*Posterior al crimen habría escrito palabras ofensivas en la ropa que llevaba la víctima como forma de amedrentamiento a la comunidad.

Las actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del homicidio del líder indígena Custodio Yucuna Taminuca, permitieron identificar y judicializar a una mujer que habría participado en la acción criminal ocurrida el 6 de junio de 2023, en el poblado La Pedrera (Amazonas).

Se trata de Saray Vilches Noriega, alias Sofía, presunta integrante del autodenominado frente Jonier Arenas de las disidencias de las Farc, quien sería la encargada de verificar el cumplimiento de los ataques contra la fuerza pública y la población civil ordenados por su pareja, el máximo cabecilla del grupo armado ilegal, y de administrar recursos producto del cobro de extorsiones y otras rentas ilícitas.

Las evidencias indican que hombres armados llegaron a la vivienda del líder indígena y con el pretexto de necesitar a un médico tradicional para atender a un herido, se lo llevaron a un campamento y le causaron la muerte en medio de señalamientos de ser colaborador de las autoridades.

Posteriormente, alias Sofía habría escrito palabras ofensivas en la camiseta que portaba la víctima como forma de amedrentamiento a la comunidad.

Por estos hechos, la mujer fue capturada en diligencia realizada en un inmueble de Puerto Santander (Amazonas).

En el procedimiento fue detenida otra persona que tenía orden judicial vigente, identificada como Elcy Magnolia Vilches Noriega, alias La Suegra, señalada de brindar alojamiento y alimentos a integrantes de la organización, y suministrar información sobre la presencia de la fuerza pública en la zona.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Vilches Noriega los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Asimismo, vinculó a Vilches Noriega por concierto para delinquir agravado. Las dos procesadas no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

*El funcionario habría extralimitado sus funciones al emitir actos administrativos para revocar decisiones del excanciller Álvaro Leyva.

La Fiscalía General de la Nación imputó al exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.

Los hechos que se le atribuyen están relacionados con las posibles irregularidades detectadas en la adjudicación del contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor de 559.000 millones de pesos.

El entonces secretario emitió las resoluciones 1394, 1395 y 1396 del 26 de febrero de 2024, por medio de las cuales revocó el acto administrativo que declaró desierta la licitación y negó el recurso de reposición interpuesto por el postulante que buscaba quedarse con el contrato, y dio por terminada anticipadamente la urgencia manifiesta que suspendió el proceso contractual. De esta manera, dio vía libre a la adjudicación del contrato al único proponente.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, con estas actuaciones habría excedido sus competencias, en el entendido de que solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional, y no contaba con autonomía para reabrir y adjudicar procesos contractuales cerrados.

De otra parte, se conoció que Salazar Ramírez, quien ocupó el cargo de secretario general entre el 18 de agosto de 2022 y 26 de febrero de 2024, adquirió durante ese periodo un predio rural en Puerto López (Meta), por valor de 950 millones de pesos, sin tener una justificación financiera. No se advierten transferencias o créditos ni soportes bancarios o patrimoniales que soporten la compra de los inmuebles.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Joel Andrés Estor Gómez, alias Diomedes, y Daniel de Jesús González Palma, alias Danielito, señalados de par cipar en un atentado contra una empresa de vigilancia en Barranquilla.

Un fiscal de la Seccional Atlántico les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado; homicidio en grado de tentativa; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Los procesados no aceptaron los cargos. De acuerdo con la investigación, el pasado 25 de mayo los procesados llegaron a la sede de una empresa de vigilancia, ubicada al norte de la ciudad, y habrían disparado contra varias personas que se encontraban en el lugar. Producto de la acción armada, un empleado falleció y otros cuatro resultaron heridos.

Posteriormente, los presuntos atacantes huyeron del lugar; sin embargo, fueron interceptados por el Gaula del Ejército Nacional, que adelantaba un procedimiento en la zona, y capturados en flagrancia. Durante el procedimiento les incautaron armas de corto y largo alcance.

Por estos hechos, la Fiscalía también imputó a un menor de edad, de 17 años, los mismos delitos. Un juez de Responsabilidad Penal para Adolescentes le impuso medida de internamiento preventivo en centro especializado.