*Seis personas fueron judicializadas por utilizar dos empresas para importar insumos controlados y comercializarlos ilegalmente con organizaciones criminales en Norte de Santander y Cesar.

El desvío de grandes cantidades de insumos químicos controlados hacia centros de acopio clandestinos, para abastecer laboratorios de procesamiento de cocaína, era la actividad delictiva desarrollada por una red delincuencial identificada y desarticulada por la Fiscalía General de la Nación en Norte de Santander y Cesar.

Seis de sus presuntos integrantes fueron judicializados. El tráfico de sustancias para la elaboración de narcóticos constituye una de las conductas priorizadas por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, debido a su papel en la cadena de producción de estupefacientes y en el sostenimiento de las economías ilícitas.

De acuerdo con la investigación, la organización afectada habría utilizado dos empresas legalmente constituidas para importar desde China y países de Suramérica productos químicos. Los insumos, en lugar de ser almacenados en las sucursales autorizadas, eran trasladados hacia centros de acopio clandestino en Ocaña (Norte de Santander) y Aguachica (Cesar). Desde estos puntos se abastecerían laboratorios de producción de cocaína ubicados en el Catatumbo y el sur de Bolívar, zonas de influencia del ELN.

Para encubrir las operaciones, la estructura registraría exportaciones ficticias hacia Venezuela que no eran reportadas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Los seis judicializados son: Yorjan Palacio Villalba, Wilson Castillo Lindarte, Breider Alexis Calderón Martínez, Sebastián Contreras Tamayo, Javier Angarita y Yesid Alejandro Franco Ramírez. Según los elementos materiales probatorios, cada uno cumpliría funciones específicas en la adquisición, coordinación logística, acondicionamiento y transporte de las sustancias.

Palacio Villalba sería el encargado de dirigir y financiar la organización, además de gestionar las importaciones a través de las empresas. Castillo Lindarte asumiría la supervisión de las rutas y el ocultamiento de la trazabilidad de los precursores, mientras que Calderón Martínez apoyaría las actividades logísticas. Por su parte, Contreras Tamayo tendría a cargo del acondicionamiento de los cargamentos, la articulación de los procedimientos de cargue y el retiro de etiquetas para ocultar la procedencia de la mercancía. Angarita y Franco Ramírez, entre tanto, estarían implicados en el transporte de los insumos hasta los lugares de almacenamiento.

Las actividades de policía judicial permitieron documentar diferentes operaciones de importación y desvío de sustancias controladas, entre ellas: • 23 de octubre de 2024: detección de la importación ilegal de 24.150 kilogramos de cloruro de calcio. • 24 de noviembre de 2024: incautación de 7.738 galones de hidrocarburos. • 22 de mayo de 2025: identificación del desvío de 12.600 kilogramos de acetato de N-propilo mediante una falsa exportación. • 30 de mayo de 2025: hallazgo de 208 galones de acetato de etilo y 550 galones de ácido clorhídrico durante un allanamiento. • 26 de julio de 2025: incautación de 3.350 galones (11.160 kilogramos) de acetato de N-propilo. • 9 de mayo de 2026: incautación en otra bodega de 11.300 kilogramos de cloruro de calcio, 3.075 kilogramos de bisulfito de sodio, 1.100 galones de acetato de N-propilo, 330 galones de xileno, 935 galones de isobutanol y 220 galones de cloruro de acetilo. Con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudados, la Fiscalía imputó a los seis procesados los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Ninguno aceptó los cargos y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

*Las víctimas habrían entregado más de 270 millones para evitar ataques contra sus vidas y vehículos.

Una red de extorsión del grupo delictivo autodenominado ‘Satanás’ que durante el último año habría sometido a conductores de transporte informal de la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá, fue afectada por la Fiscalía General de la Nación con la judicialización de seis de sus posibles integrantes.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, estas personas presuntamente exigían a los propietarios de vehículos de transporte informal el pago colectivo de 13 millones de pesos mensuales. La suma debía ser entregada en dos cuotas quincenales de 6’500.000 pesos, en medio de amenazas de atentar contra sus vidas o dañar los automotores.

