La Contraloría de Antioquia imputó cargos al gobernador Andrés Julián Rendón por un contrato de ciclorrutas suscrito cuando fue alcalde de Rionegro, un proyecto millonario que no habría cumplido su objeto y derivó en desembolsos a contratistas.
La Contraloría General de Antioquia formuló cargos por presunto detrimento patrimonial contra el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, por hechos asociados a un proyecto de movilidad ejecutado durante el periodo en el que se desempeñó como alcalde de Rionegro, entre 2016 y 2019, según informó Blu Radio.
La decisión se relaciona con un plan de construcción de ciclorrutas en el Oriente antioqueño que fue anunciado como una intervención regional de gran alcance.
El proceso fiscal tiene como eje un proyecto promovido por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), el cual contemplaba una inversión cercana a 25.000 millones de pesos y buscaba conectar varios municipios del Oriente, entre ellos Rionegro y Marinilla.
De acuerdo con los hallazgos del ente de control, la iniciativa no alcanzó una finalización efectiva de las obras, pese a la existencia de contratos suscritos para su ejecución.
Dentro de la investigación se identificó un contrato interadministrativo por 34.458 millones de pesos, celebrado entre la Empresa de Vivienda de Antioquia e Indeportes Antioquia. Según la Contraloría, a pesar de la magnitud del convenio, los trabajos contratados no habrían cumplido con el objeto previsto, lo que derivó en cuestionamientos sobre la planeación y ejecución del proyecto.
El ente de control precisó que de ese monto total fueron desembolsados 26.186 millones de pesos a las firmas proveedoras Ingecon e IDC.
Esa cifra es la base sobre la cual se estructuraron los cargos fiscales, que no solo involucran al actual gobernador, sino también al gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, Rodrigo Hernández, a exgerentes de Indeportes Antioquia, a siete exfuncionarios de esa entidad, a una de las empresas contratistas y a una aseguradora internacional.
En el documento que sustenta la imputación, la Contraloría de Antioquia señaló debilidades en la etapa precontractual, las cuales habrían derivado en la celebración de varios contratos cuyas obras, en la actualidad, no cumplirían la finalidad para la que fueron ejecutadas. Estas observaciones hacen parte del análisis técnico realizado durante el proceso investigativo adelantado por el organismo de control fiscal.
Las presuntas irregularidades ya habían sido advertidas hace más de cinco años por organizaciones ciudadanas. Entre ellas se encuentra la Veeduría Ciudadana al Central Park, proyecto inconcluso en el municipio de Bello. En declaraciones recogidas por Blu Radio, su representante, Carlos Contreras, explicó que una de las principales dificultades del proyecto de ciclorrutas estuvo relacionada con la adquisición de predios necesarios para la ejecución de las obras.
“Había que comprar algunas franjas de terreno, muchas franjas de terreno, cuando fueron a hacer las negociaciones algunos cedieron, algunos vendieron, que están reclamando entre otras cosas que les paguen los daños y perjuicios porque durante muchos años no los han podido realizar”, manifestó Contreras, al referirse a los obstáculos que se presentaron durante el desarrollo del proyecto en el Oriente antioqueño.