El informe elaborado por José Manuel Saucedo Vides, Profesional Especializado – Auditor de la Contraloría General del Magdalena, encontró diferencias en el valor del proyecto, actividades sin ejecutar, trabajos realizados por fuera del contrato, atrasos reiterados, problemas de planeación y dudas sobre las licencias. Ahora el expediente pasa a la Contraloría General de la República porque más del 92 % de los recursos son de la Nación.
Lo que comenzó como una denuncia ciudadana terminó convertido en un documento oficial que deja abiertas numerosas preguntas sobre la construcción del nuevo servicio de urgencias de la E.S.E. Hospital Departamental San Rafael de Fundación.
Y no son preguntas surgidas de rumores ni de comentarios de pasillo. Están consignadas en un Informe de Atención Inicial y Evaluación elaborado por José Manuel Saucedo Vides, Profesional Especializado – Auditor de la Contraloría General del Magdalena, después de revisar contratos, actas, facturas, informes de interventoría, documentos técnicos, modificaciones, suspensiones, prórrogas, pagos y respuestas entregadas por el propio hospital.
La conclusión fue contundente: hay situaciones que ameritan un examen fiscal más profundo.
Pero hay algo todavía más importante: la Contraloría del Magdalena determinó que el caso debe pasar a la Contraloría General de la República, porque el proyecto fue financiado principalmente con recursos nacionales.
UNA OBRA QUE TERMINÓ COSTANDO MÁS
Según el informe elaborado por José Manuel Saucedo Vides, el proyecto tuvo inicialmente un valor de $9.187.781.188, correspondientes a recursos asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Sin embargo, la propia entidad reportó posteriormente un valor final de $9.909.827.141.
La diferencia asciende a $722.045.953.
Y la Contraloría advierte que esa diferencia no quedó plenamente explicada en cuanto a su fuente, acto presupuestal y trazabilidad.
Es decir, mientras el proyecto tenía una asignación nacional claramente identificada, el costo terminó siendo superior y los auditores encontraron que todavía era necesario establecer con precisión de dónde salió esa diferencia y cómo fue incorporada al proyecto.
EL CONTRATO QUE ERA PARA CUATRO MESES TERMINÓ LLEGANDO HASTA 2026
Otro de los puntos que llama la atención está relacionado con el tiempo de ejecución.
El contrato de obra comenzó con un plazo inicial de cuatro meses, pero terminó extendiéndose hasta el año 2026.
Durante ese camino aparecieron suspensiones, reinicios, prórrogas, modificaciones, mayores cantidades de obra y actividades adicionales.
El informe identifica además una adición económica aproximada de $413.880.770,90 al contrato de obra, además de mayores costos relacionados con la interventoría.
La Contraloría advierte que estas modificaciones, por sí solas, no significan necesariamente que exista un daño patrimonial. Pero sí considera necesario establecer cuáles de esos mayores costos pudieron tener relación con deficiencias de planeación, rediseños o situaciones atribuibles a los diferentes participantes del proyecto.
MILLONES PAGADOS, PERO LA OBRA NO APARECE COMO TERMINADA AL 100 %
Aquí aparece uno de los aspectos más delicados del informe.
Con corte al 31 de julio de 2026, la documentación revisada registraba aproximadamente $6.190 millones facturados o reconocidos mediante las actas de obra y cerca de $5.343 millones transferidos netos al contratista, después de descuentos y retenciones.
La Contraloría señala que no encontró, con los documentos examinados, un pago claramente superior a la ejecución acreditada.
Pero eso no significa que todo estuviera resuelto.
Por el contrario, el informe encontró que no podía afirmarse un cumplimiento físico integral y recibido al 100 %.
Y allí aparecen cifras que merecen especial atención.
MÁS DE $183 MILLONES EN ACTIVIDADES QUE NO SE EJECUTARON
El informe de terminación identificó actividades contractuales no ejecutadas por aproximadamente $183.520.409,60.
Pero además encontró actividades ejecutadas que no habían sido incorporadas formalmente al contrato y cuyos APU no estaban aprobados, por aproximadamente $303.175.639,61.
En otras palabras, aparecen trabajos que estaban pendientes y otros que fueron ejecutados por fuera del marco contractual formal que los auditores estaban revisando.
La Contraloría no dice que esas cifras constituyan automáticamente un detrimento. Lo que dice es que son circunstancias que deben ser examinadas dentro del control fiscal.
Y eso es precisamente lo que ahora tendrá que hacer el organismo nacional.
LOS ATRASOS NO FUERON UNO NI DOS
El expediente también registra una historia de retrasos.
Hubo un procedimiento administrativo sancionatorio iniciado por un atraso de -7,21 %, que posteriormente fue archivado cuando una nueva programación mostró temporalmente un avance superior al programado.
Pero el archivo de ese procedimiento, advierte la Contraloría, no significó una declaración general de cumplimiento.
Después aparecieron nuevos atrasos.
El informe menciona porcentajes de -7,25 %, -13,55 %, -14,56 % y -5,07 %.
Y los documentos examinados no permitieron acreditar una nueva actuación sancionatoria frente a esos retrasos.
