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Fiscalía lanza plan estratégico para investigación y judicialización de delitos electorales

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*Con mayor presencia en regiones; seguimiento, análisis y articulación de actividades de policía judicial para identificar las conductas ilícitas que más inciden en el desarrollo normal de los certámenes democráticos, y difusión de los canales de denuncia, entre otras acciones, la Fiscalía busca atender y avanzar en la judicialización de los hechos delictivos que ocurran antes, durante y después de las jornadas electorales de 2026.

La Fiscalía General de la Nación está preparada para las próximas jornadas electorales. A través de la resolución 0047 de febrero de 2026, fue definida la estrategia transitoria de investigación y judicialización de los delitos que se presenten con ocasión de los comicios legislativos y presidenciales.

El plan definido contempla acciones para conocer y abordar con todas las capacidades institucionales los hechos delictivos que ocurran antes, durante y después de las votaciones previstas. En ese sentido, se realizó un mapa de riesgo electoral que permite identificar fenómenos delictivos en las regiones, teniendo en cuenta la capacidad de respuesta estatal y las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Esto facilitará la priorización de las
zonas con altas probabilidades de afectación.

Paralelamente, se avanzará en análisis integrales sobre las denuncias recibidas y las investigaciones que se siguen por cualquiera de los 16 delitos electorales, así como las alertas conocidas por presencia o posible injerencia de los grupos armados ilegales, con el propósito de optimizar y orientar de mejor manera los esfuerzos.

Las delegadas y direcciones estarán en permanente articulación para ejecutar la estrategia. De igual manera, trabajarán conjuntamente y mantendrán rutas de comunicación con entidades como la Defensoría el Pueblo, a efectos conocer de primera mano las alertas tempranas emitidas; y la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras autoridades electorales para acudir a insumos de interés como el censo electoral.

Con relación a las acciones violentas contra candidatos y representantes de comunidades, la Fiscalía mantendrá mesas de trabajo con la Oficina del Alto Comisionado en Colombia para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organizamos internacionales con el propósito de obtener detalles sobre las conductas que afecten la vida, integridad y libertad de las personas o líderes que participan en el proceso y así poner en
marcha las respectivas investigaciones.

La financiación de las campañas es otro aspecto significativo que advierte la estrategia. Para esta temática se creará un Observatorio de Financiación Electoral para verificar asuntos relacionados con la violación de topes, gastos de campaña y fuentes de financiación. Las valoraciones servirán para construir una herramienta de seguimiento y emitir informes focalizados en territorio que sirvan para abrir las respectivas noticias criminales.

Los días 8 de marzo y 31 de mayo, la Fiscalía dispondrá de puntos de recepción de denuncias en lugares de alta afluencia de votantes o donde no hay presencia física de la entidad. Esta labor se articulará con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior.

Las denuncias o información relevante que llegue a la Fiscalía o Uriel tendrán una ruta de atención especial a cargo de fiscales y equipos especializados de policía judicial con disponibilidad exclusiva en el Nivel Central y en las 35 seccionales.

Al servicio de la ciudadanía, en la página web de la Fiscalía (www.fiscalia.gov.co), se habilitó un micrositio con aspectos de interés como los canales de denuncia, los delitos de recurrencia, el mapa de riesgo electoral y todo lo que se debe saber sobre los certámenes democrático que se aproximan.

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Capturan a presunto abusador sexual de menores de edad

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*Rafael Antonio Velásquez Pinzón aceptó su responsabilidad en los hechos que le fueron atribuidos entre ellos el caso de un niño de 12 años que fue asesinado.

La Fiscalía General de la Nación recopiló elementos materiales probatorios que dan cuenta de coincidencias en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de varias agresiones sexuales contra menores de edad ocurridas en zonas rurales de Quindío; y de un mismo señalado responsable: Rafael Antonio Velásquez Pinzón.

Este hombre sería el responsable de interceptar a niños y adolescentes que se desplazaban solos hacia sus colegios o regresaban a sus viviendas por carreteras veredales de Circasia, Salento y Montenegro.

En la mayoría de los casos los intimidaba con armas de fuego o cortopunzantes, los trasladaba por la fuerza a zonas boscosas y, en esos lugares, los sometía a agresiones sexuales.

Las víctimas identificadas son cinco menores de edad, de sexo masculino, con edades entre los 12 y 15 años. Las actividades de policía judicial permitieron relacionar los casos y documentar los eventos delictivos perpetrados en septiembre de 2022, julio de 2025 y febrero de 2026. Una de las víctimas, un niño de 12 años, fue asesinado.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Seccional Quindío obtuvo orden de captura, la cual fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en un inmueble de Quimbaya.

En el procedimiento fueron incautados una motocicleta, un teléfono celular y otros elementos serán sometidos a los respectivos análisis.

Velásquez Pinzón fue imputado por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple agravado, acceso carnal violento agravado y actos sexuales violentos.

Los cargos fueron aceptados y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Ante la posibilidad de que existan otras víctimas, la Fiscalía General de la Nación invita a quienes hayan sido afectados por conductas similares a denunciar a través de la línea 122, por los canales virtuales habilitados por la entidad o a la sede de la Seccional Quindío.

