*Entre los señalados están los generales retirados Mario Montoya y José Leonardo Gallego.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a ocho antiguos integrantes del Ejército y cuatro de la Policía por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la Comuna 13 de Medellín entre 2001 y 2004.

Entre los imputados se encuentran los generales retirados Mario Montoya, quien fue comandante del Ejército durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), y José Leonardo Gallego, quien además está señalado de haber participado en otros crímenes como el secuestro de la periodista Jineth Bedoya.

«Las familias han esperado demasiado para saber qué ocurrió, quiénes fueron los responsables y dónde están las personas que continúan desaparecidas», expresó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, durante una rueda de prensa celebrada en la Escombrera, el mayor vertedero de escombros de Medellín y lugar donde se han buscado restos de víctimas de desaparición forzada.

Según la investigación, los hechos comprenden 591 crímenes que dejaron 891 víctimas, entre ellas 87 personas desaparecidas. La JEP documentó homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, violencia sexual, persecuciones y detenciones arbitrarias.

La Operación Orión, considerada la mayor intervención militar urbana realizada hasta entonces en Colombia, comenzó el 16 de octubre de 2002 con el objetivo de expulsar a los milicianos de las guerrillas de las FARC y del ELN que operaban en el sector.

«La operación fue la mayor intervención militar y policial desarrollada hasta entonces en entorno urbano en Colombia», explicó el magistrado Óscar Parra, quien agregó que durante el operativo, pese a su objetivo declarado, «se produjeron capturas masivas, allanamientos, desapariciones forzadas, homicidios, torturas y desplazamientos».

Más de dos décadas después, las heridas de la Operación Orión siguen presentes en la Comuna 13, cuyos habitantes han reconstruido parte de su historia a través de expresiones culturales.

Los muros del barrio se han llenado de grafitis y murales que recuerdan a las víctimas y mantienen viva la memoria de la violencia, pero también reflejan los esfuerzos de la comunidad por mirar hacia el futuro.

Ahora, los exfuncionarios imputados tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad o rechazarla. Si aceptan los hechos y aportan verdad plena, el caso pasará al Tribunal de Paz para la imposición de sanciones propias, que incluyen restricciones efectivas de libertad.

Si no lo hacen, el proceso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación y podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.

*El procesado no quiso aceptar los cargos en su contra por concierto para delinquir agravado, terrorismo y porte de explosivos agravados.

A la cárcel deberá ser enviado en las próximas horas Cleiver Jesús Pérez Sánchez por orden de un juez de control de garantías, tras su presunta relación con los hechos ocurridos en Barranquilla y Soledad el pasado 8 de octubre, en los que se abandonaron banderas del ELN y cilindros en corredores de movilidad estratégicos del Atlántico.

El procesado no quiso aceptar los cargos en su contra por concierto para delinquir agravado, terrorismo y porte de explosivos agravados. No obstante, durante las audiencias, la Fiscalía presentó como evidencia el hallazgo de bloques de pentolita en la vivienda del capturado, ubicada en el barrio El Manantial, en Soledad.

Según el informe pericial, se trata de un explosivo de alto poder destructivo utilizado en labores de demolición y clasificado como material de uso privativo de la Fuerza Pública.

Además, el fiscal del caso expuso elementos que vincularían a Pérez Sánchez con la aparición de dos cilindros y una bandera del ELN en el puente de la Circunvalar con Murillo y en cercanías de la Terminal de Transporte.

Por medio de vídeos de cámaras de seguridad, dice el ente acusador, se puede apreciar como Cleiver ayuda a colocar los cilindros que buscaban sembrar terror en el área metropolitana.

“Los dos hombres se acercaron al vehículo y bajaron los elementos, los cuales serían claramente dos cilindros y una bandera del ELN. Claramente, constituyen materiales probatorios válidos para inferir la relación que tendría el señor Cleiver Jesús Pérez con el vehículo del que descendieron estos objetos”, declaró el juez durante la diligencia.

Recordemos que ‘Cleiver’ sería un presunto integrante de la banda Los Costeños, aunque la Fiscalía no descartó que haya tenido reuniones con cabecillas urbanos del ELN en Barranquilla

*Por presunta corrupción en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí (Antioquia).

Al resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal del circuito de Medellín, en segunda instancia, revocó la medida de aseguramiento de carácter domiciliario impuesta a Miguel Andrés Quintero Calle y ordenó su privación de la libertad en establecimiento carcelario.

El procesado fue vinculado formalmente, el pasado mes de septiembre, a una investigación por el presunto direccionamiento irregular de seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí (Antioquia), en los que se habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos.

En su momento, fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

«Habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos, de acuerdo con las evidencias obtenidas por la Fiscalía General de la Nación. Los acuerdos, celebrados entre 2019 y 2023, tenían como propósito fortalecer las capacidades del organismo de socorro, apoyar acciones de reducción del riesgo de desastres y atención de emergencias, así como desarrollar actividades de formación bomberil y suministrar kits destinados a atender la emergencia sanitaria por el Covid-19», indicó la Fiscalía en su momento.

La contratación, según el ente acusador, se realizó de manera directa sin el cumplimiento de los requisitos legales.

«Además, puso al descubierto posibles sobrecostos en los kits para la pandemia y pagos correspondientes a servicios de transporte y recargas de celulares que no fueron prestados», añadió la Fiscalía.