*Las víctimas habrían sido intimidadas con un arma cortopunzante y obligadas a suministrar las claves de sus aplicaciones financieras.

Una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan José Estrada Vélez, de 24 años, el taxista que estaría involucrado presuntamente en cuatro hechos de hurto y agresión sexual contra mujeres que habrían tomado servicios en Medellín.

Los casos se habrían registrado entre el 7 de agosto y el 8 de septiembre de 2026 y, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, tendrían características similares.

Estrada Vélez, al parecer, abordaba a las víctimas dentro del vehículo de servicio público, las intimidaba con un arma cortopunzante para despojarlas de sus pertenencias, las abusaba sexualmente y obligaba a suministrar las claves de acceso a las aplicaciones financieras instaladas en los teléfonos celulares, con el propósito de apoderarse del dinero disponible en las cuentas.

En los cuatro eventos delictivos conocidos, el hombre las habría abandonado en zonas solitarias y huía del lugar. Los artículos hurtados, entre celulares, dinero en efectivo y otros bienes, estarían avaluados en más de 12 millones de pesos.

La detención del procesado se registró en el barrio Laureles de Medellín, momentos después de que, presuntamente, hurtara y atacara sexualmente a una mujer.

Una fiscal de la URI de la Seccional Medellín le imputó los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado. Los cargos no fueron aceptados.

Les imputarán el delito de tortura en circunstancias de agravación punitiva.

Unidades de la Fiscalía, a través de la estrategia de delitos contra la libertad, la integridad y formación sexual capturaron a una mujer y a su compañera sentimental por la presunta tortura a un niño, hijo de una de ellas.

La investigación la adelantaba la Fiscalía 12‎ por orden judicial del juzgado 15 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla-Atlántico

Las mujeres fueron capturadas como presuntas responsables del delito de tortura en circunstancias de agravación punitiva.

Las capturadas fueron identificadas como Sindy Patricia Santiago Echeverría y Mileydis Nohemi Viloria Sanjuanelo, quienes fueron aprehendidas en los barrios Simón Bolívar y Nueva Esperanza, de Barranquilla Atlántico.

Reseña el informe oficial que de acuerdo a las investigaciones realizadas se pudo establecer que los hechos de tortura se venían presentando desde el año 2024, por parte de la progenitora y su compañera sentimental.

Se añade incluso que “por la gravedad de las heridas fue necesario someter al niño a cirugía maxilofacial reconstructiva”.

Además de las torturas, el menor se encontraba desescolarizado con el propósito de evitar que terceros, especialmente personal de docentes o autoridades competentes, advirtieran o tuvieran conocimiento de las agresiones de las que era objeto.

Las torturas se constituyen en una grave vulneración de los derechos fundamentales del niño, especialmente su derecho a la vida, integridad física, dignidad humana y protección contra toda forma de violencia.

Para la Fiscalía, estos hechos revisten especial relevancia por tratarse de presuntos actos de violencia ejercidos por personas que tenían el deber de garantizar la protección y cuidado de la víctima.

*La contratación de la logística para los comicios habría sido fraccionada para evitar un proceso de selección con pluralidad de oferentes, entre otras presuntas anomalías.

La Fiscalía General de la Nación identificó posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la logística de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo en Riosucio (Chocó).

Entre ellas están el fraccionamiento de la contratación, el uso de facturas fraudulentas e inconsistencias en el suministro de alimentación y combustible.

Por estos hechos son investigados el alcalde de Riosucio, Juan Moreno Mena; el secretario de Hacienda, Roberto Bayron Tipton Caicedo; el jefe de Presupuesto, Francisco Calvo Romaña; el auxiliar administrativo, Wilmer Enrique Romaña Vargas; el coordinador de la Oficina de Riesgo, Jair García Rodríguez; y el recaudador de impuestos, Ariel Alejandro Moreno Ayala.

Según los elementos materiales probatorios, los seis funcionarios, al parecer, intervinieron de diferentes maneras en varios contratos que no se suscribieron en el marco de un proceso contractutual planificado, fraccionando su objeto para evitar un mecanismo de selección objetiva con pluralidad de oferentes y justificando el giro directo del dinero.

El alcalde, como ordenador del gasto, conocía la cuantía total y el objeto de la contratación, pero habría dispuesto dividirla en varias resoluciones. Asimismo, es señalado de no incluir la necesidad presupuestal en el plan de adquisiciones, pese a que el calendario electoral era conocido desde 2025.

En desarrollo de estas actuaciones fueron autorizadas cinco partidas por un total de 200 millones de pesos.

Las evidencias recaudadas indican que solo una parte del dinero fue utilizada para la logística electoral. Para soportar los gastos, presuntamente se presentaron cuentas de cobro con facturas fraudulentas por la entrega de almuerzos, algunas sin fecha;
documentos sobre suministro de combustible expedidos después de los comicios o con valores superiores a los precios reales, y constancias que buscaban simular el pago de viáticos a jurados electorales por valores elevados.