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Fiscalía

Descubren entramado de corrupción en contratos para la atención y alimentación de niños y mujeres gestantes

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*Siete personas, entre exfuncionarios y particulares, fueron judicializadas. Estarían involucradas en los sobrecostos detectados en las raciones que ocasionaron un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos.

Actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia un entramado de corrupción que direccionó y se apropió de la contratación destinada a la atención de la primera infancia y las mujeres gestantes de los grupos étnicos y las comunidades rurales en Riohacha y Manaure (La Guajira).

Los señalados involucrados son los exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas; y los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera.

Los hechos irregulares que se les atribuyen están relacionados con tres contratos suscritos por la seccional La Guajira del ICBF con una asociación privada entre febrero y diciembre de 2019, que tenían por objeto la atención de población vulnerable, incluyendo el componente de alimentación, con un enfoque diferencial.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Benítez Orcasita, Martínez Valdeblanques y Peñaranda Murgas, en su calidad de supervisores de los contratos, habrían aprobado actas de revisión y 12 pagos con sobrecostos a favor de la empresa contratista, representada por Barliza Rivera.

Estas actuaciones estaban sustentadas en facturas y cuentas de cobro a nombre de Pérez Romero, Mengua Rivera y Romero Pinilla, quienes fungían como proveedores de productos perecederos, carnes y verduras. Los documentos registraban incrementos inusuales en el valor de los artículos y las raciones, y presuntamente fueron utilizados por Barlisa Rivera para inflar los informes financieros ante el ICBF y solicitar el desembolso de más dinero.

De esta manera, a través del aumento en el costo del servicio de suministro de alimentación, se generó un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional La Guajira les imputó, de acuerdo con su posible participación individual, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Fiscalía

A prisión presunto implicado en el asesinato del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres

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*Este hombre habría viajado desde Boyacá hasta Casanare para identificar el lugar donde podrían ejecutar la acción delincuencial.

Como resultado de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del homicidio del exalcalde de Yopal (Casanare), Jhon Jairo Torres Torres, ocurrido el pasado 29 de septiembre, fue judicializado Eduard Daniel Martínez Pinzón.

Esta persona presuntamente viajó desde Tunja (Boyacá) para ubicar a la víctima, identificar el lugar del crimen y participar en su ejecución.

Asimismo, es señalado de trasladar en motocicleta al adolescente que disparó contra el exmandatario, en su finca ubicada zona rural de Yopal.

Las evidencias indican que el menor de edad habría descendido del vehículo y accionado un arma de fuego contra el exalcalde, quien murió posteriormente en un centro asistencial.

Durante la huida, el hoy procesado aceleró abruptamente la motocicleta y ocasionó un accidente. Él alcanzó a escapar del lugar; mientras que el joven fue retenido por la comunidad y entregado a las autoridades.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional capturaron a Martínez Pinzón en un inmueble de Tunja, en cumplimiento de una orden judicial.

Una fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de homicidio con circunstancia de mayor punibilidad. El procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por estos mismos hechos, el adolescente aceptó su responsabilidad y permanece en un centro especializado cumpliendo medida de internamiento preventivo.

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Fiscalía

Judicializados alcalde y exalcalde de Ataco, Tolima, y un contratista por presunta corrupción

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*Las obras de saneamiento básico, contratadas por más de 21.550 millones de pesos, continúan inconclusas.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al alcalde de Ataco (Tolima), Héctor Fabio Muñoz Briñez; al exalcalde del municipio, Miller Aldana Castro; y al contratista Rodolfo Fajardo Gutiérrez, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con un proyecto de saneamiento básico financiado con regalías.

A Muñoz Briñez le fue imputado el delito de peculado por apropiación en favor de terceros agravado; a Aldana Castro, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación; y a Fajardo Gutiérrez, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

Por disposición de un juez de control de garantías, los tres procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia. La Fiscalía apeló la decisión.

La actuación está relacionada con dos contratos de obra y sus interventorías, suscritos entre junio y agosto de 2022 por más de 21.550 millones de pesos, para construir 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas.

Los recursos fueron aprobados por el OCAD Paz debido a que Ataco está incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Cuatro años después, el proyecto permanece inconcluso.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Aldana Castro habría modificado las condiciones y los plazos del proceso de selección para favorecer a Fajardo Gutiérrez, cuya empresa presuntamente no cumplía los requisitos exigidos. El contratista también es señalado de intervenir en la asignación de las interventorías.

Además, se habrían autorizado pagos por actividades no ejecutadas, lo que ocasionó un posible detrimento patrimonial de 499 millones de pesos. El caso hace parte de la priorización de investigaciones por hechos de corrupción que comprometen recursos del Sistema General de Regalías. Las actividades investigativas fueron adelantadas por el Grupo de Tareas Especiales creado para identificar y judicializar este tipo de conductas.

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Fiscalía

Cae en Chocó presunto cabecilla del Clan del Golfo requerido por Estados Unidos

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*Yovannys Chaverra Vargas, alias Niño Potro, es señalado de coordinar envíos de cocaína en el Darién chocoano.

En atención a una orden de captura con fines de extradición, Yovannys Chaverra Vargas, alias Niño Potro, uno de los presuntos cabecillas de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del ‘Clan del Golfo’ fue localizado en un procedimiento realizado de manera conjunta por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, y la Policía Nacional, en vía pública de Nuquí (Chocó).

Esta persona es requerida por cargos relacionados con tráfico trasnacional de
estupefacientes por una Corte Federal del Distrito Este de Texas (Estados Unidos).

La solicitud internacional precisa que sería el encargado de coordinar la salida de cargamentos de clorhidrato de cocaína camuflados en embarcaciones artesanales y lanchas rápidas, desde las costas del Urabá y Darién Chocoano hacia países de Centroamérica. Desde allí se garantizaba la llegada a territorio estadounidense.

Adicionalmente, es señalado de hacer parte de las acciones criminales promovidas por el ‘Clan del Golfo’ para intimidar a las comunidades y facilitar el tránsito de narcóticos. Chaverra Vargas quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se surten los trámites diplomáticos y administrativos para su extradición.

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