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Estos son los compromisos pactados entre Gobierno y transportadores de carga tras el fin del paro

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Luego de tres días de conversaciones, el Gobierno Nacional y las bases camioneras lograron alcanzar el acuerdo que permitió levantar, de manera inmediata, el cese de actividades de los transportadores de carga por carretera, desbloquear las vías en todo el país y establecer la hoja de ruta para la nivelación del precio del combustible ACPM, que permita cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Entre los puntos principales del acuerdo está establecer un alza de $800 en el galón de Acpm en lo que resta de 2024: el primer ajuste de $400 regirá a partir de la modificación de la Resolución 40350 de 2024, y el segundo, también de $400, será a partir del 1° de diciembre de este año.

Se acordó también que este incremento estará vigente “hasta tanto no se logren las transformaciones estructurales en las relaciones económicas en el transporte de carga y en la modalidad del servicio especial y de pasajeros, que recojan las problemáticas descritas en las mesas adelantadas en la negociación, y que se encuentran consignadas en las grabaciones de las mesas realizadas”.

Es decir, según el Gobierno, que los nuevos incrementos dependerán de las nuevas realidades que se determinen en las mesas técnicas que se definirán para el año entrante.

Puede leer: Tras fin del paro camionero, MinAgricultura inicia plan de acción para acelerar salida de alimentos represados

“Hemos resuelto más rápido de lo que pensaban y de la mejor manera el paro camionero. Felicitaciones a los pequeños camioneros que supieron poner como prioridad su agenda de reivindicación y no agendas extrañas. Les cumpliremos. Felicitaciones a la ciudadanía que tuvo la paciencia y no pasó a confrontaciones en el seno del pueblo mismo. Y a la fuerza pública que actuó con prudencia democrática”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

Los otros compromisos

El acuerdo entre el Gobierno y las bases camioneras determinó otros compromisos, como convocar dentro de los próximos ocho días las mesas técnicas para estructurar el Sistema de Costos Eficientes (Sicetac) para otros prestadores del servicio público de transporte de carga: volquetas, líquidos, carga liviana, refrigerados, grúas y niñeras.

La Superintendencia de Transporte quedó de fortalecer la capacidad de control del Sicetac y demás conductas que se constituyen en incumplimiento de las normas que regulan las relaciones económicas del sector transporte de carga.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo llevará al proyecto de Reforma Laboral un artículo especial para el sector transportador, que recoja las necesidades planteadas por los representantes de los conductores.

También se revisará y modificará la política de reposición vehicular, para garantizar la reposición uno a uno, incluyendo volquetas y vehículos de carga de dos ejes rígidos.

Por otro lado, se presentará al Congreso de la República el proyecto de Ley del Régimen Sancionatorio del sector transporte.

El Gobierno también solicitará ante las autoridades que corresponda el archivo de los procesos penales y la cancelación de las sanciones administrativas y/o contravencionales que se hayan impuesto con ocasión del ejercicio del derecho a la protesta.

Finalmente, se acordó crear una mesa de trabajo con los Ministerios de Hacienda y Minas para analizar, nuevamente, la fórmula mediante la cual se fija el precio del combustible, “garantizando la participación de los gremios que representan a las bases transportadoras”.

En este proceso de diálogo y concertación participaron de manera presencial más de 80 personas, y fueron más de 3.000 personas las que estuvieron de manera permanente conectadas y participando.

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Por amenazas del Clan del Golfo han cerrado más de tres mil puntos en la Región Caribe

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Más de 3 mil puntos de SuperGIROS en la región Caribe han tenido que cerrar por las amenazas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o ‘Clan del Golfo’.

La ofensiva se ha recrudecido después del asesinato de Fernanda Mozo, una colocadora de SuperGIROS en Bosconia, el pasado 4 de noviembre.

El ‘Clan del Golfo’ ordenó con amenazas el cierre de los puntos de SuperGIROS en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y Guajira.

De hecho, este sábado se registraron ataques en puntos de Luruaco y Barranquilla, en la calle Murillo con carrera 9B, dejando una colaboradora herida.

Sujetos armados han incursionado también contra puntos de la red de servicios en Carmen de Bolívar, lugar en el que hicieron seis disparos para obligar al cierre de varios locales comerciales.

En otros municipios de la región hombres armados que se identifican como miembros de este grupo ilegal que actualmente hace parte de la llamada mesa de negociación de la ‘Paz Total’. En estas poblaciones ordenaron con intimidación y amenazas el cierre de los locales.