Hasta los documentos del procedimiento sancionatorio tienen un problema: la Contraloría encontró una inconsistencia cronológica en el Auto No. 001, cuya fecha aparece anterior al oficio utilizado como fundamento.
¿QUIÉN ESTABA REALMENTE SUPERVISANDO?
Otro asunto que quedó sobre la mesa es el de la supervisión.
La interventoría dejó constancia de advertencias relacionadas con atrasos, insuficiencia de personal, incumplimiento de planes de contingencia y deficiencias técnicas.
Pero mientras la E.S.E. señaló a la Secretaría de Infraestructura Departamental como responsable de la supervisión, los documentos contractuales identificaban a la Gerencia de la E.S.E. como supervisora y al Departamento como apoyo.
Para los auditores, esa diferencia debe ser aclarada.
Porque en una obra de casi $10.000 millones, saber quién tenía formalmente la responsabilidad de vigilar al contratista no es un detalle menor.
Y APARECE OTRO PROBLEMA: LAS LICENCIAS
El informe también encontró una situación relacionada con la licencia de construcción.
La obra inició el 6 de octubre de 2023, mientras que la licencia inicial aparece expedida mediante Resolución No. 174 del 13 de diciembre de 2023.
Por eso, la Contraloría considera necesario verificar qué actividades físicas fueron ejecutadas antes de la expedición de la licencia.
Pero hay más.
La vigencia ordinaria de esa licencia llegaba aproximadamente hasta diciembre de 2025 y, según el informe, no se aportó una prórroga que cubriera la ejecución durante 2026.
Tampoco quedaron acreditadas las autorizaciones urbanísticas correspondientes a los rediseños ni las certificaciones técnicas y sanitarias finales necesarias para poner en funcionamiento el nuevo servicio.
EL PROBLEMA NO TERMINÓ CON LA CONSTRUCCIÓN
La revisión tampoco encontró una cadena contractual completamente reconstruida.
La relación entregada inicialmente por la E.S.E. no resultó integral. Los documentos permitieron identificar, además del contrato principal y las interventorías, antecedentes relacionados con estudios y diseños, una contratación posterior para reorganización de diseños y un convenio con el Departamento del Magdalena para apoyar la supervisión.
Para la Contraloría, esto obliga a reconstruir la historia completa del proyecto: desde la planeación y los diseños hasta la ejecución, las modificaciones y el control ejercido sobre el contratista.
Porque cuando una obra pública pasa de cuatro meses a extenderse durante años, aumenta su valor, cambia sus diseños, acumula suspensiones, presenta atrasos y termina con actividades pendientes y otras ejecutadas por fuera del contrato, la explicación no puede limitarse a decir que hubo inconvenientes durante la ejecución.
Hay que establecer quién tomó las decisiones, por qué se tomaron y cuánto le costaron al patrimonio público.
AHORA EL EXPEDIENTE CAMBIA DE MANOS
La Contraloría General del Magdalena dejó algo muy claro en su informe: no está archivando la denuncia ni descartando los hechos.
Por el contrario, concluyó que existen situaciones que ameritan profundización mediante un ejercicio de control fiscal.
Lo que sucede es que determinó que la competencia prevalente corresponde a la Contraloría General de la República, debido a que los recursos nacionales asignados al proyecto ascienden a $9.187.781.188.
Incluso tomando como referencia el valor final reportado de $9.909.827.141, esos recursos representan aproximadamente el 92,71 % del proyecto.
Por esa razón, el expediente, junto con la documentación, respuestas y soportes recopilados durante la evaluación inicial, debe ser trasladado al organismo nacional.
CASI $10.000 MILLONES Y TODAVÍA HAY DEMASIADAS CUENTAS POR ACLARAR
La historia de esta obra deja por ahora una conclusión incómoda.
El nuevo servicio de urgencias del Hospital San Rafael de Fundación involucró recursos nacionales por más de $9.187 millones, terminó con un valor reportado superior a los $9.909 millones, tuvo una ejecución que se prolongó desde un contrato inicialmente previsto para cuatro meses hasta 2026, acumuló modificaciones y adiciones, registró múltiples atrasos y dejó documentadas actividades pendientes y otras ejecutadas sin incorporación formal al contrato.
Y mientras tanto, la Contraloría General del Magdalena decidió que ya no le corresponde continuar con el control fiscal de fondo, sino trasladar el expediente a la Contraloría General de la República.
Ahora será el organismo nacional el que tendrá que determinar si detrás de todas esas inconsistencias existen responsabilidades fiscales, administrativas o de otra naturaleza.
Porque una cosa es que una obra pública tenga dificultades.
Otra muy distinta es que después de gastar miles de millones de pesos todavía haya que reconstruir cómo se planeó, cómo se contrató, por qué se modificó tantas veces, qué se ejecutó realmente, qué quedó pendiente, qué se hizo por fuera del contrato y quién tenía la obligación de vigilar todo ese proceso.
Y eso, esta vez, ya no lo está diciendo solamente el denunciante.
Lo dejó escrito José Manuel Saucedo Vides, Profesional Especializado – Auditor de la Contraloría General del Magdalena, en un informe oficial de 11 páginas que ahora acompaña el traslado del caso a la Contraloría General de la República.
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