*Los productos eran elaborados en un inmueble de Neiva (Huila) con insumos vencidos y otras sustancias que no contaban con registros sanitarios, y posteriormente distribuidos a diferentes ciudades del país y de Ecuador.

Actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto una vivienda en Neiva (Huila), en la que se producía de manera ilegal y sin las medidas de salubridad medicamentos y suplementos alimenticios para el
acondicionamiento deportivo.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Sijin de la Policía Metropolitana de Neiva y el Ejército Nacional, realizaron diligencias de registro y allanamiento al inmueble, y capturaron a Hilver Franco Montero y la ciudadana ecuatoriana Alba Esperanza Benavidez Rocero, quienes serían los responsables de la alteración y comercialización de los productos.

En los procedimientos fueron incautadas 39 cajas con 3.978 frascos de diferentes gramajes y marcas con sus respectivos rótulos y etiquetas de seguridad, 37 bultos de lactosa, 35 cajas con frascos de vidrio, tapones de caucho, además de tapas plásticas y metálicas.

Asimismo, se encontraron máquinas y otros elementos utilizados para la preparación de los suplementos, y facturas que relacionaban las ventas realizadas.

De acuerdo con la investigación, la pareja presuntamente elaboraba los suplementos y demás artículos con medicamentos inyectables y de consumo oral vencidos, harinas e insumos sobre los cuales no hay claridad ni análisis de sus efectos en la salud humana, y sustancias que no contaban con los registros sanitarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

Los productos eran embalados, rotulados y almacenados en precarias condiciones.

Posteriormente, ofertados por plataformas digitales, comercializados y distribuidos sin licencias sanitarias a dispensarios, droguerías y centros de rendimiento físico ubicados en Neiva (Huila), Cartagena (Bolívar), Bucaramanga (Santander), Villavicencio (Meta), Popayán (Cauca), Cereté (Córdoba), Ibagué (Tolima) y distintas ciudades de Ecuador.

*Óscar Antonio Avilés Sotelo sería el responsable de imponer multas y sanciones a las personas que generaban conflictos de convivencia o desconocían las directrices que imponía el grupo armado ilegal en la región.

Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que Óscar Antonio Avilés Sotelo, alias Caballo, uno de los señalados cabecillas de la subestructura Carlos Vásquez del ‘Clan del Golfo’, sería el responsable de ejercer control sobre el comportamiento y las actividades de los pobladores del Urabá antioqueño.

En ese sentido, presuntamente citaba a las personas que generaban problemas de convivencia en la región o incumplían las directrices que imponía el grupo armado ilegal, y les imponía multas y sanciones que incluían restricciones de movilidad o prohibiciones para desarrollar algún trabajo u oficio. Esto en medio de amenazas de muerte.

Adicionalmente, estaría involucrado en la realización de reuniones con las comunidades para informarlas sobre las acciones del ‘Clan del Golfo’ y las órdenes que impartían los cabecillas para garantizar el pago de extorsiones y facilitar el tráfico de estupefacientes.

Avilés Sotelo fue capturado en una acción conjunta con la DIJIN de la Policía Nacional en el corregimiento Caucheras, en Mutatá (Antioquia). Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de concierto para delinquir agravado.

El procesado no aceptó el cargo y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario

*El señalado agresor escapó a Estados Unidos para evadir la acción de las autoridades. Fue ubicado en California y deportado a Colombia para atender el requerimiento judicial en su contra.

Luego de valorar los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Yordy José Arocha Argote, uno de los señalados responsables del hurto y posterior asesinato del servidor del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), David Antonio Sierra Palacio, ocurrido el 5 de julio de 2023 en la Troncal del Caribe, entre Santa Marta
(Magdalena) y Riohacha (La Guajira).

Este hombre, que haría parte de una estructura delictiva dedicada al hurto de vehículos en carreteras del norte del país, presuntamente lanzó artefactos metálicos sobre la vía para que se detuviera el carro en el que se movilizaba el investigador junto a otras personas. Una vez inmovilizado el automotor, los agresores se abalanzaron sobre los ocupantes para despojarlos de sus pertenencias. En medio de un forcejeo que se generó, el servidor recibió
un disparo que le causó la muerte.

Arocha Argote escapó a Estados Unidos para evadir la acción de las autoridades. El trabajo conjunto del CTI, la Unidad de Búsqueda de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals) y la agencia Homeland Security Investigations (HSI) permitió ubicarlo y aprehenderlo en California, y coordinar su deportación a Colombia.

A su llegada al país, fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y hurto calificado agravado. Los cargos no fueron aceptados. Hasta el momento han sido judicializadas cinco personas por este caso.