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Fiscalía judicializa a dos expolicías y a ocho personas más por presuntamente lavar $24.970 millones de pesos del narcotráfico

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La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió identificar a una red delictiva que estaría involucrada en el lavado de 24.970 millones de pesos, que corresponderían a recursos obtenidos por el tráfico trasnacional de estupefacientes.

En diligencias realizadas en Bogotá, Cartagena (Bolívar), Baranoa (Atlántico) e Ibagué (Tolima), fueron capturados 11 de los presuntos integrantes del entramado ilegal, entre ellos dos mayores en retiro de la Policía Nacional, identificados como Andrés Felipe Osorio Osorio y Carlos Mario Montoya Castro; algunos de sus familiares y conocidos.

Los elementos materiales probatorios indican que los oficiales habrían constituido dos comercializadoras de productos cárnicos, con el propósito de darle tránsito a los dineros ilícitos. Una de las compañías, en tan solo dos años, reportó transacciones bancarias por 11.000 millones de pesos, movilizó 971 millones en efectivo en carros de valores y registró 117 transacciones por 33.000 dólares en el Banco de República.

Los demás detenidos, al parecer, estaban vinculados a las empresas y figuraban como titulares de 7 lotes, 2 casas, 12 apartamentos, 9 vehículos y objetos lujosos, sin tener la capacidad económica ni estabilidad laboral para obtener estos bienes.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los 11 capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Los cargos no fueron aceptados. Los mayores en retiro seguirán privados de la libertad en sus lugares de residencia, donde permanecen luego de ser judicializados y asegurados por tráfico de estupefacientes, en agosto de 2023.

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Hallan con vida a cuatro tripulantes de barco desaparecido el 4 de mayo

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*El barco se dirigía a Cartagena. A bordo viajaban el capitán colombiano Henry Lozano y los tripulantes dominicanos Joselito Antonio Paulino, José Aristides Ureña Díaz y Miguel Ramón Ureña Ruiz.

Los cuatro tripulantes del barco Júpiter, desaparecido desde comienzos de mayo en aguas del Caribe, fueron hallados con vida y se encuentran estables, según informó este sábado Ramiro Lozano, hermano del capitán colombiano Henry Lozano.

«Los encontraron los mexicanos. Están estables», aseguró Lozano a EFE, quien añadió que actualmente continúan las maniobras de rescate, sin que hasta el momento se conozcan más detalles sobre el lugar exacto del hallazgo ni las condiciones en las que fue localizada la embarcación.

El Júpiter, de bandera dominicana, había zarpado el pasado 4 de mayo desde Manzanillo, en República Dominicana, con destino a Cartagena de Indias, en Colombia, en un trayecto que debía durar entre cinco y seis días.

A bordo viajaban el capitán colombiano Henry Lozano y los tripulantes dominicanos Joselito Antonio Paulino, José Aristides Ureña Díaz y Miguel Ramón Ureña Ruiz.

Los familiares denunciaron esta semana la falta de información sobre el paradero de la embarcación y pidieron apoyo de las autoridades de Colombia y otros países de la región para intensificar su búsqueda, luego de que el 18 de mayo se conociera un reporte según el cual el barco se encontraba a la deriva cerca de Serranilla, en coordenadas próximas a Honduras.

Por el momento no se han pronunciado oficialmente las autoridades marítimas de los países involucrados sobre el hallazgo ni sobre las circunstancias en que fueron encontrados los cuatro tripulantes.

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Liberaron a hijo de ex alcalde de Tame, Arauca, tras cinco días de secuestro

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*La liberación se realizó a través de una comisión humanitaria, que facilitó el encuentro en un punto acordado previamente,

En un nuevo hecho relacionado con la situación de orden público en el departamento de Arauca, el Ejército de Liberación Nacional dejó en libertad a Iván Alfredo Guzmán, hijo del exalcalde de Tame Alfredo Guzmán, quien había sido secuestrado el pasado lunes 25 de mayo.

Junto a él también fue liberado Plácido Ovallos Rangel, según confirmaron fuentes de la zona.

Ambos ciudadanos permanecían en poder de esa guerrilla y su entrega se produjo en medio de un proceso de mediación.

Las liberaciones se realizaron a través de una comisión humanitaria, que facilitó el encuentro en un punto acordado previamente, en medio de la tensión que persiste en varias zonas rurales del departamento.

Cabe recordar que, recién el pasado jueves, el ELN se había atribuidoel secuestro de Iván Alfredo Guzmán Valcárcel.

En esa oportunidad, el grupo armado ilegal señaló que Guzmán Valcárcel fue secuestrado el pasado lunes, hacia las 3:30 de la mañana, en el casco urbano del municipio de Tame, en medio de lo que denominó acciones de “control territorial”.

“Al señor Guzmán se le está llevando el debido proceso y, en los próximos días, será entregado ante organismos humanitarios”, había adelantado el mismo grupo ilegal por medio de un comunicado sobre la situación de Guzmán, quien es estudiante de Derecho y trabaja en instalaciones de la Contraloría General en Bogotá.

Según las primeras versiones, él había viajado al municipio para visitar a sus padres cuando ocurrió el hecho.

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Comunidad indígena se desplaza por guerra entre alias ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’

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*Ambos grupos se disputan las rutas del narcotráfico, los corredores de movilidad entre los departamentos de Meta y Guaviare y el control social de la región.

El desplazamiento forzado en el sur de Colombia no da tregua y, una vez más, el pueblo indígena Jiw se encuentra en el centro de una crisis humanitaria. En las últimas semanas, decenas de familias se han visto obligadas a abandonar sus territorios ancestrales en el municipio de Mapiripán (Meta) para buscar refugio en San José del Guaviare.

Las razones de este éxodo masivo están ligadas a la guerra territorial que libran dos facciones de las disidencias de las Farc: la estructura de alias ‘Iván Mordisco’ y las fuerzas comandadas por alias ‘Calarcá’.

Ambos grupos se disputan las rutas del narcotráfico, los corredores de movilidad entre los departamentos de Meta y Guaviare y el control social de la región.

Según la denuncia de una lideresa de la comunidad, quien habló bajo estricta reserva de su identidad para proteger su vida, el miedo a ser asesinados o reclutados los ha obligado a dejar su territorio.

“Nosotros salimos por el temor. Ya estamos quedando poquitas familias porque todos están desaparecidos. Los que se han llevado nunca aparecen, nunca sabemos noticias de ellos”, señaló la líder.

La denuncia pública de la comunidad Jiw apunta a una estrategia de terror por parte de los grupos armados ilegales que delinquen en la zona. El reclutamiento forzado de jóvenes y menores de edad se ha convertido en la principal amenaza para la supervivencia cultural y física de este pueblo indígena.

De acuerdo con el testimonio, aquellos jóvenes que caen en manos de los grupos armados ilegales desaparecen por completo, dejando a sus familias en una dolorosa incertidumbre. A esto se suman las constantes ejecuciones y homicidios selectivos que se registran en las diferentes zonas del sur del Meta y Guaviare, lo que ha desatado el desplazamiento masivo de estas familias.

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