*El inmueble fue adquirido mediante la intimidación armada y el desplazamiento masivo de comunidades afrodescendientes e indígenas por parte de los grupos paramilitares, y utilizado para impulsar cultivos de palma de aceite en la región del Bajo Atrato.

La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Persecución de Bienes, entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas un predio ubicado en zona rural de Santa Marta (Magdalena), que haría parte del patrimonio de Carlos Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero, condenados por nexos con algunos de los cabecillas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Vicente Castaño Gil.

El inmueble, avaluado preliminarmente en 17.000 millones de pesos, estaba a nombre de una sociedad constituida inicialmente por los hermanos Zúñiga Caballero, y su origen tendría relación con las actividades ilícitas que se les atribuyeron.

De acuerdo con las evidencias obtenidas, las estructuras paramilitares con injerencia en Chocó intimidaron y desplazaron de manera forzada a las comunidades indígenas y afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, y de otras zonas de la región del Bajo Atrato, las despojaron de sus tierras y permitieron que empresarios, como los hermanos Zúñiga Caballero, desarrollaran proyectos agroindustriales de palma.

Por petición de la Fiscalía y en atención a los argumentos presentados, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín (Antioquia) impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el bien identificado.

En ese sentido, pasa a contribuir a los procesos de reparación integral de las personas afectadas por el conflicto armado.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a un hombre de 60 años, señalado de abusar sexualmente de sus cinco hijas, dos sobrinas y una nieta en zonas rurales de Fresno y Rovira (Tolima), y en Bogotá.

Los hechos investigados comenzaron en 1998 y se prolongaron hasta 2024. Durante este tiempo habría ejercido diversos actos en contra de la formación y libertad sexual de ocho de sus familiares menores de edad, consolidando un patrón delictivo sistemático.

Las evidencias indican que la primera víctima fue su hija mayor, quien presuntamente fue sometida a distintos vejámenes entre los 7 y 12 años. Este comportamiento se repitió con sus otras hijas en fincas de Fresno y Rovira.

En todos los casos, al parecer, aprovechó la ausencia de su esposa para cometer los abusos; y posteriormente, ejerció amenazas de muerte contra las menores de edad para evitar que lo denunciaran.

Adicionalmente, se conoció que el hombre también habría intimidado y golpeado a su pareja porque se enteró de las agresiones sexuales perpetradas contra sus familiares durante más de dos décadas.

Por todo lo anterior, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, materializaron una orden de captura en su contra en diligencia realizada en Fresno. Entre tanto, una fiscal de la Seccional Tolima le imputó los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y violencia intrafamiliar, las tres conductas en modalidad agravada, e incesto.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

*Juan Manuel Herrera Arbeláez habría convencido a más de 1.100 personas de invertir en un supuesto complejo hospitalario en Saboyá que nunca fue construido.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al médico Juan Manuel Herrera Arbeláez por, presuntamente, haber estafado a más de 1.100 personas con la promesa de construir un complejo hospitalario en Saboyá, Boyacá. De acuerdo con el ente acusador, el especialista habría captado ilegalmente más de 2.276 millones de pesos mediante la venta de consultorios y aportes económicos de ciudadanos que creyeron en el proyecto de salud.

Según la investigación, Herrera Arbeláez comenzó a promocionar la iniciativa desde el año 2012, asegurando que el hospital estaría completamente terminado y en funcionamiento para 2016.

El proyecto contemplaba la construcción de 40 consultorios médicos y fue presentado como una oportunidad de inversión y generación de empleo para profesionales de la salud y habitantes de la región.

La Fiscalía indicó que el médico utilizó su reconocimiento profesional y diferentes medios de comunicación para atraer inversionistas y generar confianza entre los interesados.

Las autoridades señalaron que cada consultorio era comercializado por un valor cercano a los 70 millones de pesos y que, además, alrededor de 1.100 ciudadanos realizaron aportes de 2 millones de pesos bajo la promesa de recibir beneficios especiales en servicios médicos.

La Fiscalía sostuvo que el médico también habría asegurado contar con millonarias donaciones provenientes del extranjero para respaldar el desarrollo del complejo hospitalario.