*La entidad advirtió que los productos “Blix” y “Blix Booster” están siendo promocionados como potenciadores sexuales usando permisos sanitarios que fueron otorgados únicamente para alimentos y bebidas.

El Invima lanzó una alerta sobre la comercialización fraudulenta de los productos “Blix” y “Blix Booster”, promocionados en plataformas digitales como potenciadores sexuales masculinos y energizantes, pese a que no cuentan con autorización para ese tipo de uso en Colombia.

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Según informó la entidad, estos productos estarían utilizando de manera indebida registros sanitarios que sí existen, pero que fueron otorgados únicamente para alimentos y bebidas, no para productos relacionados con el desempeño sexual o el aumento de la libido.

De acuerdo con las labores de inspección y una denuncia recibida por la autoridad sanitaria, el producto “Blix” usa el registro sanitario RSA-0010189-2020, mientras que “Blix Booster” utiliza la notificación sanitaria NSA-002776-2017. Sin embargo, el Invima aclaró que esas autorizaciones no permiten que sean vendidos como potenciadores sexuales.

La entidad explicó que ambos productos se promocionan en internet con supuestos beneficios relacionados con energía, rendimiento íntimo y aumento del deseo sexual, lo que incumple las normas sanitarias vigentes para este tipo de productos en el país.

Por esta razón, el Invima reiteró que los productos son considerados fraudulentos y pidió a la ciudadanía no comprarlos ni consumirlos. Además, recomendó suspender su uso en caso de haberlos adquirido y reportar su comercialización ante las autoridades sanitarias.

Finalmente, la entidad aseguró que continuará adelantando acciones de inspección, vigilancia y control para evitar riesgos a la salud pública asociados con la venta de productos engañosos.

*El organismo advirtió además que la crisis sanitaria revirtió casi una década de avances en esperanza de vida global y pidió actualizar bases de datos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó una nueva estimación sobre el impacto real que dejó la pandemia de covid-19 y concluyó que el número de muertes relacionadas con la emergencia sanitaria habría sido muy superior al reportado oficialmente por los países.

Según el informe de estadísticas sanitarias globales 2026, las denominadas muertes en exceso asociadas a la pandemia alcanzaron los 22,1 millones en todo el mundo, una cifra que triplica los cerca de siete millones de fallecimientos por covid-19 notificados formalmente hasta ahora.

El organismo explicó que esto significa que, por cada muerte registrada oficialmente por coronavirus, hubo aproximadamente otras dos muertes vinculadas directa o indirectamente a la pandemia.

Hasta antes de este nuevo informe, las estimaciones manejadas por la OMS hablaban de alrededor de 15 millones de fallecimientos asociados a la crisis sanitaria. Sin embargo, el nuevo análisis amplió considerablemente ese cálculo al incorporar efectos indirectos derivados del colapso de los sistemas de salud, las interrupciones en tratamientos médicos y las consecuencias sociales y económicas que dejó la pandemia.

De acuerdo con los expertos de la organización, las cifras reflejan tanto la subnotificación de muertes causadas directamente por el virus como el impacto de factores secundarios que afectaron el acceso a servicios médicos y la atención de otras enfermedades durante la emergencia.

El año más crítico fue 2021. Según explicó en Ginebra Alain Labrique, director del Departamento de Datos de la OMS, las muertes en exceso llegaron entonces a 10,4 millones, impulsadas por la circulación de variantes más agresivas del virus, entre ellas Delta, y por la presión extrema que enfrentaron los sistemas hospitalarios.

El informe también muestra cómo la pandemia alteró las tendencias globales de mortalidad. En 2020, las muertes mundiales fueron 6,2 % superiores a las esperadas en un escenario sin pandemia. En 2021 el incremento alcanzó el 17,9 %, el punto más alto registrado durante la crisis sanitaria.

La OMS señaló además que los hombres y las personas mayores concentraron una proporción más alta de los fallecimientos ocurridos durante ese periodo.

Uno de los efectos más significativos identificados por el organismo fue el retroceso en los indicadores de esperanza de vida a nivel mundial. “Vemos que la pandemia revirtió casi una década de avances mundiales en la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable”, afirmó Labrique durante la presentación del informe.

Entre 2019 y 2021, la esperanza de vida global cayó de 73 a 71 años, mientras que la esperanza de vida saludable descendió de 63 a 61 años.

Aunque posteriormente comenzó un proceso de recuperación, la OMS advirtió que este no ha sido homogéneo.

La Superintendencia Nacional de Salud
verificó el fortalecimiento de la capacidad instalada de la E.S.E.
Universitaria del Atlántico (UNA), en Barranquilla, con la puesta en
funcionamiento de 26 nuevas camas de hospitalización que buscan mejorar la oportunidad en la atención de los usuarios del departamento.

La ampliación incluye 16 camas de hospitalización para adultos y 10
destinadas a servicios de salud mental, en respuesta a la creciente demanda asistencial en la región Caribe.

De acuerdo con el informe técnico de la Dirección de Medidas Especiales
para Prestadores de Servicios de la Supersalud, este avance también está
acompañado del fortalecimiento del talento humano asistencial, mediante
un equipo multidisciplinario.

La ESE Universitaria del Atlántico es actualmente la única red pública de
mediana y alta complejidad habilitada para atender los servicios de salud
del departamento. Desde el inicio de la medida especial de intervención,
en agosto de 2025, la ocupación hospitalaria pasó del 33 % al 83 %,
evidenciando una recuperación progresiva en la capacidad operativa de la institución.

En este proceso también se han habilitado servicios como fisioterapia,
urología, cardiología y hospital día, además de la reapertura de la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI).

La Superintendencia Nacional de Salud reitera que las medidas especiales
de intervención y el seguimiento permanente a las entidades vigiladas
tienen como objetivo corregir fallas en la prestación de los servicios,
proteger el derecho a la salud y el uso de los recursos públicos del
sistema.