La Fiscalía solicitó este jueves una pena de doce años de prisión y diez de inhabilitación profesional para el médico de cabecera de Diego Armando Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque, acusado del delito de homicidio simple con dolo eventual, al tiempo que solicitó penas de cuatro a diez años para otros cinco imputados y la absolución del séptimo.

También por el delito de homicidio con dolo eventual los fiscales solicitaron una pena de diez años de prisión y otros diez de inhabilitación profesional para la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de medicina privada Swiss Medical Nancy Forlini, y ocho años de prisión con diez de inhabilitación para la psiquiatra Agustina Cosachov.

Para el psicólogo Carlos Díaz el requerimiento fue de cinco años de prisión y diez de inhabilitación, mientras que para el jefe de enfermeros Mariano Perroni y para el enfermero Ricardo Almirón pidió cuatro de prisión y ocho años de inhabilitación, los tres acusados del delito de homicidio culposo.

A diferencia del homicidio culposo, el homicidio con dolo eventual contempla que la persona era consciente de que sus actos podían conducir a la muerte y decide asumir el riesgo.

Los fiscales pidieron, a su vez, la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, quien solo visitó a Maradona en una oportunidad y quien consideraron “no ha tenido potestad ni decisión para encaminar la salud del paciente”.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba un tratamiento domiciliario en el que los seis acusados por la Fiscalía este jueves “infringieron los deberes a su cargo, ejecutaron acciones contrarias al arte de curar, omitieron todos los actos que debieron ejecutar y colocaron a Maradona en una situación de desamparo, librándolo a su suerte”, según consideró el fiscal Patricio Ferrari.

En sus alegatos de cierre, los fiscales describieron el tratamiento como “anárquico, con dos jefaturas y con dos canales independientes de información y una misma característica común, la desorganización absoluta”, apuntando así contra Luque, como médico personal de Maradona, por un lado, y contra Forlini, en tanto coordinadora de Swiss Medical, por el otro.

El juicio comenzó el pasado 14 de abril ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Número 7 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, contó con 45 audiencias dedicadas a la producción de prueba, 75 testimonios y la exposición de un centenar de mensajes extraídos de los teléfonos de los acusados.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el diputado Flávio Bolsonaro fueron los dos candidatos más votados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Ambos candidatos se enfrentarán nuevamente el próximo 25 de octubre para definir quién gobernará el país.

Bolsonaro llevó una votación de 37.566.895 mientras que el actual mandatario obtuvo 32.007.853 votos.

El resultado prolonga la disputa entre el progresismo y la derecha bolsonarista, en una campaña marcada por fuertes diferencias sobre democracia, economía, seguridad, soberanía nacional y la relación con Estados Unidos.

Lula encabezó una multitudinaria caminata por la Avenida Paulista, acompañado por dirigentes de su Partido de los Trabajadores y candidatos aliados. Ante sus seguidores, presentó la elección como una disputa entre la defensa de la democracia y lo que calificó como “barbarie y corrupción”.

Flávio Bolsonaro, por su parte, encabezó una caravana de motocicletas en el interior de São Paulo y estuvo acompañado por el gobernador Tarcísio de Freitas. Sus simpatizantes ondearon banderas de Brasil y reclamaron la libertad de Jair Bolsonaro y de otros condenados por el asalto a las sedes de los Tres Poderes en Brasilia, en enero de 2023.

Más de 158 millones de brasileños estaban habilitados para votar en estos comicios, que además de presidente definieron la renovación del Congreso y cargos regionales.

Ahora comienza una nueva etapa de campaña en la que Lula y Flávio Bolsonaro buscarán conquistar a los votantes que respaldaron a los demás candidatos y definir una elección que vuelve a poner frente a frente a dos sectores enfrentados de la sociedad brasileña.

Christa Gail Pike, la mujer que estaba a punto de convertirse en la primera ejecutada en Tennessee en más de dos siglos, permaneció consciente durante parte del procedimiento de inyección letal y llegó a preguntar a los funcionarios si era normal lo que estaba sintiendo en uno de sus brazos.

Pike, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital durante el intento de ejecución realizado el miércoles 30 de septiembre. Sin embargo, después de la segunda administración del fármaco continuaba respirando y el procedimiento tuvo que ser detenido.

La mujer fue posteriormente trasladada a un centro médico para recibir atención. El Departamento de Corrección de Tennessee aseguró que sus funcionarios siguieron el protocolo estatal establecido.

De acuerdo con los periodistas que estuvieron presentes como testigos oficiales, Pike levantó la cabeza durante el procedimiento y preguntó a los funcionarios si la sensación que experimentaba en el brazo era normal.

Catherine Sweeney, periodista de WPLN que presenció la ejecución, relató que Pike manifestó que tenía una zona del brazo en la que sentía ardor y dolor. Otra de las periodistas presentes, Victoria Gessner, de WKRN, aseguró haber escuchado que la mujer describió la sensación como si el brazo estuviera a punto de “reventar” y señaló que una parte le palpitaba.

Pike permaneció despierta durante una parte del procedimiento y llegó a levantar la cabeza para consultar a los funcionarios por las molestias que sentía en el brazo. Posteriormente, los testigos fueron obligados a abandonar la sala mientras Pike continuaba con vida.

El episodio se extendió durante un periodo inusual. Pike continuó respirando e incluso roncando después de las dos dosis de pentobarbital, mientras las autoridades no contaban con un procedimiento específico para actuar en caso de que una segunda dosis tampoco provocara su muerte.

La situación llevó al gobernador de Tennessee, Bill Lee, a suspender las ejecuciones previstas en el estado para el resto de 2026 y a ordenar una investigación sobre lo ocurrido. Entre los procedimientos afectados está el de Gary Wayne Sutton, cuya ejecución estaba programada para el 3 de diciembre.

Casi tres décadas en el corredor de la muerte

Pike permanecía en el corredor de la muerte desde 1996, cuando fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. En ese momento tenía 18 años y Slemmer tenía 19.

Según los antecedentes del caso, Pike y su novio, que entonces tenía 17 años, llevaron a Slemmer a una zona apartada y la asesinaron. El crimen generó una amplia repercusión debido a la brutalidad del ataque y a que un símbolo asociado con el satanismo fue grabado en el cuerpo de la víctima. El novio de Pike recibió una condena de cadena perpetua.

Los abogados de Pike habían pedido que se revisara su sentencia argumentando que tenía una historia de abuso sexual, abandono y otros traumas, además de problemas de salud mental que, según ellos, no fueron diagnosticados ni tratados adecuadamente cuando ocurrió el crimen. También sostuvieron que su edad al momento del asesinato debía ser considerada dentro del análisis de la condena.

Horas antes del procedimiento, una corte federal de apelaciones había suspendido temporalmente la ejecución, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió que Tennessee continuara con la pena. Finalmente, el estado no logró llevarla a término.