Los casos de tráfico de especies silvestres en Antioquia están al orden del día. Esta vez ocurrió en Sabaneta. La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, en coordinación con el grupo Gelma de la Fiscalía, adelantaron un allanamiento en una casa de dicho municipio y encontraron una boa constrictor, un pez globo disecado y una cabeza de babilla. Estaban en poder de un hombre de 21 años que fue capturado y que deberá responder por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.

Este caso deja nuevamente al descubierto el flagelo del tráfico ilegal de especies en Colombia, dinamizado por unas redes criminales que se hacen cada vez más difíciles de perseguir por la utilización de redes sociales mediante las cuales realizan sus transacciones, reduciendo cada vez más su exposición.

El tráfico sigue siendo un delito que les genera una importante renta a los traficantes. Una boa constrictor, por ejemplo, se ofrece en chats de tráfico de especies a partir de $100.000. Los reptiles y anfibios, sobre todo de especies exóticas introducidas desde otros países y las que se encuentran en vía de extinción, pueden costar más de $20 millones.

Ya en junio de este año las autoridades se habían llevado una sorpresa al atender un llamado de la comunidad e ingresar a una casa en el barrio Belén Zafra donde se toparon con una hermosa y atemorizante constrictora de más de dos metros.

En cuanto a especies como la babilla, su piel también es bastante cotizada en el mercado negro. Según cifras que maneja la policía y la Fiscalía, una sola piel de babilla puede venderse por casi $6 millones. Estas pieles son apetecidas sobre todo en países como Estados Unidos, Canadá y Europa.

Aunque actualmente existe una regulación para zoocriaderos dedicados a comercializar estas pieles bajo estrictos protocolos y cumplimiento no solo de las leyes colombianas sino de las CITES, que rige todo el comercio y tránsito de especies silvestres en el planeta, precisamente por los rigurosos controles el mercado legal se queda corto frente a la demanda ilegal.

Para el sujeto de 21 años capturado el panorama podría ser bastante adverso. La cacería, captura, comercialización y tenencia de especies silvestres nativas es un delito ambiental penalizado por la Ley colombiana que acarrea condenas de entre 2 y y 8 años de prisión. Esto, además de tener que asumir multas diarias de hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes que varían según el tipo de ejemplar o subproducto, estado de amenaza, modo de tenencia y adquisición, estado de salud al momento del procedimiento, entre otros.

La boa fue entregada al Área Metropolitana para que comience su proceso de rehabilitación y posible recuperación para posterior reintegración a su hábitat natural. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a evitar tener este tipo de especies en sus hogares, ya que son una parte importante para el equilibrio de los ecosistemas naturales, así mismo, a denunciar, a través de la línea de emergencia 123, cualquier hecho de afectación a estos.

El director de la Administradora de los recursos del sistema de seguridad social (Adres), Félix León Martínez Martín, denunció en una rueda de prensa que 52 IPS que han radicado cuentas por más de $70 mil millones vieron suspendidos sus pagos, porque presuntamente no existirían.

La entidad tomó la decisión como resultado de las auditorías realizadas por tres firmas contratadas por la Adres desde 2023 para hacer control, verificación y reconocimiento de pagos a entidades que presentan reclamaciones por servicios de salud y gastos de transporte derivados de accidentes de tránsito causados por vehículos sin SOAT o no identificados.

Al momento de hacer la visita en la dirección registrada en el formulario de reclamaciones, los auditores no encontraron infraestructura física.

Es por eso que las 52 IPS no podrán recibir recursos por giro directo y en este sentido la Adres notificó a las EPS de que no pueden incluirlas en la programación mensual hasta que se aclare la existencia real de las mismas.

Estas instituciones tendrán un plazo de 10 días hábiles para presentar recursos de reposición. En caso de que no logren demostrar su existencia, la Adres dará traslado de estos hechos a la Fiscalía.

«La entidad tiene la responsabilidad de preservar el buen manejo de los recursos del sistema de salud y para ello hemos exigido a las empresas auditoras que sean minuciosas en la revisión de las cuentas que nos están presentando por prestación de servicios de salud», dijo el director.

Según la Adres, la mayoría de estas IPS están ubicadas en Atlántico, Magdalena, Arauca, Casanare, Guaviare y Vichada.​

El Grupo Egmont de inteligencia financiera del mundo suspendió a Colombia por la violación a la confidencialidad de información, a raíz de la presunta compra del software Pegasus y por las declaraciones que dio, en ese sentido, el presidente Gustavo Petro.

El mandatario en una alocución de la semana pasada, cuando dijo que el Gobierno de Iván Duque había adquirido ese programa para interceptarlo ilegalmente, habría violado la confidencialidad de la respuesta sobre este tema, tal como se advertía al inicio de la carta dirigida al director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), que leyó en esa alocución.