La Contraloría General de la República reportó este martes 25 de junio hallazgos fiscales por valor de $28.056.865.126 tras realizar una auditoría a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y al Fondo Para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).
Además, el ente de control determinó cuatro hallazgos con presunta incidencia penal, 30 que conllevan presunto alcance disciplinario, dos con solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio y uno con otra incidencia.
A través de un comunicado, el ente explicó que dentro de la auditoría adelantada por la Contraloría delegada para el Sector Justicia se evidenció “el manejo irregular de bienes que estaban bajo custodia de la SAE. Algunos de esos bienes simplemente desaparecieron, exponiendo a la nación a millonarias demandas”.
En ese sentido, detalló que con corte a 31 de diciembre de 2023, el total de los bienes inmuebles del FRISCO y que son administrados por SAE SAS asciende a 33.109. De estos, 5.985 (18.07 %) poseen contrato de arrendamiento, 9.528 (28.77 %) están desocupados y con ocupación irregular 15.060 (45.4 %).
Por los bienes con ocupación irregular, la Contraloría General determinó nueve hallazgos fiscales por valor de $16.151.443.650, en las ciudades de Medellín, Cali y Barranquilla.
Otros dos hallazgos fiscales tienen que ver con los bienes de la Sociedad Nuevo Amanecer, bajo administración de la SAE. Primero, la CGR evidenció la venta de 15 caballos de paso fino por debajo sustancialmente del valor comercial. El monto perdido es de $99.428.569, según el ente.
El segundo hallazgo fiscal en este caso tiene que ver con la desaparición de 69 relojes avaluados en $1.302.873.969. En la actualidad existe orden judicial de devolución de los bienes al afectado.
Asimismo, en la administración de bienes muebles a cargo de la SAE en Montería y Bogotá, el ente identificó “la pérdida de vehículos (31 taxis) y partes de algunos otros que habían sido incautados. Por este caso se confirmaron dos hallazgos fiscales por valor de $ 1.945.753.900”, se lee.
La Contraloría también informó sobre “graves irregularidades” detectadas en la administración de bienes inmuebles por parte de la SAE en aspectos como: la actualización anual de cánones de arrendamiento y avalúos, pagos de servicios públicos domiciliarios sin identificar los folios de matrícula inmobiliaria para los que se dirigían estos, no pago de cuotas de administración por parte de los arrendatarios, entre otros.
Por ejemplo, en la Regional de Occidente de la SAE el ente de control detectó “omisión en la gestión de cobro de cánones de arrendamiento, en una cuantía estimada a los $1.881.086.771, de inmuebles que aparecen registrados por la entidad como en alquiler”.
Por otro lado, en la Regional Suroccidente se evidenció presuntas actividades ilegales en bienes inmuebles, administrados por la SAE, como la fabricación de alcohol adulterado. En este caso se elevó un hallazgo fiscal por valor de $1.339.079.545.
Adicionalmente, existen fallos en contra de la SAE por valor de $2.304.859.306 por el no pago de las cuotas de administración de bienes inmuebles a su cargo en diversas propiedades horizontales en el país.
La auditoría también permitió establecer que hay inmuebles ocupados irregularmente por los propios afectados en los procesos de extinción, sin que a la fecha se hayan adelantado las gestiones necesarias para su recuperación.
“En lo que tiene que ver con la sede principal de la SAE, se observó la suscripción y el pago del contrato de arrendamiento en el que se incrementó el valor y la cantidad de metros cuadrados sin la suficiente justificación, por lo que se determinó un presunto detrimento patrimonial por valor de $2.465.346.670”, sostuvo el ente.
Por último, reportó que “a pesar de las múltiples fallas evidenciadas en la gestión de los bienes a cargo de la SAE, se han aprobado comisiones a sus funcionarios desde la vigencia 2021, producto del cumplimiento de metas de comercialización y arrendamientos, por valor de $6.591.805.436”.
