El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, condenó al entonces máximo cabecilla del extinto Bloque Catatumbo de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, y a 45 exintegrantes de esa organización ilegal por 1.323 hechos criminales ocurridos entre mayo de 1999 y diciembre de 2004, en Norte de Santander.

«La decisión da cuenta 568 hechos de homicidios, entre ellos los perpetrados durante las masacres de Villa del Rosario, Arboledas, Los Patios, El Tarra y Tibú; 55 casos de desaparición forzada, la mayoría relacionados con población civil y representantes de las comunidades que fueron retenidos en zona rural y sobre los cuales se desconoce su paradero; y 700 eventos asociados con desplazamientos forzados», informó la Fiscalía.

El ente acusador señaló que «las diferentes estructuras armadas del Bloque Catatumbo, por directriz de los máximos cabecillas, adoptaron patrones de macrocriminalidad constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, secuestros, amenazas y accesos carnales violentos. Las víctimas de estas conductas fueron personas protegidas, entre población civil y representantes de las comunidades, quienes fueron instrumentalizados para ejecutar actos delictivos en la región o señalados equivocadamente de colaborar con otros grupos armados al margen de la ley».

Por esta razón, Salvatore Mancuso fue condenado a 480 meses de prisión, mientras que los demás sentenciados recibieron entre 240 a 480 meses de prisión. Además, deberán pagar multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sin embargo, no pagarán este sentencia teniendo en cuenta que les aplica la pena alternativa de 8 años de prisión, de acuerdo los parámetros definidos en la Ley de Justicia y Paz, y hay que indicar que Mancuso ya duró ese tiempo en prisión.

Adicionalmente, el Presidente Gustavo Petro lo designó como ‘gestor de paz’ para ‘contribuir al diálogo y llevar a la paz total’ que necesita el país.

«El fallo conocido ordena a los exintegrantes de las AUC reparar patrimonialmente los daños morales y materiales causados a las víctimas acreditadas en el proceso», puntualizó la Fiscalía.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Andrés Camilo Sotelo Torres, como presunto responsable de atacar con un arma de fuego y ocasionarle la muerte a Juan Felipe Rincón Morales, hijo del Inspector General de la Policía, el pasado 24 de noviembre en el barrio Quiroga, en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

En ese sentido, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio doloso agravado; y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. Los cargos no fueron aceptados.

Los elementos de prueba obtenidos por un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que la víctima habría llegado al sector y fue interceptada por varias personas, entre ellas Sotelo Torres, quien en medio de una discusión y en un acto de intolerancia, al parecer, le disparó con un revólver.

El señalado agresor resultó herido en una de las piernas, producto de la reacción del escolta del joven. En las próximas horas será sometido a una cirugía, por lo que el juez de control de garantías suspendió la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento mientras se cumple el procedimiento y se garantiza su recuperación.

La estrategia investigativa articulada de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, que incluyó el análisis de más de 130 videos de cámaras de seguridad, búsquedas selectivas en bases de datos, entrevistas y otras técnicas de policía judicial, puso en evidencia a tres de los presuntos responsables del crimen del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, coronel (r) Élmer Fernández Velásquez, ocurrido el pasado 16 de mayo en la localidad de Barrios Unidos.

Estas personas, identificadas como Anyelo Cárdenas Cuca, Diego Alejandro Murillo Rivera y Sharon Juliet Martínez Roa, fueron presentadas ante un juez de control de garantías.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Los cargos no fueron aceptados y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Las evidencias y los elementos material probatorios recopilados permitieron conocer los roles que habrían cumplido los dos hombres y las mujer para materializar la acción criminal.

En ese sentido, se estableció que Sharon Juliet Martínez Roa y Anyelo Cárdenas Cuca, al parecer, realizaron vigilancias en inmediaciones de La Modelo, detectaron el momento en el que el funcionario salió de la penitenciaría en un vehículo oficial y lo siguieron a bordo de una motocicleta. Durante el recorrido presuntamente mantuvieron comunicación con el sicario, y le marcaron con detalle la ruta, los desvíos y el destino que tomaba la víctima.

De otra parte, Diego Alejandro Murillo es señalado de transportar en motocicleta al hombre que disparó contra el entonces director de la cárcel. Así habría facilitado la ejecución del homicidio en la Avenida NQS con calle 79, y la posterior huida del sitio.

Cárdenas Cuca, Murillo Rivera y Martínez Roa fueron capturados en diligencias realizadas por el CTI y la Policía Nacional en la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá; y en Soacha (Cundinamarca).