*Los elementos materiales probatorios indican que el exfuncionario habría extralimitado sus funciones.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, como presunto responsable del delito de prevaricato por acción. Los hechos que se le atribuyen están relacionados con la emisión de tres actos administrativos que tendrían como propósito obstaculizar la licitación 001 de 2023, cuyo objeto era la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor de 559.000 millones de pesos.

En un primer momento, el comité evaluador recomendó adjudicar el contrato a una unión temporal que superó el proceso de calificación y cumplió con los requisitos exigidos.

En consecuencia, se programó la audiencia de adjudicación pública; sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán suscribió la Resolución 7485 mediante la cual declaró desierta la licitación argumentando la existencia de un único oferente.

Ante esta decisión, el representante de la unión temporal interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto negativamente y Leyva Durán mantuvo la decisión impugnada. Ese mismo día, expidió un nuevo acto administrativo con el que declaró la urgencia manifiesta, habilitando así la adjudicación directa del contrato de pasaportes sin proceso licitatorio.

Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la investigación, estas actuaciones pusieron en riesgo la continuidad en la elaboración de pasaportes y vulneraron el derecho de los ciudadanos a salir e ingresar libremente del país. Asimismo, pese a la posibilidad de corregir las decisiones adoptadas, el excanciller no lo hizo y ratificó su actuación.

*La víctima fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol, y posteriormente el cuerpo arrojado a un río.

Al suscribir un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el teniente del Ejército Nacional Leider Ortiz Ortiz aceptó su responsabilidad en los actos de tortura y posterior homicidio de un campesino el 7 de octubre de 2025, en una base militar de Frontino (Antioquia).

Un juez penal especializado de conocimiento avaló la negociación judicial y condenó al oficial a 20 años y 2 meses de prisión por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas las conductas agravadas.

Las actividades de policía judicial realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron conocer que la víctima, quien presentaba una discapacidad cognitiva, fue retenida en las instalaciones militares con el supuesto de que pertenecía a un grupo armado ilegal. Posteriormente, fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol.

Los tratos crueles e inhumanos se prologaron durante cinco horas. Finalmente, el hombre de 27 años murió en un baño de la guarnición, el cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río El Cerro. Tres semanas después fue ubicado por las autoridades, extraído del afluente y enviado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Por este caso fueron judicializados y actualmente cumplen medida privativa de la libertad el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.

*Jefferson Sánchez Correa sería el encargado de contactar a las víctimas, y extraerlas de sus entornos familiares y educativos para vincularlas al autodenominado frente Iván Ríos.

Actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación y denuncias recibidas de comunidades indígenas y poblaciones vulnerables de Guaviare y Vaupés, pusieron en evidencia a quien sería uno de los mayores reclutadores de menores de edad para las estructuras armadas de las disidencias de las Farc en el oriente del país. Jefferson Sánchez Correa, alias El Mono, presunto integrante del autodenominado frente Iván Ríos, es señalado de perfilar, contactar y facilitar la incorporación ilegal de niños, niñas y adolescentes al grupo armado ilegal mediante engaños, amenazas o aprovechamiento de vínculos personales desde marzo de 2022.

En ese sentido, se le atribuye ubicar a los menores de edad en los entornos educativos, identificar sus gustos, necesidades y redes de apoyo familiar; y posteriormente convencerlos de hacer parte de las disidencias con falsos ofrecimientos de remuneraciones monetarias o intimidaciones.

En el curso de las actividades de policía judicial se conoció que un adolescente que habría sido reclutado por Sánchez Correa murió el 30 de marzo de 2025, en medio de un combate registrado en Solano (Caquetá); y otro fue asesinado el 11 de agosto de 2024, en Cucurú (Vaupés) luego de irse de una zona campamentaria.

Asimismo, hay evidencia de que sería el encargado de imponer normas de comportamiento a las comunidades y fijar pagos por el supuesto incumplimiento de sus directrices, además de participar en la planeación de homicidios selectivos y desplazamientos forzados.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión, desplazamiento forzado y financiación del terrorismo; reclutamiento ilícito y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido.