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