Las expectativas de viaje y los ahorros de muchas familias se esfumaron en manos de ‘Los Mágicos’. Esta red delincuencial es señalada de utilizar la fachada de una agencia para promover paquetes turísticos a diferentes destinos, cautivar a sus víctimas con ofertas y ofrecimientos llamativos, y desaparecer intempestivamente luego de quedarse con el dinero que les exigían para asegurar el supuesto plan.
La labor investigativa realizada por la Fiscalía General de la Nación permitió identificar y obtener órdenes de captura contra cuatro de los señalados integrantes de esta red ilegal, las cuales fueron materializadas por funcionarios del CTI, con apoyo de la Policía Nacional, en Santa Marta (Magdalena) y Armenia (Quindío).
Los detenidos, identificados como Braiton Stiven Cifuentes Guerrero, Breynner Alfonso Silva Socarras, Yury Estefanía Montes Macías y Stephany Tovar Martínez, fueron presentados ante un juez de control de garantías e imputados por los delitos de concierto para delinquir y estafa en modalidad masa, ambas conductas agravadas.
Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Las evidencias físicas y los elementos de prueba recaudados dan cuenta de que ‘Los Mágicos’, al parecer, alquilaban oficinas en edificios, centros comerciales y lujosos sectores de Neiva (Huila), Bucaramanga (Santander), Armenia (Quindío) y Santa Marta (Magdalena).
Desde estos puntos ofrecían planes todo incluido a las ciudades de la Costa Atlántica y el Eje Cafetero, con aparentes facilidades de pago.
Los ciudadanos interesados que se acercaban eran inducidos a firmar contratos en los que se comprometían a pagar entre 1 y 6 millones de pesos para que les aseguraran el viaje en las condiciones pactadas. Sin embargo, después de un tiempo los vendedores desaparecían, sin cumplir lo prometido y con el dinero que les había sido confiado.
Hasta el momento han sido acreditadas más de 130 víctimas de ‘Los Mágicos’, la mayoría conductores, amas de casa, adultos mayores y trabajadores de la construcción, entre otros.
Los cálculos preliminares dan cuenta de una defraudación superior a 300 millones de pesos. Las investigaciones continúan para identificar a otros afectados.