La Fiscalía General de la Nación, en articulación con el CTI, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la agencia estadounidense DEA, identificó a los nueve señalados integrantes de la organización ilegal y los roles que cumplían en el entramado criminal. Todos fueron capturados en diligencias realizas de manera simultánea en Cali y Jamundí (Valle del Cauca).

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a estas personas el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Por su parte, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La estructura impactada, al parecer, adquiría diversas cantidades de cocaína y marihuana en Caloto (Cauca), y las transportaba en vehículos particulares y buses de servicio escolar a inmuebles en Cali y Jamundí, donde eran diseñadas las maquinas eléctricas e industriales a la medida, de tal manera que pudieran ocultar los bloques de las sustancias.

Finalmente, la maquinaria era embalada y enviada a los puertos del Caribe y el Pacífico colombiano para salir con destino a Norteamérica.

Los procesados son: Maximiliano Cáceres Alarcón, alias Maxi, presunto cabecilla de la estructura; César Augusto Ramos Palacios, señalado responsable del transporte de los estupefacientes y de la fabricación de las máquinas; Kevin Villa Valderrama, Julio Cesar Reina Gutiérrez, Carlos Alberto Guerrero, Fabián Alarcón Barrera y Cristhian Paolo Salazar Camacho, quienes estarían involucrados en la elaboración de las caletas.

Asimismo, Evely Alarcón Barrios, señalada de facilitar los inmuebles para almacenar losestupefacientes; y Laura Vanessa Rodríguez Muñoz, compañera sentimental de alias Maxi y presunta responsable de las finanzas de la organización.

Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento condenó al exalcalde de Bucaramanga (Santander), Luis Francisco Bohórquez Pedraza; a dos exfuncionarios de su despacho, dos contratistas y un familiar, por las irregularidades y actos de corrupción detectados en la contratación pública entre 2012 y 2015.

El exmandatario Bohórquez Pedraza fue sentenciado a 17 años y 9 meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Asimismo, deberá pagar una multa de 592 millones de pesos.

Un fiscal de la Seccional Santander demostró que, desde la Secretaría de Infraestructura de la ciudad, fueron tramitados, celebrados, ejecutados y liquidados de manera irregular 11 contratos de obra, cuyos objetos contractuales estaban relacionaban con la modernización, mantenimiento, expansión de alumbrado público, mantenimiento de postes y poda de árboles por un monto aproximado de 17.000 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, personas cercanas al exalcalde e integrantes de la iglesia Manantial de Amor constituyeron varias sociedades con el único propósito de quedarse con los mencionados contratos. En medio de este entramado criminal se generaron pérdidas por 2.319 millones de pesos.

Los otros involucrados, de acuerdo con su participación en los hechos conocidos, fueron condenados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, de la siguiente manera:

● Clemente León Olaya, exsecretario de Infraestructura, a 21 años de prisión y multa
de 2.709 millones de pesos.
● Gloria Azucena Durán Valderrama, supervisora de contratos y jefe de la Oficina de
Alumbrado Público, a 17 años y 7 meses de prisión, y multa de 1.015 millones de
pesos.
● Leonardo Luna Escalante, asesor y familiar del exalcalde, a 8 años de prisión y al
pago de 381 millones de pesos.
● Óscar Mauricio Benavides Toloza, contratista, a 12 años de prisión y multa de 190
millones de pesos.
● Uriel Ávila Méndez, contratista, a 11 años de prisión y al pago de 1.012 millones de
pesos.
Las condenas son de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un hombre fuera condenado a 45 años y 10 meses de prisión por su responsabilidad en el crimen de su hijastro, un niño de 6 años, en hechos ocurridos en noviembre de 2023, en una vivienda del barrio La Ciudadela 20 de Julio en Barranquilla (Atlántico).

El menor se encontraba bajo el cuidado del sentenciado de 36 años, quien, durante la madrugada del 19 de noviembre, contactó a la madre del niño, informándole que estaba inconsciente y no reaccionaba.

En el momento que la madre regresó a al inmueble, observó que la víctima estaba en brazos del hombre y de inmediato lo trasladó a un centro médico, sin embargo, llegó sin signos vitales. Según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el niño presentaba múltiples traumas en el tórax, abdomen y cuello, además de contusiones y lesiones en la piel de sus extremidades, torso, y rostro. Estos hallazgos evidenciaron un
patrón de maltrato sistemático que terminó en su muerte.

Este hombre fue capturado el 24 de noviembre de 2023 por la Policía Nacional y, tras una investigación que incluyó pruebas científicas y testimoniales, un juez de conocimiento dictó la sentencia, estableciendo su responsabilidad en el delito de homicidio agravado.
La Fiscalía demostró que el acusado actuó con extrema violencia y premeditación, lo que sustentó la gravedad de la pena impuesta en primera instancia.