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Golpe a banda delictiva señalada de cometer homicidios y actos terroristas para controlar microtráfico en Bogotá

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*Diez presuntos integrantes de esta organización delincuencial fueron judicializados. La estructura estaría relacionada con un ataque con granada que dejó una persona muerta y 18 heridas, así como con al menos seis homicidios registrados durante 2026.

El uso de explosivos, los homicidios y las amenazas contra quienes interferían en sus actividades ilícitas eran los mecanismos de violencia usados por la organización delincuencial conocida como ‘Los Boyacos’ para mantener el control de la venta de estupefacientes en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá.

Los elementos materiales probatorios indican que este grupo delictivo tendría presencia en el sector desde, al menos, 2024 y contaría con una organización jerarquizada, integrada por cabecillas, administradores de puntos de expendio, distribuidores, vendedores, vigilantes y un brazo armado encargado de ejecutar acciones violentas para proteger sus actividades ilegales y mantener el dominio territorial. 10 personas señaladas de integrar esta estructura fueron judicializadas por la Fiscalía General de la Nación, entre ellas Miguel Vargas Parra, alias Yimi o Boyaco, uno de los principales dinamizadores; y un hombre conocido como ‘Miguel’ o ‘El Viejo’, quien habría coordinado la distribución de sustancias ilícitas en seis zonas, el manejo de las ganancias ilegales y la financiación de la estructura.

Estos dos posibles articuladores principales, al parecer, ordenaron homicidios contra personas sospechosas de suministrar información a las autoridades, comercializar estupefacientes por fuera de los intereses de la red o intentar abandonarla. Para ejecutar estas determinaciones contarían con un grupo sicarial que estaría a cargo de alias ‘Carramán’ y ‘Drilococo’. Entre sus posibles integrantes fueron identificados Osneiber Rafael Sabino Aguache, alias Mailo, y Reinaldo de Jesús Hernández Bonett, alias El Diablo, quienes estarían encargados de las acciones violentas y de proteger los expendios.

Uno de los hechos atribuidos a ‘Los Boyacos’ ocurrió el 22 de enero de 2026, cuando fue lanzada una granada contra un grupo de ciudadanos que permanecía en una concurrida zona del barrio Santa Fe. El ataque, que habría sido ordenado por los cabecillas como represalia por la comercialización de estupefacientes ajenos a la estructura, ocasionó la muerte de una persona, lesiones a otras 18 y daños materiales. Alias ‘Mailo’ es señalado de lanzar el artefacto explosivo desde una motocicleta. De acuerdo con la hipótesis investigativa.

A este episodio se suma, por lo menos, seis homicidios perpetrados durante 2026. Los casos corresponderían a disputas por el control del tráfico local de estupefacientes, sospechas de colaboración con las autoridades e incumplimiento de las condiciones impuestas. Las actividades de policía judicial también permitieron identificar maniobras para ocultar los eventos delictivos, como la eliminación de registros de cámaras de seguridad y el traslado de cuerpos a otros sectores de la ciudad.

En este contexto, es investigado Yermmy Rincón Alza, alias ‘Chatico’, quien habría brindado apoyo logístico a la banda delincuencial e intervenido en actuaciones posteriores a uno de los homicidios para favorecer el ocultamiento de lo ocurrido. Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a los 10 procesados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, y favorecimiento agravado.

Este resultado es producto del modelo estratégico nacional de investigación de la Fiscalía, orientado a identificar y afectar estructuralmente las organizaciones delincuenciales que más impactan la seguridad y la convivencia en las ciudades. Mediante labores investigativas articuladas con la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá, análisis criminal y asociación de casos, se estableció el posible funcionamiento de esta red, sus niveles de coordinación y su relación con diferentes hechos violentos.

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Cae presunto cabecilla de red de narcotraficantes requerido en extradición por Perú

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José Ramiro Tobón Osorio, alias El Viejo, es investigado por su posible participación en el envío de cocaína a Europa, oculta en cargamentos de café.

Una notificación roja de Interpol permitió ubicar y aprehender en Pereira (Risaralda) a José Ramiro Tobón Osorio, ciudadano colombiano requerido por las autoridades judiciales de Perú por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado.

El procedimiento fue realizado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos a la Unidad de Investigaciones de Fugitivos (FIU), con apoyo del Ejército Nacional y el Servicio de Marshals de Estados Unidos. Tobón Osorio, conocido con alias El Viejo, sería el presunto cabecilla de una organización delincuencial transnacional que utilizaba cargamentos de café para ocultar clorhidrato de cocaína.

Los alijos salían de Colombia rumbo a Perú y otros países de Suramérica para posteriormente ser camuflados con destino a Países Bajos y otros destinos de Europa.

Esta modalidad y la ruta de envío habrían sido empleadas para evadir los controles de las autoridades.

El ciudadano colombiano es solicitado por la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado de Perú.

Ahora, quedará a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se surte la formalización del pedido de extradición, y se cumplen los trámites diplomáticos y administrativos para su entrega al país requirente.

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