Se calcula que tres mil locales de la red de la empresa que presta servicios de giros y pago de servicios públicos y que opera como corresponsal bancario en los municipios más apartados de Colombia cerraron sus puertas ante la falta de garantías para operar .

«Llegan en grupos de dos o tres y dan la orden de cierre dejando ver armas de fuego», sostienen las colaboradoras que minutos después cierran los locales.

En el Golfo de Morrosquillo, en Sucre, por ejemplo, la red está paralizada dejando sin actividad a miles de personas que dependen de su labor en este sector de la economía.

La Defensoría del Pueblo se manifestó a través de su cuenta de X rechazando las acciones de los grupos armados, sobre todo contra las mujeres, que son en su mayoría las colocadoras de la empresa .

No obstante, SuperGIROS indicó que pese al apoyo de las autoridades de Policía y Ejército la acción de estos grupos al margen de la ley se ha incrementado en las últimas horas poniendo en riesgo la vida de miles de personas que trabajan en los puntos de SuperGIROS en esta región del país.

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El excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quedó en libertad condicional

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Musa Besaile, excongresista del Partido de la U condenado por parapolítica y el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, recibió libertad condicional y salió de su centro de reclusión. Estaba condenado a más de seis años de prisión.

Una decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le dio la libertad condicional al exsenador, quien estaba recluido en el Centro de Ejecución Militar del batallón de la capital de Córdoba.

Besaile había sido condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y peculado por apropiación. El parlamentario estuvo implicado en redes de corrupción en donde hizo uso de su poder para obtener algunos beneficios.

Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de tres quintas partes de la condena, así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba en delicado estado de salud.

Inicialmente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había condenado al exsenador a 6 años y 20 días de prisión, además de imponerle una multa por un valor de $415.268.652 y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 83 meses; sin embargo, en el mes de mayo de 2023 el mismo tribunal le sumó 7 años de prisión por alianzas con grupos paramilitares.

Además, en febrero, Besaile había recibido una sentencia de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias en el proceso Fonade, pues de acuerdo con el alto tribunal el excongresista, junto al Ñoño Elías, efectuaron “actividades burocráticas y de intermediación legal” en los asuntos contractuales de la entidad.

Debido a estas sentencias, las condenas de Besaile sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión, y se permitió que accediera a la libertad condicional por el cumplimiento de una parte de la pena.

Otro de los motivos que favoreció esta medida es que el excongresista no es solicitado por ninguna otra entidad, esto lo confirmó el Inpec, la autoridad carcelaria del país, y el Ejército, en una de cuyas sedes estaba recluido Besaile.

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Hombres que intentaron quemar vivos a 15 policías en un CAI fueron condenados a 18 y 20 años de prisión

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Dos sujetos fueron judicializados este viernes, 22 de noviembres, por el atentado realizado contra el CAI de La Aurora en Usme, Bogotá, en donde le prendieron fuego a una estructura en donde se encontraban 15 uniformados de la Policía que resultaron casi calcinados luego del ataque.

En medio de lo que fue catalogado como el estallido social, en la noche del pasado 4 de mayo de 2021 una multitud atacó con palos, piedras y bombas incendiarias al CAI que está ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, en Bogotá.

En esta estructura estaban refugiados 15 uniformados, quienes cumplían turno en su momento. El ataque fue más allá cuando, según la narración del juez quinto especializado de Bogotá, dos sujetos lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de uno de los vidrios blindados, los cuales ya estaban debilitados gracias a los golpes.

Estos hombres son Kevin Hernández y Edwin Murcia, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.

“El juzgado emitirá sentencia de condena contra Kevin Hernández y Edwin Murcia únicamente por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público (…) Adicionalmente, se emitirá sentencia de condena en contra de Edwin Murcia por el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligros”, fue la declaración en la audiencia del juez quinto especializado de la capital.

Ante los hechos, el togado los sentenció a 18 y 20 años de prisión respectivamente, pues en el caso de Murcia se encontraron dos artefactos explosivos en su residencia y los cuales tienen relación con las sustancias que en aquella noche le arrojaron a los policías.

La sentencia fue basada en pruebas contundentes en donde se destacan varios videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron claves para identificar a los responsables del hecho. También se desestimaron las pruebas presentadas por la defensa de estos hombres, las cuales fueron calificadas como contradictorias e inconsistentes.

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