La intimidación habría escalado hasta el punto de que, el 24 de septiembre de 2023, se registró el asesinato de un conductor y su hijo menor de edad, además de las lesiones ocasionadas a su compañera sentimental. Este hecho correspondería a una retaliación por el incumplimiento de los desembolsos ilícitos fijados. Los cobros extorsivos afectaban a conductores que cubrían las rutas Bosa Estación, Bosa El Recreo, Bosa Porvenir, Bosa Santafé, Bosa San Bernardino, Bosa Brasil y Parques de Bogotá.

Los señalados implicados, en algunas oportunidades, obligaron a las víctimas a designar a una persona para que recolectara el dinero y lo transfiriera a una billetera virtual específica. Las labores de policía judicial permitieron conocer que, de esta manera, ‘Satanás’ alcanzó a percibir hasta 270 millones de pesos, a través de consignaciones que se efectuaron de manera periódica entre septiembre de 2023 y junio de 2026.

En una acción conjunta realizada con unidades del Gaula de la Policía Nacional fueron capturados los presuntos involucrados. Se trata de Nesly María Iriarte Martínez, Liliana Paola Soto Fonseca, Mayfred Joselin Romero Loaiza, Manuel Alberto Ordoñez Chima, Juan David Oyola Galvis y Bill Kleiber Paz Chávez. Los procedimientos se realizaron en Cartagena (Bolívar), Barranquilla y Soledad (Atlántico), Medellín (Antioquia), Soacha (Cundinamarca) y Bogotá.

Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados. Este resultado es producto del modelo estratégico de investigación de la Fiscalía, orientado a identificar y afectar estructuralmente las organizaciones delincuenciales que más inciden en la seguridad y la convivencia en las ciudades.

A través de labores investigativas articuladas, análisis criminal y asociación de casos, se avanzó en la identificación de los posibles responsables, sus dinámicas delictivas y los mecanismos utilizados para recibir y distribuir los recursos obtenidos mediante las extorsiones.

*Rafael Antonio Velásquez Pinzón aceptó su responsabilidad en los hechos que le fueron atribuidos entre ellos el caso de un niño de 12 años que fue asesinado.

La Fiscalía General de la Nación recopiló elementos materiales probatorios que dan cuenta de coincidencias en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de varias agresiones sexuales contra menores de edad ocurridas en zonas rurales de Quindío; y de un mismo señalado responsable: Rafael Antonio Velásquez Pinzón.

Este hombre sería el responsable de interceptar a niños y adolescentes que se desplazaban solos hacia sus colegios o regresaban a sus viviendas por carreteras veredales de Circasia, Salento y Montenegro.

En la mayoría de los casos los intimidaba con armas de fuego o cortopunzantes, los trasladaba por la fuerza a zonas boscosas y, en esos lugares, los sometía a agresiones sexuales.

Las víctimas identificadas son cinco menores de edad, de sexo masculino, con edades entre los 12 y 15 años. Las actividades de policía judicial permitieron relacionar los casos y documentar los eventos delictivos perpetrados en septiembre de 2022, julio de 2025 y febrero de 2026. Una de las víctimas, un niño de 12 años, fue asesinado.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Seccional Quindío obtuvo orden de captura, la cual fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en un inmueble de Quimbaya.

En el procedimiento fueron incautados una motocicleta, un teléfono celular y otros elementos serán sometidos a los respectivos análisis.

Velásquez Pinzón fue imputado por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple agravado, acceso carnal violento agravado y actos sexuales violentos.

Los cargos fueron aceptados y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Ante la posibilidad de que existan otras víctimas, la Fiscalía General de la Nación invita a quienes hayan sido afectados por conductas similares a denunciar a través de la línea 122, por los canales virtuales habilitados por la entidad o a la sede de la Seccional Quindío.